La falta de censo electoral pone en duda la pureza democr¨¢tica de los comicios

La falta de garant¨ªas democr¨¢ticas constituye la m¨¢s seria amenaza para lograr la pureza electoral que requieren los segundos comicios sindicales que tendr¨¢n lugar en este pa¨ªs desde el desmantelamiento de la organizaci¨®n sindical verticalista. En efecto, existen graves dudas acerca de la capacidad de control sobre los resultados electorales, tarea encomendada al Instituto de Mediaci¨®n, Arbitraje y Conciliaci¨®n (IMAC), organismo aut¨®nomo del Ministerio de Trabajo encargado de velar por la democracia de los comicios.

Al menos oficialmente, el IMAC carece de censo electoral que recoja la totalidad de empresas y trabajadores con capacidad para participar en la elecci¨®n de delegados de personal y miembros de comit¨¦s de empresa. El censo que oficialmente maneja el IMAC, y de acuerdo con el cual ser¨¢n homologadas las actas electorales, es el de la Seguridad Social. Esta limitaci¨®n, que el Ministerio de Trabajo ha sido incapaz de evitar, pese a contar con el funcionariado necesario para elaborar el censo que requer¨ªan las elecciones sindicales, impide a sindicatos y empresas disponer de datos tan elementales como n¨²mero de centros de trabajo y su correspondiente plantilla laboral, para determinar con exactitud el n¨²mero de delegados y comit¨¦s de empresa a elegir.No obstante, medios sindicales apuntan la posibilidad de que el censo de la Seguridad Social, convenientemente actualizado de cara a las elecciones, haya sido facilitado a la Uni¨®n Sindical Obrera, puenteando incluso al IMAC, por un alto responsable de UCD, ?en un intento de favorecer en la carrera electoral a este sindicato, que cuenta con el apoyo del partido en el Gobierno?.

De otra parte, medios empresariales creen saber que Comisiones Obreras ha conseguido, a trav¨¦s de sus afiliados infiltrados en los departamentos de inform¨¢tica de la Seguridad Social y del propio Ministerio de Trabajo, un censo m¨¢s completo, que le permitir¨ªa obtener determinados datos en cuanto a n¨²mero de empresas, su actividad productiva, plantillas y centros de trabajo.

Asimismo existe un cierto confusionismo en cuanto al modelaje de las actas electorales que el propio Ministerio de Trabajo, a trav¨¦s de la orden que regula las elecciones, ha elaborado y que deber¨¢n ser depositadas en el IMAC para su contabilidad y control oficial de los resultados.

Al parecer, en una reciente reuni¨®n mantenida por la direcci¨®n del IMAC con sendas representaciones de la patronal y las centrales CC OO, UGT, USO y ELA-STV, los responsables del citado instituto habr¨ªan mostrado su disposici¨®n favorable a aceptar todas las actas que les sean presentadas por las mesas electorales, incluso aquellas que no se ajusten a los modelos oficiales elaborados por el ministerio, por entender que la orden de este departamento, en la que como anexo se incluyen los distintos modelos de actas, no comporta la obligatoriedad de ajustarse a las mismas.

Otro factor que incide en la falta de credibilidad que puede caracterizar los resultados de las pr¨®ximas elecciones sindicales es la falta de medios humanos en las distintas delegaciones del IMAC para procesar el volumen de papeleo que a lo largo del proceso electoral deber¨¢n despachar. A modo indicativo, en este sentido se se?ala que la delegaci¨®n de Barcelona, provincia que puede generar m¨¢s de 20.000 actas con resultados electorales, dispone tan s¨®lo de cuarenta funcionarios, la mitad de los cuales son letrados absorbidos totalmente por las conciliaciones. En algunas provincias, incluso, la dotaci¨®n humana del IMAC se limita a su director provincial.

Otra de las cr¨ªticas recogidas por este diario en medios sindicales respecto al comportamiento del IMAC de cara a las elecciones sindicales hace referencia a la, al parecer, manifestada intenci¨®n de sus responsables de orientar la homologaci¨®n de los resultados m¨¢s hacia la capacidad de representatividad sindical de las centrales para estar presente en los ¨®rganos de direcci¨®n de los organismos institucionales (Instituto de Empleo, entidades gestoras de la Seguridad Social, posible futuro consejo econ¨®mico social, etc¨¦tera) que a la legitimaci¨®n como interlocutores de la negociaci¨®n colectiva, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Fomentar el confusionismo

