El PSOE investigar¨¢ la gesti¨®n de las organizaciones de consumidores que reciben subvenci¨®n estatal

La secretar¨ªa federal de pol¨ªtica sectorial del PSOE ha decidido tomar cartas en la crisis interna de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), ante la impugnaci¨®n que varios miembros dimitidos de la junta de Madrid han realizado a las elecciones convocadas para el pr¨®ximo martes, con el fin de constituir su junta nacional. El PSOE insta al Ministerio del Interior para que antes resuelva el escrito de los denunciantes, quienes consideran que esta convocatoria no cumple lo estatutariamente establecido. Anuncian los socialistas que su grupo parlamentario solicitar¨¢ en el Congreso la comparecencia de los responsables administrativos de la pol¨ªtica del consumo y la presencia de los dirigentes de aquellas organizaciones de consumidores que hayan recibido fondos p¨²blicos.

Seg¨²n los denunciantes, los acontecimientos arrancan en la asamblea ordinaria celebrada por la OCU-Madrid el pasado 17 de abril. El presidente de la OCU nacional, Antonio Garc¨ªa de Pablos, present¨® la candidatura para presidente de la primera de Carlos S¨¢nchez Reyes (vicepresidente no elegido de la nacional) cuando no estaba prevista elecci¨®n alguna. Tras varios enfrentamientos verbales, los miembros de la junta directiva provincial presentaron su dimisi¨®n. No fue aceptada, y se acord¨® convocar otra sesi¨®n extraordinaria a tal fin.

Esta asamblea se celebr¨® el 22 de mayo. El presidente nacional reiter¨® la candidatura del se?or S¨¢nchez Reyes, mediante propaganda enviada a los socios. El escrutinio le dio ganador a ¨¦ste frente al otro candidato, Ram¨®n Valdivieso (vicepresidente de la OCU-Madrid), por un margen de 65 votos a 44. Un grupo de socios present¨® cuatro impugnaciones a la elecci¨®n -todav¨ªa no resuelta- por considerar que hubo en ella un buen n¨²mero de irregularidades.

Seg¨²n la denuncia presentada ante el Ministerio del Interior, S¨¢nchez Reyes ?ces¨® a los miembros de la junta directiva provincial que no estaban de acuerdo con lo que consideraban ins¨®litas maniobras por parte de la supuesta junta de la OCU nacional?. Estos miembros cesados hab¨ªan sido elegidos por un mandato de tres a?os, que no expiraba hasta octubre de 1981. Asimismo, ?por acuerdo de una supuesta junta provincial, el se?or S¨¢nchez Reyes?, dice el escrito, ?acord¨® clausurar la sede social de la OCU-Madri, de la calle del Almirante, 16, llegando al extremo de cambiar la. cerradura para que nadie pudiese tener acceso al local?.

Consideran sorprendente los denunciantes que la OCU nacional ?tome todas estas decisiones a trav¨¦s de su portavoz, se?or S¨¢nchez Reyes. si se tiene en cuenta que su mandato como junta ha finalizado hace cuatro a?os y medio ?. Se rese?a igualmente en el escrito la irregularidad de la convocatoria realizada por la OCU nacional para una asamblea general el d¨ªa 1 de julio, ?en la que se pretende elegir los cargos de presidente y miembros de la Junta directiva, elecci¨®n que no se realizar¨¢ en un acto ¨²nico, sino mediante voto por correo o acudiendo a votar al domicilio de la OCU separadamente, todo lo que, a nuestro juicio, contraviene las garant¨ªas y funcionamiento habitual de dicha asociaci¨®n?.

Los denunciantes apuntan adem¨¢s la irregularidad de que en la candidatura copen los cargos importantes amigos personales del se?or Garc¨ªa de Pablos (su hijo est¨¢ propuesto como tesorero) y que varios empleados de la propia OCU nacional est¨¦n propuestos para vocales: a su juicio ¨¦sta circunstancia limita mucho la capacidad de autocr¨ªtica en el seno de la junta.

Enterado el PSOE de estas anomal¨ªas, solicita del Ministerio del Interior que resuelva el contencioso antes del 1 de julio, disponiendo que la elecci¨®n de junta directiva es competencia exclusiva, seg¨²n los estatutos, de la asamblea general extraordinaria de dicha Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios, y que debe ser anulado, en consecuencia, el intento de elecci¨®n de junta directiva por v¨ªa postal.

