Los diez primeros magistrados constitucionales, fruto del consenso UCD-PSOE

Tras la superaci¨®n, en el Senado, de las dificultades surgidas en la C¨¢mara baja con la ley org¨¢nica de] Tribunal Constitucional, los dos grandes partidos dedicaron las semanas finales de 1979 y las iniciales de 1980 a trazar, primero, la imagen-robot de prestigio e independencia de los miembros del alto Tribunal y a negociar, despu¨¦s, sobre nombres y apellidos concretos. Desde el principio quedaron excluidos de la negociaci¨®n los dos magistrados que corresponde proponer al Consejo General del Poder Judicial. En cambio, tanto los oclio de propuesta parlamentaria -cuatro por cada C¨¢mara, a elegir por mayor¨ªa de tres quintos- como los dos gubernamentales se incluyeron en un solo bloque para la negociaci¨®n global de los diez magistrados.El 25 de enero, el Gobierno propuso al Rey los nombres del magistrado del Tribunal Supremo Jer¨®nimo Arozamena -Procesalista y administrativista que ha resultado elegido vicepresidente del Tribunal- y del catedr¨¢tico de Derecho administrativo Rafael G¨®mez Ferrer. Cinco d¨ªas despu¨¦s, el Congreso de los Diputados propon¨ªa otros cuatro profesores universitarios: el internacionalista Manuel D¨ªez de Velasco, el mercantilista Aurelio Men¨¦ndez, el constitucionalista Francisco Rubio Llorente y el foralista Francisco Tom¨¢s y Valiente. Ese mismo d¨ªa, el Senado propon¨ªa, a su vez, al Rey a la hacendista Gloria Begu¨¦, el civilista Luis D¨ªez Picazo, el constitucionalista Manuel Garc¨ªa Pelayo -elegido presidente por los restantes magistr¨¢dos- y el romanista Angel Latorre.

La negociaci¨®n "pol¨ªtica"

Detr¨¢s quedaban varios meses de negociaciones que redujeron las iniciales listas centrista y socialista y terminaron acoplando a lo! mutuos planteamientos los diez candidatos al Tribunal Constitucional. Tras sucesivos intentos por colocar a personalidades afines pol¨ªticamente -dentro siempre de la cualificaci¨®n legal y l¨®gica de elegir ?juristas de reconocida competencia?-, la negociaci¨®n cristaliz¨® en la propuesta de cinco candidatos propugnados por el Gobierno -Aurelio Men¨¦ndez, Jer¨®nimo Arozamena, Rafael G¨®mez Ferrer, Gloria Begu¨¦ y Luis D¨ªez Picazo-; tres por los socialistas -Manuel D¨ªez de Velasco, Angel Latorre y Francisco Tom¨¢s y Valiente-, y otros dos que, aunque de iniciativa centrista, contaban con los m¨¢ximos benepl¨¢citos de ambas partes negociadoras: Manuel Garc¨ªa Pelayo y Francisco Rubio Llorente.

Este ¨²ltimo conoc¨ªa como nadie los entresijos de la Constituci¨®n y la voluntad de las fuerzas pol¨ªticas que participaron en su elaboraci¨®n. No en vano asisti¨®, durante meses, como letrado de las Cortes, a las largas sesiones a puerta cerrada de los siete diputados ponentes constitucionales. A su cualificaci¨®n, adem¨¢s, como jurista, un¨ªa su antigua vinculaci¨®n con el sindicato socialista de la ense?anza y su moderno cargo de director del Centro de Estudios Constituciona les, dependente del ministro negociador, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca. El otro hombre de f¨¢cil consenso, Manuel Garc¨ªa Pelayo, aportaba una especial credibilidad en la voluntad pol¨ªtica renovadora de la Constituci¨®n, a trav¨¦s del ¨®rgano configurado como supremo int¨¦rprete de la misma. Profesor y combatiente republicano, voluntariamente exiliado durante el franquismo, no existieron dudas, para la oposici¨®n ni para el Gobierno, de la falta de apego de Garc¨ªa Pelayo a la situaci¨®n anterior. Ciertas reticencias hacia el proceso de elaboraci¨®n de la Constituci¨®n y el resultado final de determinados textos fueron salvadas por los negociadores centristas y socialistas teniendo en cuenta la visi¨®n estatal que Garc¨ªa Pelayo aportaba para uno de los m¨¢s complicados problemas constitucionales: la construcci¨®n de las autonom¨ªas. El refuerzo doctrinal del profesor Garcia Pelayo viene a consolidar el cuidadoso prop¨®sito por evitar introducir en el seno del Tribunal Constitucional personas que pudieran avalar interpretaciones centr¨ªfugas del proceso auton¨®mico.

