Hoy puede aprobarse una f¨®rmula para el segundo aval estatal a las sociedades de garant¨ªas rec¨ªprocas

El Consejo de Ministros de hoy podr¨ªa aprobar una f¨®rmula: la creaci¨®n de una comisi¨®n interministerial en la que estuvieran presentes tambi¨¦n las sociedades de garant¨ªas rec¨ªprocas (SGR) y sus socios protectores (CEOE y CEPYME) para cumplir -con m¨¢s de diez meses de retraso- la ley de los Presupuestos Generales de 1980 en la garant¨ªa que deber¨ªa prestar el Estado -hasta un monto de 8.000 millones de pesetas- a las sociedades de garant¨ªa.

Por otra parte, seg¨²n ha podido saber EL PAIS, el propio partido del Gobierno votar¨¢ una enmienda para modificar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981 en este tema del segundo aval para las sociedades de garant¨ªa rec¨ªproca y, en definitiva, para la financiaci¨®n de la peque?a y mediana empresa. El proyecto de presupuestos y la propia intenci¨®n de UCD de modificarlo en este aspecto es la mejor prueba; conten¨ªa una aut¨¦ntica aberraci¨®n al confundir dos conceptos radicalmente distintos: aval y seguro.

Instrumentar la financiaci¨®n de las PYME

Si una ¨ªnfima parte de las promesas de ayuda y discursos de los ministros dedicados a la peque?a y mediana empresa (PYME), a lo largo de varias d¨¦cadas, se hubiera traducido en hechos, probablemente hoy la salud econ¨®mica del pa¨ªs ser¨ªa bastante mejor de lo que es, seg¨²n creencia en el sector.En Espa?a, el 98,42% de las empresas cuentan con menos de cien trabajadores, aportan el 60% del producto interior bruto y absorben el 85 % del empleo nacional. El peso de las PYME en nuestra econom¨ªa, a la vista de estas cifras, es decisivo y no se corresponde con la desatenci¨®n y el desconocimiento tradicional de la Administraci¨®n hacia las mismas.

Los problemas m¨¢s graves que padece en estos momentos la peque?a y mediana empresa, al margen de los generales (bajo coeficiente de autofinanciaci¨®n, desproporci¨®n entre pr¨¦stamos y fondos procedentes de la emisi¨®n de obligaciones en la financiaci¨®n de las inversiones reales, dificultades en la obtenci¨®n de cr¨¦ditos a corto plazo para financiar el circulante e incremento incesante de costes financieros, entre otros), se centran en la imposibilidad de acudir al mercado de capitales, lo que aumenta su dependencia del cr¨¦dito bancario, y las grandes dificultades en que se encuentran para ofrecer las garant¨ªas requeridas habitualmente por las instituciones financieras, lo que se traduce en la inviabilidad de algunos cr¨¦ditos o en costes financieros adicionales en concepto de gastos de hipoteca o avales.

Estas dificultades exig¨ªan y exigen una instrumentaci¨®n de la financiaci¨®n a las PYME como la que existe en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de Europa occidental.

Rivalidad entre ministerios

El primer paso, y casi el ¨²nico hasta ahora, para instrumentar ayudas a la financiaci¨®n de las PYME se dio en 1978 mediante un decreto por el que se establec¨ªa el r¨¦gimen jur¨ªdico, fiscal y financiero de las sociedades de garant¨ªa rec¨ªproca (SGR). El sistema, quedaba cojo, al faltar el llamado segundo aval a cargo del Estado.Una iniciativa en este sentido, plasmada en una enmienda del PNV a la ley de Presupuestos del Estado de 1980, que prosper¨® con los votos de la izquierda, introdujo en el art¨ªculo 22 de esta ley: ?La autorizaci¨®n al Estado para conceder garant¨ªa a las SGR durante 1980 en cuanto a los cr¨¦ditos que concierten en el interior dichas sociedades en el citado ejercicio, y por un importe m¨¢ximo de 8.000 millones de pesetas, a cuyo efecto se modificar¨¢ la ley que regula las SGR?.

En desarrollo de este precepto legal, la Direcci¨®n General del Tesoro procedi¨® a elaborar un proyecto ded decreto -hubo varios, todos non natos- en abril pasado sobre aval del Estado a las SGR.

El proyecto de Hacienda, seg¨²n fuentes del Ministerio de Econom¨ªa, era malo t¨¦cnicamente y hac¨ªa pr¨¢cticamente inviable el cumplimiento de los fines que se propon¨ªa. El proyecto atribu¨ªa la aplicaci¨®n del aval del Estado directamente al Tesoro P¨²blico, sistema inusual en los pa¨ªses de econom¨ªa mixta que han instrumentado el segundo aval.

