Los fiscales quieren mayor comunicaci¨®n con la sociedad
El conocimiento de la misi¨®n y funciones del ministerio fiscal por parte de la sociedad espa?ola es uno de los fines principales que contemplan los estatutos de la nueva asociaci¨®n profesional que han puesto en pie un grupo de fiscales procedentes de toda Espa?a, y que se han reunido el pasado fin de semana en Sig¨¹enza (Guadalajara). A lo largo de las reuniones tambi¨¦n se abord¨® el estudio del estatuto del ministerio fiscal enviado por el Gobierno a las Cortes, el cual mereci¨® una dura cr¨ªtica por parte de los reunidos.
Durante las tres jornadas -de viernes a domingo- que dur¨® la reuni¨®n, a la que asistieron unos cincuenta fiscales, han trabajado tres comisiones distintas, que elaboraron sendos documentos con las correspondientes conclusiones. Estas conclusiones ser¨¢n enviadas al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado, al presidente del Congreso de los Diputados y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.La primera de las comisiones present¨® a la asamblea de fiscales las bases y estatutos de la nueva asociaci¨®n profesional, que fueron aprobados mayoritariamente. Los estatutos de la asociaci¨®n proyectada rompen con toda idea de jerarqu¨ªa dentro del ¨¢mbito asociativo y propugnan una mayor comunicaci¨®n del ministerio fiscal con los diversos sectores sociales.
La segunda comisi¨®n redact¨® un documento donde se reflejan las aspiraciones mayoritarias de la carrera fiscal, y cuyo resultado global ha sido una cr¨ªtica al proyecto del estatuto del ministerio fiscal elaborado por el Gobierno. En este sentido, los fiscales hicieron hincapi¨¦ en que el ministerio fiscal debe estar integrado en el poder judicial como ?magistratura espec¨ªfica? y en que su organizaci¨®n debe acabar en su propia estructura org¨¢nica, sin ninguna prolongaci¨®n fuera de la misma.
Finalmente, la tercera comisi¨®n analiz¨® algunas disposiciones procesales ya en vigor o en proyecto, as¨ª como la ley org¨¢nica del Poder Judicial en lo que se refiere a la transferencia de las funciones instructoras del proceso penal al ministerio fiscal.
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