La ausencia entre los diez primeros miembros del Tribunal Constitucional de ning¨²n candidato que mantenga concepciones nacionalistas ofrece garant¨ªas a los dos primeros partidos de ¨¢mbito estatal sobre un desarrollo auton¨®mico coherente con el enfoque pol¨ªtico de los principales protagonistas de la Constituci¨®n. Desde perspectivas nacionalistas o simplemente ajenas a los negociadores, se estima que la falta de visiones profundamente autonomistas en el seno del Tribunal puede favorecer interpretaciones excesivamente centr¨ªpetas de los conflictos auton¨®micos.

La criba negociadora hasta llegar a los diez nombres definitivos fue un modelo de pacto pol¨ªtico, cuyo tal¨®n de Aquiles reside precisamente en que no se ampli¨® el consenso a otras fuerzas parlamentarias coprotagonistas del proceso constitucional, ni siquiera a los comunistas. Por lo dem¨¢s, socialistas y centristas mostraron gran comprensi¨®n para los candidatos respectivos. P¨¦rez-Llorca no tuvo Inconveniente en aceptar a Angel Latorre, veterano oponente al franquismo; Peces-Barba no vet¨® al ex ministro de Su¨¢rez, Aurelio Men¨¦ndez, de quien destac¨® m¨¢s tarde su actividad positiva como ministro de Educaci¨®n, que incorpor¨® a la universidad profesores exiliados y de talante liberal y que, dijo, ?merece todos nuestros respetos personales?.

La "batalla" por la presidencia

Tan aceptable era para los socialistas la candidatura de Aurelio Men¨¦ndez como magistrado que estuvieron conformes con que en su d¨ªa fuera el presidente del Tribunal Constitucional. Esto se produc¨ªa despu¨¦s de que el presidente del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez, vetara a Antonio Hen¨¢ndez Gil, presidente de las Cortes constituyentes y candidato indiscutido durante varios meses, y antes de que los magistrados, haciendo uso de su independencia y valorando la conveniencia de no dividir en dos bloques al tribunal, optaron por dar su voto un¨¢nime a Garc¨ªa Pelayo, quien hab¨ªa acreditado sus cualidades para el cargo durante las reuniones previas celebradas por los miembros del tribunal y dirigidas por ¨¦l como presidente de edad.

El decaimiento de la candidatura de Hern¨¢ndez Gil ofrece aspectos parad¨®jicos, por tratarse, en una negociaci¨®n en la que se buscaba el consenso, de un hombre sobre el que conflu¨ªa el acuerdo de las principales fuerzas parlamentarias. P¨¦rez-Llorca y Peces-Barba lo estimaron durante mucho tiempo seguro presidente, y tambi¨¦n los comunistas estaban de acuerdo con la candidatura, al tiempo que, por Coalici¨®n Democr¨¢tica, Manuel Fraga aceptaba con entusiasmo a Hern¨¢ndez Gil. S¨®lo Adolfo Su¨¢rez y alguno de sus m¨¢s pr¨®ximos colaboradores desconfiaban de un hombre capaz de suscitar tan rara unanimidad y que se hab¨ªa mostrado dif¨ªcilmente manejable durante el proceso constituyente. La l¨ªnea directa de Hern¨¢ndez Gil con la Zarzuela tampoco fue elemento favorable para que Su¨¢rez mantuviera al candidato.

Uno de los hombres m¨¢s sorprendidos por el veto centrista a Hern¨¢ndez Gil fue el n¨²mero dos del PSOE, Alfonso Guerra, a quien se atribuye la siguiente frase, hasta ahora in¨¦dita: ?Para m¨ª, la figura que simboliza la justicia, con la balanza y la espada entre las manos, me recuerda siempre a Antonio Hern¨¢ndez Gil?. La clave del veto suarecista se encuentra, seg¨²n fuentes centristas, en la fuerte vinculaci¨®n de Hern¨¢ndez Gil con el actual presidente del Congreso de los Diputados y uno de los hombres-alternativa dentro de UCD, Landelino Lavilla. La etapa en que ¨¦ste ¨²ltimo fue ministro de Justicia estrech¨® una intensa relaci¨®n con Antonio Hern¨¢ndez Gil, presidente de la Comisi¨®n General de Codificaci¨®n, que prepar¨® muchos de los proyectos de ley de la reforma jur¨ªdica, todav¨ªa en marcha. Adolfo Su¨¢rez se ha preocupado por buscar colocaci¨®n institucional a Hern¨¢ndez Gil, a quien preconiza como presidente del Consejo de Estado.