El otorgamiento del segundo aval a trav¨¦s de un organismo especializado con mayor¨ªa de capital p¨²blico, como ocurre en la mayor¨ªa de los pa¨ªses, permite un control coherente y eficaz de las SGR, confiriendo a todo el sistema generalizado de garant¨ªa una mayor estabilidad respecto al sistema de otorgamiento directo por el Tesoro P¨²blico. Esta ¨²ltima f¨®rmula introduce rigidez en el sistema y permite ¨²nicamente el otorgamiento del segundo aval en cada operaci¨®n concreta.

El otorgamiento de la garant¨ªa a trav¨¦s de un organismo especializado permite una pol¨ªtica simult¨¢nea y articulada de financiaci¨®n y garant¨ªa de apoyo a las PYME, a la vez que posibilita adecuar la concesi¨®n del segundo aval a los objetivos y prioridades de la pol¨ªtica econ¨®mica.

El proyecto de Hacienda, por otra parte, superpon¨ªa requisitos simult¨¢neos que pod¨ªan hacer inoperante el otorgamiento de garant¨ªa por el Estado; introduc¨ªa una tramitaci¨®n de dudosa legalidad y supon¨ªa elementos de rigidez para la distribuci¨®n de fondos y la asignaci¨®n de recursos. A ello hay que a?adir la ausencia de una menci¨®n expresa a la prioridad de las PYME, la reclamaci¨®n de atribuciones de econom¨ªa para Hacienda (funci¨®n inspectora) e innumerables lagunas.

Sobre el mencionado proyecto y sobre la forma de instrumentar las garant¨ªas por parte del Estado se celebraron intensas reuniones entre representantes de Hacienda, Econom¨ªa, de las SGR y de las sociedades protectoras de ¨¦stas (CEOE y CEPYME). En estas reuniones se puso de manifiesto la inviabilidad del citado proyecto y la necesidad de un planteamiento alternativo en base a una sociedad mixta, con mayor¨ªa de capital p¨²blico, en la que estuvieran presentes las SGR, CEOE y CEPYME. Ello supondr¨ªa, entre otras ventajas, la agilidad que da el encontrarse sometidos a la jurisdicci¨®n mercantil, y no a la administrativa. Habr¨ªa coparticipaci¨®n en la prestaci¨®n de la garant¨ªa complementaria, subsidiaria o excedente, y en la subsiguiente distribuci¨®n del riesgo entre el Estado y el sector privado.

Una sociedad mixta

Fulgencio Alcaraz, representante de las SGR y sociedades protectoras CEOE y CEPYME, se mostr¨® partidario -en declaraciones a EL PAIS- de la f¨®rmula de sociedad an¨®nima para esta sociedad mixta, en la que el capital p¨²blico -que muy bien podr¨ªa estar representado por el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO)- estuviera cercano al 90% del total. Seg¨²n Alcaraz, cuya SGR ha asumido ya, pese a la falta del segundo aval, unos novecientos millones de riesgo (entre todas las que funcionan, que son unas cinco, han asumido 1.500 millones de riesgo), el Banco de Cr¨¦dito Industrial, que se ha distinguido ¨²ltimamente por su ayuda a las PYME, podr¨ªa desempe?ar un papel primordial en la sociedad.La enmienda que se propone a los presupuestos de 1981 -en el proyecto se atribu¨ªa a Cr¨¦dito y Cauci¨®n la instrumentalizaci¨®n de los 8.000 millones-, al atribuir al cr¨¦dito oficial la garant¨ªa del segundo aval para las SGR, puede ser el germen de la soluci¨®n de la sociedad mixta propuesta desde la ponencia del Iresco para la creaci¨®n de las SGR por Vidal D¨ªez Tasc¨®n, subdirector de Econom¨ªa en la actualidad, y de la que tambi¨¦n son partidarios CEOE y CEPYME. La atribuci¨®n del cometido a Cr¨¦dito y Cauci¨®n supon¨ªa un grave desconocimiento por los redactores del presupuesto para 1981, que confundieron lo que es un reaseguro (cubre el riesgo de la insolvencia) y lo que es un segundo aval (casos de impago). Por otra parte, se otorga una posibilidad financiera de actuaci¨®n de 8.000 millones a una compa?¨ªa de seguros cuyo capital social est¨¢ muy por debajo de los quinientos millones de pesetas.

En cuanto a la soluci¨®n para 1980, la comisi¨®n interm¨ªnisterial, si se aprueba con rapidez y se facilita su puesta en marcha, podr¨ªa permitir -en base a auditor¨ªas- no perder en su totalidad los 8.000 millones presupuestados para garant¨ªa del Estado a las SGR.