Incumplimiento de los estatutos

Los estatutos por los que se rige la OCU fueron aprobados por la asamblea constituyente el 30 de julio de 1975, pero han sido incumplidos por sus dirigentes de forma reiterada.

Desde entonces, no se ha celebrado nunca asamblea ordinaria o extraordinaria de socios a nivel nacional, ni siquiera la prevista para noviembre de aquel mismo a?o en la disposici¨®n transitoria primera de los propios estatutos. En esa asamblea quedar¨ªa elegida la junta directiva nacional, fundacionalmente provisional, cuyo mandato (art¨ªculo 20) ?ser¨ªa por tres a?os, pudiendo ser reelegidos indefinidamente?.

Por tanto , en la aplicaci¨®n estricta de esos estatutos, parece clara la ilegalidad de la actual junta nacional de la OCU.

Pero en relaci¨®n a este tema, esos estatutos, en su art¨ªculo 16, dicen a¨²n m¨¢s: ?La asamblea general deber¨¢ ser convocada al menos en sesi¨®n ordinaria una vez al a?o, dentro del primer trimestre, para aprobaci¨®n de cuentas y presupuestos, y en sesi¨®n extraordinaria, cuantas Veces lo acuerde la junta directiva o lo solicite la tercera parte de los socios activos o numerarios?. Como no se ha celebrado desde su constituci¨®n asamblea alguna, ello quiere decir que nunca se han rendido legalmente las cuentas de la OCU mediante la oportuna presentaci¨®n del balance de cada ejercicio y su consiguiente aprobaci¨®n.

En los m¨²ltiples escritos enviados por la OCU nacional a los medios de difusi¨®n (dando cuenta sobre sus actividades) se han reiterado los anuncios y las convocatorias sobre la celebraci¨®n de una asamblea general. pero ¨¦sta no ha llegado a celebrarse. Los directivos no han dado explicaciones convincentes de esta irregularidad a los socios que las han solicitado.

Unas cuentas poco claras

A primeros del pasado mes de marzo, la OCU, hizo p¨²blico a los medios informativos un avance de las cuentas correspondientes al ejercicio de 1979, asegurando -una vez m¨¢s- que estar¨ªa cerrado definitivamente y a disposici¨®n de los socios en la asamblea nacional que hab¨ªa convocada, para el pasado 27,de abril.

Se honraba entonces la OCU de haber intercedido ante los grupos parlamentarios y el Gobierno para que se: aprobara una dotaci¨®n presupuestaria de casi cuarenta millones de pesetas para 1978, en concepto de subvenciones a las distintas asociaciones de consumidores y amas de casa, que ser¨ªa elevado a 42 millones en 1979, y que llegar¨ªa -gracias tambi¨¦n a sus gestiones- a m¨¢s de 65 millones para este a?o.

Hizo notar entonces la OC U que esta cifra sustancialmente elevada para 1980 representa una dotaci¨®n con fondos p¨²blicos de 1,76 pesetas por espa?ol y a?o, que se entrega a las asociaciones para la defensa de los intereses del consumidor en nuestro pa¨ªs.

La OCU hizo p¨²blicas tambi¨¦n las subvenciones que ha recibido desde su fundaci¨®n, con fondos del Gobierno, para realizar su trabajo: ?En los a?os 1975 y 1 976, ni un solo c¨¦ntimo; en 1977, 1.300.000 pesetas, destinadas a financiar los gastos de las primeras jornadas del derecho del consumo, que excedieron considerablemente esa suma?.

Desequilibrio entre los cap¨ªtulos de gastos e ingresos

?En 1978, la OCU?; dec¨ªa nota entregada a la Prensa, ?recibi¨® 11.434.000 pesetas. En el ejercicio de 1979, los gastos de la OCU han alcanzado la cifra de 16.375.969 pesetas?. El detalle de este ¨²ltimo balance fue explicado seg¨²n el cuadro adjunto a esta informaci¨®n, pero no se hizo lo propio con el de 1978. E incluso en el de 1979 (poco detallado) se reflejaba un ostensible desequilibrio entre los cap¨ªtulos de gastos e ingresos, que arrojaban un saldo favorable superior a los dieciocho millones de pesetas, cuando los dirigentes de la OCU hablaban de unos cuatro millones de p¨¦rdidas.

