La empresa que abastece de agua a Barcelona se niega a rebajar sus tarifas

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) no ha procedido a¨²n a modificar la tarifa por consumo de agua a particulares, a pesar de que el Gobierno Civil de Barcelona comunic¨® el pasado d¨ªa 20 de agosto a la citada compa?¨ªa el auto de la sala segunda de lo contencioso-administrativo que dispon¨ªa tal medida. Seg¨²n la decisi¨®n judicial, la tarifa deb¨ªa ser rebajada de 20,31 pesetas el metro c¨²bico, a 17,05 pesetas el metro c¨²bico. El cobro de la diferencia estar¨ªa reportando a la Sociedad General de Aguas de Barcelona unos ingresos suplementarios de tres a cuatro millones de pesetas diarios.

Fuentes econ¨®micas consultadas y conocedoras de la situaci¨®n real del grupo Aguas de Barcelona, se?alaron que no estaba en el ¨¢nimo de los directivos de SGAB modificar la tarifa, por el momento. A la imposibilidad t¨¦cnica para efectuar el abono -por otra parte, no ha habido reclamaciones- se une la dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.Medios econ¨®micos y municipales confirmaron a este diario que la SGAB se encontraba en la antesala de la presentaci¨®n de la suspensi¨®n de pagos. La situaci¨®n cr¨ªtica de la empresa seria el fruto de haber comprometido el dinero de sus accionistas e importantes pr¨¦stamos de entidades de ahorro catalanas y de cr¨¦dito internacional -evidentemente por valor de miles de millones de pesetas- en la formaci¨®n y posterior funcionamiento del llamado Consorcio de Abastecimiento de Agua del R¨ªo Llobregat. En realidad, y a pesar del pomposo nombre, se trata de una filial de la empresa privada SGAB, si bien con una minoritaria participaci¨®n de varios ayuntamientos (Tarrasa, Sabadell, Martorell, entre otros).

La ¨²nica realizaci¨®n del llamado consorcio ha sido la construcci¨®n de una planta de tratamiento de aguas en Abrera de Llobregat, instalaciones que fueron construidas sin contar con los permisos de obras en zonas calificadas urban¨ªsticamente como zonas verdes, sin deslindar el cauce del r¨ªo, de propiedad p¨²blica de las propiedades privadas colindantes y sin tener la concesi¨®n de aguas a que obliga la ley. Aparte de que existen serias dudas sobre la necesidad de la planta de tratamiento y sobre el proyecto t¨¦cnico en s¨ª. El azud o presa de la planta de agua de Abrera se ha construido de tipo fijo y no abatible, como viene haci¨¦ndose desde hace tiempo en todos los proyectos importantes. Ello representa un serio peligro en un r¨ªo como el Llobregat, de tipo torrencial, y cuyas avenidas pueden oscilar entre los catorce y los 3.000 metros c¨²bicos de agua por segundo.

El consorcio pretende, adem¨¢s, la construcci¨®n de una tuber¨ªa de enlace entre la estaci¨®n de Abrera y la depuradora de Sant Joan Desp¨ª, situada en el mismo r¨ªo, aguas abajo. La construcci¨®n de esta tuber¨ªa ha sido calificada por portavoces de la corporaci¨®n municipal metropolitana como ?no estrictamente necesaria?. Sin embargo, el consorcio -en la pr¨¢ctica la SGAB- insiste en ello. La raz¨®n que subyace en tal insistencia no es otra que salvar la maltrecha situaci¨®n de Tubos Bonna, una filial del grupo a la que se ha encargado el proyecto.

Metropolitanizar el servicio

La dif¨ªcil situaci¨®n del grupo de la Sociedad General de Aguas de Barcelona quedar¨ªa salvada si la Corporaci¨®n Municipal Metropolitana (CMM) -organismo integrado por veintisiete municipios del cintur¨®n de Barcelona, y que preside el alcalde Narc¨ªs Serra- municipalizara, o mejor metropolitanizara, el servicio de distribuci¨®n del agua en alta, lo cual ya ha propuesto a la citada corporaci¨®n la compa?¨ªa de aguas. La corporaci¨®n ha aceptado negociar la operaci¨®n, y, en estos momentos, existe ya un proyecto de protocolo sobre los primeros acuerdos.De asumir la CMM el servicio de distribuci¨®n en alta, la Sociedad de Aguas recibir¨ªa una importante inyecci¨®n de miles de millones de pesetas -la cifra podr¨ªa alcanzar los 10.000 millones de pesetas-, en un momento extremadamente delicado para la continuidad de la empresa. Una de las entidades m¨¢s interesadas en el feliz cierre de la operaci¨®n ser¨ªa la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro (la Caixa), la cual, ha comprometido importantes intereses en el consorcio, por lo que algunos de sus altos cargos lo son a su vez de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. As¨ª, el secretario general de la Caixa, Ricardo Fornesa, es, a su vez, presidente del Consejo de Administraci¨®n de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.

El consorcio hizo asimismo una emisi¨®n de obligaciones por valor de quinientos millones de pesetas, que habr¨ªan sido suscritas por la Caixa, siendo nombrados comisarios del sindicato de obligaciones Ignacio Barj¨¢u Civil e Ignacio Farreres Bochaca, ambos empleados de la citada entidad de ahorro.

Las conversaciones entre la Corporaci¨®n Municipal Metropolitana y la Sociedad General de Aguas de Barcelona se iniciaron hace nueve meses y existe verdadera prisa por ambas partes para cerrar la operaci¨®n. La situaci¨®n de las conversaciones es, en estos momentos, y seg¨²n portavoces de la corporaci¨®n, muy fluida. S¨®lo la continua salida de irregularidades en el citado consorcio aplaza la adopci¨®n de acuerdos en firme.

Temor a irregularidades

La corporaci¨®n teme que una vez asumido el servicio en alta -lo que conlleva quedarse con la planta de Abrera- surjan nuevas irregularidades que se a?adan a las ya conocidas. Por ello, se han realizado dos auditor¨ªas que han revelado la dif¨ªcil situaci¨®n, tanto del consorcio como de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Uno de los datos que ya puede adelantarse es que en el consorcio el pasivo es superior al activo; ello significa que la corporaci¨®n adquirir¨ªa un servicio ruinoso y unas instalaciones ilegales y, por ley, afectadas de demolici¨®n, mientras que la Sociedad General de Aguas de Barcelona ver¨ªa saneada su situaci¨®n econ¨®mica y continuar¨ªa distribuyendo, pr¨¢cticamente en monopolio, el agua a la baja.Por otra parte, varias fincas colindantes con la estaci¨®n de Abrera tienen entablados pleitos con el consorcio. Los responsables de estas fincas aseguran que la estaci¨®n de tratamiento y el sistema que se ha empleado en su construcci¨®n provocan serios da?os a sus propiedades. Las reclamaciones por da?os suman varias decenas de millones de pesetas anuales. L¨®gicamente, al asumir los servicios y la planta de Abrera, la corporaci¨®n pasar¨ªa a ser objeto de tales reclamaciones.

En resumen, la corporaci¨®n convertir¨ªa un servicio privado en p¨²blico, pero a un precio excesivamente alto. Deber¨ªa cargar con unas obras -planta de Abrera- ilegales, asumir los compromisos crediticios del consorcio e intentar luego solucionar los problemas con terceros surgidos a causa de la gesti¨®n de sus anteriores due?os.