Empresarios y t¨¦cnicos solicitan con urgencia una ley del transporte p¨²blico

Una ley que regule el transporte urbano de superficie y un reglamento que la desarrolle, junto a la elevaci¨®n de las tarifas en tal cantidad que permita cubrir los gastos de explotaci¨®n del transporte, son las dos principales conclusiones aprobadas en la III Semana T¨¦cnica sobre Transportes Urbanos, celebrada del 1 al 6 de junio pasado en Alicante.

ENVIADO ESPECIAL, Por lo dem¨¢s, las jornadas, a las que asistieron doscientos congresistas de toda Espa?a, supusieron un profundo enfrentamiento entre las concepciones de empresa privada y empresa p¨²blica (o municipal) en la gesti¨®n del transporte en las ciudades.Tras los cinco d¨ªas de intenso estudio, el resultado es que las posturas son irreconciliables y que existe una guerra evidente en el sentido de irse arrebatando mutuamente la mayor cantidad de l¨ªneas y trayectos de transporte urbano posible. A lo largo de las jornadas estuvo latente la reciente absorci¨®n (extinci¨®n de contratos o municipalizaci¨®n, ll¨¢mese como se quiera, pues el asunto est¨¢ a¨²n sub j¨²dice) de las l¨ªneas perif¨¦ricas madrile?as y las no tan recientes de otras ciudades espa?olas, como es el caso de Gij¨®n.

A la semana t¨¦cnica, organizada por la Asociaci¨®n de Ingenieros Municipales y Provinciales de Espa?a (AIMPE), con la colaboraci¨®n de la Asociaci¨®n Nacional de Transportes Urbanos Colectivos de Superficie, asistieron los representantes del transporte p¨²blico de los principales ayuntamientos espa?oles y los empresarios y gerentes de empresas privadas que tienen concedidas la gesti¨®n del transporte. Entre los asistentes se hallaron el presidente del Consejo de Intervenci¨®n del Metro, de Madrid, Juan Torres; el delegado de Circulaci¨®n y Transportes del mismo ayuntamiento, Jos¨¦ Carlos Garc¨ªa Hern¨¢ndez, y el director de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) madrile?a, Jos¨¦ Luis Montemayor, as¨ª como destacados representantes de las extinguidas l¨ªneas perif¨¦ricas.

Las conclusiones

Tras las intervenciones de ocho conferenciantes, que estuvieron seguidas de largos e intensos coloquios, se aprobaron once conclusiones, que ser¨¢n elevadas tanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como a los ayuntamientos y entidades responsables del transporte urbano, si bien no tienen ning¨²n car¨¢cter vinculante.La principal de ellas es la necesidad urgente de una ley que regule el transporte urbano de superficie, junto con un reglamento que lo desarrolle. En dicha ley deber¨ªa recogerse la figura de una autoridad ¨²nica. En cuanto a los gastos de explotaci¨®n que genere el transporte, la propuesta es que sean cubiertos por las tarifas, lo que llevar¨ªa a una elevaci¨®n notable de las mismas, y, en su caso, por los beneficiarios indirectos del transporte. En este ¨²ltimo apartado se lee igualmente que los incrementos de costo por cuestiones sociales (reducciones a la tercera edad, por ejemplo) deben ser cubiertos de forma extratarifaria por los entes que los implanten.

Conclusi¨®n importante es igualmente que las obras de infraestructura necesarias para el transporte deben de ser cubiertas por el Estado, los entes auton¨®micos y los entes locales.

En el campo laboral se recoce la necesidad de un acuerdo-marco nacional dentro del Estatuto de los trabajadores para todas las empresas de transporte.

En cuanto a las empresas p¨²blicas, se propone una mayor tecnificaci¨®n de los ayuntamientos en la materia. Se propone tambi¨¦n incrementar la competitividad del transporte p¨²blico frente al transporte privado, con soluciones integrales y restricciones al coche particular, as¨ª como la creaci¨®n de tasas por estacionamiento. Queda recogido tambi¨¦n entre las conclusiones el compromiso que las empresas de transporte p¨²blico han de renovar sus flotas, para lo cual es imprescindible la creaci¨®n de una v¨ªa prioritaria de financiaci¨®n. Se aboga porque las empresas que gestionen el transporte p¨²blico tengan un equilibrio econ¨®mico financiero y, Finalmente, se solicita que llegue a los usuarios una informaci¨®n objetiva y transparente sobre las empresas.

Pol¨¦mica entre empresas privadas y empresas p¨²blicas

Los conferenciantes fueron Juan Torres, presidente del Metro, de Madrid; Juan Claudio de Ram¨®n, delegado de Obras del Ayuntamiento de Madrid y miembro del consejo de la EMT madrile?a; Gonzalo Alvarez Arrojo, presidente de la Asociaci¨®n de Transportes Urbanos Colectivos; Gregorio Juncos, presidente de la Federaci¨®n Nacional de Transportes de Viajeros; Rafael Fern¨¢ndez Alarc¨®n, ingeniero de Caminos del Ayuntamiento de Zaragoza; Francisco Iglesias, director de marketing, de ENASA; Antonio Espinosa, consejero de Transportes del Pa¨ªs Valenciano, y los periodistas Manuel Marlasca, de Pueblo, e Ismael Fuente, de EL PAIS.Los principales puntos en los que convergieron casi todas las intervenciones fueron los relativos a qui¨¦n debe de financiar el transporte, si se deben de primar los precios pol¨ªticos, si las empresas del transporte deben de ser p¨²blicas o privadas, qu¨¦ medidas deben de tomarse para restringir el uso del autom¨®vil particular en las ciudades y qu¨¦ medidas deben de adoptarse para conseguir una mayor calidad en el transporte.

El eje de las jornadas fue, en cualquier caso, la pol¨¦mica entre la empresa privada y la empresa p¨²blica. Numerosas intervenciones de uno y otro signo dieron argumentos m¨¢s que razonables para la existencia de los dos tipos de empresas, sin que al final se pronunciaran los congresistas en las conclusiones. Pareci¨® prosperar la tesis de que la coexistencia entre ambos tipos de empresas ser¨ªa posible si las posiciones no fuesen tan maximalistas, y que las dos pueden integrar el consorcio del transporte que prev¨¦ la futura ley del Transporte en las ¨¢reas urbanas.

En cuanto a qui¨¦n debe de pagar el transporte, los representantes del sector del transporte p¨²blico espa?ol alcanzaron el mayor nivel de acuerdo, al concluir en que debe ser el usuario a trav¨¦s de tarifas autosuficientes (es decir, mucho m¨¢s elevadas) quien sufre en su totalidad los gastos derivados del transporte. A este respecto, se acord¨® igualmente que los precios que paga el usuario espa?ol por las tarifas de los transportes p¨²blicos son muy bajos: aproximadamente una familia espa?ola gasta entre el 9% y el 10% en transporte, mientras que la media europea se sit¨²a entre el 15% y el 18%, es decir, pr¨¢cticamente el doble.

Tanto los empresarios privados como los p¨²blicos consideran en su mayor¨ªa que este tope del 10% puede incrementarse, aunque ello repercutiera socialmente en las clases menos pudientes, siempre que a cambio se ofreciese una verdadera calidad en el transporte.