Este extremo, destacado -entre otros medios informativos- por la revista Nueva Empresa, obtuvo la r¨¢pida respuesta del presidente nacional de la OCU, Antonio Garc¨ªa de Pablos. Aseguraba el presidente que el comentarista hab¨ªa incurrido en un error al considerar que los ingresos por cuotas de socios (35.000 seg¨²n la propia OCU) deb¨ªan ser computados entre los ingresos de la organizaci¨®n. ?Ese c¨¢lculo es err¨®neo?, dec¨ªa la r¨¦plica, ? pues la cotizaci¨®n de los socios de la OCU no se destina a financiar ¨²nicamente las actividades de la organizaci¨®n a nivel nacional, sino que se destina a gastos propios no incluidos en los 16.375.969 pesetas a que asciende el total de lo recibido en 1979 por la junta nacional?. ?En el actual estado de organizaci¨®n de la entidad?, segu¨ªa, ?las cuotas de los socios quedan en el ¨¢mbito regional, provincial y local y s¨®lo en muy peque?a medida, es decir, 3.941.969 pesetas, han tenido entrada en la Caja Nacional?.

Estas explicaciones -tambi¨¦n por poco argumentadas- no convencieron en su d¨ªa a amplios sectores de socios. Incluso, los dimitidos dirigentes de la junta madrile?a aseguraban en un escrito hecho p¨²blico el pasado 20 de mayo que ?desde el abandono de la presidencia de Madrid, por parte del se?or Salmer¨®n, la mencionada junta nacional dej¨® de girar los fondos que, como distribuci¨®n de la subvenci¨®n recibida del Ministerio de Comercio para toda la OCU, correspond¨ªan a OCU-Madrid?.

Estos directivos ponen a¨²n mucho m¨¢s en duda las cifras facilitadas por la OCU nacional, especialmente las referidas al n¨²mero de socios y gastos de personal.

Con motivo de la solitc1tud de ingreso (mayo de 1978) en la uni¨®n Internacional de Organizaciones de Consumidores, la OCU declaraba tener de 10.000 a 15.000 socios, entre numerarios y adheridos. Tras las ¨²ltimas acciones legales contra Telef¨®nica, se recibieron en la OCU muchas cartas de adhesi¨®n. y solicitudes de nuevos socios, que ahora se elevan a 35.000 entre numerarios y adheridos, seg¨²n la propia organizaci¨®n. Los numerarios -unos 17.000- pagan una cuota de entrada voluntaria y una cantidad al mes (tambi¨¦n voluntaria) superior a las cien pesetas. Los socios adheridos pertenecen solamente a alguna de las agrupaciones de la OCU y pagan al a?o cien pesetas.

Uno de los directivos dimitidos asegura por su parte que en febrero de 1980 el n¨²mero de socios de la OCU a nivel nacional no superaba los quinientos y que en la agrupaci¨®n madrile?a superaban escasamente los 140, ?y si se nos quiere rebatir?, asegura, ?que ense?en los ficheros?. En su opini¨®n, la informaci¨®n que reciben los usuarios es tan escasa que su coste apenas cubre las cuotas que pagan, y las campa?as de captaci¨®n de la OCU son, en definitiva, una estrategia para aumentar listas de nombres con sus correspondientes n¨²meros de DNI, porque as¨ª insisti¨® en su d¨ªa el Instituto Nacional del Consumo, que ser¨ªa la base para distribuir las subvenciones.

?En la OCU?, aseguran, ?existen muchas irregularidades administrativas y contables?. Ya en abril de 1979, la que fuera por tres meses escasos directora general de la OCU, Marta D¨ªaz, elabor¨® un plan de medidas urgentes para el buen funcionamiento de la organizaci¨®n (el plan contaba con el apoyo de la presidencia) en el que se reconoc¨ªa la necesidad imperiosa de contratar un administrador, ?por lo menos, de media dedicaci¨®n?, y un control presupuestario, cuya falta originaba problemas con los proveedores.

Esta falta de planteamientos empresariales origina igualmente serias irregularidades administrativas en el serio de la OCU. A primeros de este a?o, cobraban regularmente de la OCU nacional, como empleados de la misma, unas diez personas, de las cuales tan s¨®lo tres estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Ylos salarios, de diversas cuant¨ªas. no est¨¢n normalizados como n¨®minas;, por tanto, tampoco se ingresa en Hacienda P¨²blica cantidad alguna en concepto de retenciones a cuenta sobre los mismos.