El hallazgo de Aurelio Men¨¦ndez para la presidencia del Tribunal Constitucional fue considerado un ¨¦xito por el entorno de la Moncloa. Ilustre jurista, que tuvo como padrinos para ocupar el cargo de ministro de Educaci¨®n en el primer Gobierno Su¨¢rez nada menos que a Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa y a Torcuato Fern¨¢ndez-Miranda, su vuelta a la actividad p¨²blica no fue f¨¢cil. Hubo que convencerle con apelaciones a la importancia de la presidencia del alto tribunal y a la trascendencia jur¨ªdica y pol¨ªtica de su funci¨®n. Hoy, Aurelio Men¨¦ndez se suma a la larga lista de personas a quienes Adolfo Su¨¢rez prometi¨® un cargo que no quiso, no pudo o no supo darles... El sentimiento de defraudado inclin¨® a Aurelio Men¨¦ndez, en un primer momento, a dimitir como magistrado. Intervino la propia Zarzuela para evitar un efecto tan desfavorable para el nonnato tribunal. El presidente electo, Manuel Carc¨ªa Pelayo, agradeci¨® el mismo d¨ªa de su elecci¨®n la actitud de Aurelio Men¨¦ndez, cuyas cualidades elogi¨®.

El consenso del tribunal

La elecci¨®n de Manuel Garc¨ªa Pelayo es el primer resultado positivo del Tribunal Constitucional. La unanimidad que ha sido capaz de concitar entre magistrados con diversos apoyos parlamentarios es garant¨ªa de un funcionamiento coherente del alto ¨®rgano constitucional. La elecci¨®n de Garc¨ªa Pelayo rompe un consenso pol¨ªtico, pero abre paso a un consenso interno sobre la persona del presidente, que puede ser m¨¢s ¨²til para los trabajos del tribunal y, en definitiva, para la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n. Que en los planes del Gobierno no figuraba esta elecci¨®n se demuestra aunque sea s¨®lo porque en su proyecto de ley inicial figuraba entre las causas de cese de los magistrados el cumplir la edad de setenta a?os, ya superada por Garc¨ªa Pelayo.

Un elemento positivo a?adido a la elecci¨®n de Manuel Garc¨ªa Pelayo se deriva de su vieja condici¨®n republicana. Cuando en determinados sectores de las Fuerzas Armadas y desde las formaciones pol¨ªticas de la ultraderecha se est¨¢n haciendo aspavientos ante la presentaci¨®n en el Parlamento de una proposici¨®n de ley para que se aplique la amnist¨ªa de 1977 a los militares republicanos, el Rey da un paso al frente y nombra, en cumplimiento de la funci¨®n que la Constituci¨®n le asigna, a un oficial del Ej¨¦rcito republicano como presidente del alto tribunal que habr¨¢ de contribuir a la estabilidad del r¨¦gimen democr¨¢tico constitucional. El Tribunal Constitucional nace as¨ª, desde su c¨²spide, bajo el signo de la reconciliaci¨®n.

Situaci¨®n de ministros "inamovibles"

Una de las dificultades iniciales para encontrar personas prestigiosas jur¨ªdicamente dispuestas a formar parte del Tribunal Constitucional figuraba en la propia ley org¨¢nica, que establece un cuadro muy duro de incompatibilidades. Impide al magistrado constitucional ejercer cualquier otro cargo pol¨ªtico, administrativo, judicial o fiscal; el desempe?o de funciones directivas en partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, y, sobre todo, ?el desempe?o de actividades profesionales o mercantiles?.

Para compensar econ¨®mica y profesionalmente a los magistrados, se les ha dotado de una situaci¨®n personal similar a la de ministro -con la diferencia de su inamovilidad durante nueve a?os, salvo la renovaci¨®n de la tercera parte cada tres a?os-, con emolumentos de unas 250.000 pesetas mensuales, coche oficial y medidas de seguridad pr¨¢cticamente id¨¦nticas.

Por lo dem¨¢s, las primeras medidas instrumentales y de personal ya est¨¢n en marcha para el funcionamiento del tribunal, que, sin embargo, hasta el d¨ªa 15 de julio no podr¨¢ comenzar a admitir recursos. El presupuesto para 1980 es de 208.600.000 pesetas. En lo sucesivo, el propio tribunal elaborar¨¢ su presupuesto, que fiaurar¨¢ en los generales del Estado.

Inicialmente, el Tribunal Constitucional contar¨¢ con diecis¨¦is letrados y tres secretarios de justicia. En la c¨²spide de la organizaci¨®n burocr¨¢tica del tribunai figura el secretario general, que ser¨¢ elegido por el pleno del alto ¨®rgano constitucional. Interinamente ocupa este puesto el magistrado Angel Rodr¨ªguez.