En este sentido, los medios sindicales y empresariales que formulan estas cr¨ªticas creen encontrar la justificaci¨®n al comportamiento del IMAC en ?un descarado intento, primero, de favorecer la potenciaci¨®n electoral de la USO, en torno a la cual UCD habr¨ªa montado una campa?a de imagen y desarrollo tendente a captar el voto de los no afiliados y, posteriormente, diluir el posible descalabro de la operaci¨®n con el confusionismo al que dar¨¢ lugar las anomal¨ªas denunciadas?.De acuerdo con estas versiones, el Gobierno no ha renunciado -y menos a¨²n con la salida del Gabinete de Abril Martorell, decidido partidario de posibilitar la consolidaci¨®n de la central socialista como central hegem¨®nica en el panorama sindical- a contar con su propia opci¨®n sindical, que trata de montar en torno a la USO mediante la amalgama de la nebulosa de organizaciones autocalificadas de independientes y el encuadramiento de los representantes elegidos sin afiliaci¨®n alguna.

En esta l¨ªnea, la sustituci¨®n de S¨¢nchez Ter¨¢n por P¨¦rez Miyares al Frente del Ministerio de Trabajo parece responder a un ¨²ltimo esfuerzo gubernamental -aparte la propia incapacidad del sustituido- por poner en pie la tercera v¨ªa sindical que comparta el hegemonismo marxista que hoy impera en el terreno social. P¨¦rez Miyares, cuyo principal t¨ªtulo es su pasado verticalista, parece la persona indicada para organizar unas elecciones sindicales con una determinada consigna.

Con todo, parece haber sido la experiencia sindical de P¨¦rez Miyares la mejor arma para soportar el envite de los sectores ucedistas m¨¢s empe?ados en la aventura de la USO.

La llegada de P¨¦rez Miyares al Ministerio de Trabajo supuso en primera instancia un considerable aplazamiento de la publicaci¨®n de la normativa electoral, que, pr¨¢cticamente pactada en su totalidad por patronal y centrales con S¨¢nchez Ter¨¢n, se ve¨ªa de esta manera inexplicablemente frenada.

La explicaci¨®n a este retraso parece hoy clara. Hab¨ªa que corregir graves errores de bulto, como los que un desconocedor del terreno sindical, como S¨¢nchez Ter¨¢n, hab¨ªa cometido. P¨¦rez Miyares, desde su formaci¨®n verticalista, se muestra poco ilusionado con las c¨¢balas gubernamentales montadas en torno a la USO y parece consciente de la pr¨¢ctica imposibilidad de que este sindicato alcance el m¨ªnimo del 10% de representatividad que le legitimar¨ªa como interlocutor en la negociaci¨®n colectiva.

Normativa pragm¨¢tica

Ante este panorama, P¨¦rez Miyares, cuando menos, trata de salvar el tipo y publica una orden, pre?ada de pragmatismo, con la que se regula en lo imprescindible la celebraci¨®n de las elecciones. Y, lo que es m¨¢s importante, evita los compromisos anteriores de S¨¢nchez Ter¨¢n mediante un comportamiento salom¨®nico.De esta manera, la orden impide el trasvase de delegados, posibilidad que favorec¨ªa claramente a CC OO, experta en el submarinismo sindical. De hecho, en las pasadas elecciones fue frecuente el caso de representantes elegidos bajo el se?uelo de la independencia, que, una vez en posesi¨®n del acta de delegado o miembro de comit¨¦ de empresa, se pasaba a la central comunista, comput¨¢ndose como un cargo m¨¢s a su favor.

Asimismo, la orden no regula la delegaci¨®n de mandato, figura que permite, especialmente en la negociaci¨®n colectiva sectorial, que un representante elegido como no afiliado, al no contar con otra representatividad que la suya propia, delegue su representaci¨®n en cualquier organizaci¨®n que ostente el m¨ªnimo del 10% para quedar legitimada como interlocutora de la negociaci¨®n.

Esta posibilidad favorece claramente a UGT y a USO, centrales a las que se puede sentir m¨¢s pr¨®ximo el no afiliado, incapaz por s¨ª mismo de participar en la negociaci¨®n colectiva.

No obstante, los mismos medios que denuncian el arbitrarismo del IMAC en la aplicaci¨®n de las medidas de control de los resultados, no descartan la posibilidad de que la delegaci¨®n del mandato sea permitida en la pr¨¢ctica, puesto que para el Gobierno siempre ser¨¢ una nueva posibilidad de primar a la central que patrocina, aun cuando indirectamente UGT salga beneficiada de esta manga ancha de la Administraci¨®n.

En ¨²ltima instancia, esta posibilidad no favorecer¨ªa a la central comunista, cuya hegemon¨ªa tratan de contrarrestar tanto empresarios como Gobierno.