La oposici¨®n pide que se incrementen los gastos en educaci¨®n e investigaci¨®n

La insatisfactoria realidad actual de nuestro sistema escolar y la necesidad de acometer una pol¨ªtica de incremento del gasto en educaci¨®n y en investigaci¨®n fueron algunas de las ideas m¨¢s insistentemente expresadas por los grupos parlamentarios de la oposici¨®n representados en la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso, ante la que ayer compareci¨® nuevamente el ministro de Educaci¨®n, Juan Antonio Ortega, para someter a debate las l¨ªneas generales de su pol¨ªtica educativa.

Un¨¢nimes todos los grupos en el elogio a la actitud dialogante del ministro, que insisti¨® en su oferta de propiciar entre todos un pacto escolar superador de pasadas crispaciones, los partidos de la oposici¨®n se mostraron particularmente cr¨ªticos respecto de lo que pueda suponer para el futuro de nuestro sistema educativo una pol¨ªtica basada en el criterio de considerar el gasto p¨²blico en educaci¨®n como ?dinero inflacionario?.En tal sentido se manifest¨® el portavoz socialista, Manuel Gracia, para quien ?el sueldo de un profesor -digan los presupuestos lo que digan- no es un gasto corriente sin m¨¢s; es una inversi¨®n productiva de un bien productivo a su vez de otros bienes?. El diputado socialista se mostr¨® de acuerdo con el ministro en que la futura ley de financiaci¨®n de la ense?anza obligatoria debe obedecer a criterios de racionalidad y realismo, pero se?al¨® la conveniencia de buscar f¨®rmulas que permitan a los diferentes grupos parlamentarios precisar sus posiciones respecto a los principios constitucionales y prioridades que habr¨¢n de informar dicho proyecto de ley, cuya retirada pidi¨® expresamente.

El ministro rechaz¨® la propuesta socialista de retirar el proyecto de ley de finaciaci¨®n, que se presenta como el gran problema de fondo subsiguiente a la aprobaci¨®n del Estatuto de Centros Docentes, aunque se mostr¨® convencido de la posibilidad de llegar a un di¨¢logo esclarecedor sobre el tema cuando se discuta el proyecto.

Respecto al Estatuto de Centros Docentes, al cual el ministro no hab¨ªa aludido en su discurso del pasado d¨ªa 8, Juan Antonio Ortega dijo que se trata de una ley vinculante, cuyo desarrollo reglamentario se realizar¨¢ con arreglo al principio de legalidad y con el criterio ya expuesto de flexibilidad y de consideraci¨®n hacia las opiniones de los afectados.

Por su parte, la diputada comunista Eulalia Vintr¨® calific¨® de contradictorio con las promesas de di¨¢logo hechas por el ministro, el hecho de que se haya decretado la supresi¨®n del Instituto Nacional de Ciencias de la Educaci¨®n (Incie) y del Instituto Nacional de Ense?anzas Integradas (INEI), sin tener en cuenta para nada la opini¨®n de los afectados, y mostr¨® su sospecha de que otro tanto pudiera suceder con el desarrollo reglamentario del Estatuto de Centros.

Replic¨® el ministro que la supresi¨®n del INEI y del Incie no iban a suponer la desaparici¨®n de las funciones que ambos institutos han venido realizando, y que, por otra parte, se han establecido los plazos necesarios para que la medida produzca los menores da?os y la cautela de respetar los derechos adquiridos por los funcionarios afectados. Respecto a las omisiones apuntadas por la diputada comunista, el ministro record¨® que su discurso se hab¨ªa reducido a las l¨ªneas generales de la pol¨ªtica del departamento.

Apoyos al Gobierno

Los portavoces del PNV y de la Minor¨ªa Catalana reflejaron en sus intervenciones la coincidencia de sus respectivos grupos con las l¨ªneas generales expuestas por el ministro, y coincidieron ambos en mostrar su preocupaci¨®n respecto de la interpretaci¨®n que pueda hacerse sobre la ?alta inspecci¨®n? que el Estado se reservar¨¢, una vez llevadas a cabo las transferencias de las competencias educativas a las comunidades aut¨®nomas.

La diputada de la Minor¨ªa Catalana, Mar¨ªa Rubies, llam¨® la atenci¨®n del ministro sobre la conveniencia de apresurar las medidas que resuelvan la escolarizaci¨®n de los adolescentes de catorce y quince a?os, y el ministro le respondi¨® que se trata de un problema del que es muy consciente el Gobierno, y al que habr¨¢ que poner remedio.

El ministro pidi¨® al PNV, en respuesta a la intervenci¨®n del diputado I?igo Aguirre; ?comprensi¨®n para que el desarrollo de las competencias del Estado pueda ponerse en marcha plenamente?. Esta misma idea qued¨® reflejada en su respuesta a la diputada comunista Eulalia Vintr¨®, en relaci¨®n con la necesaria clarificaci¨®n del concepto de ?poderes p¨²blicos?, a la hora de construir el Estado de las autonom¨ªas. El ministro se mostr¨® de acuerdo con la idea de que las comunidades aut¨®nomas, como los municipios, son, efectivamente, poderes p¨²blicos, pero pidi¨® que no se olvidase que el Estado tambi¨¦n lo es y reclam¨® para ¨¦ste la misma comprensi¨®n que se pide para aqu¨¦llas.

Concret¨® el tema de las competencias educativas del Estado con una referencia expresa al se?alamiento de los contenidos de la ense?anza, y dijo que la propia Unesco trabaja actualmente en el proyecto de conseguir cierta homogeneidad internacional en la interpretaci¨®n de determinados hechos hist¨®ricos, para evitar concepciones contradictorias de los mismos. En este contexto, el ministro se?al¨® que parec¨ªa l¨®gico esperar del Estado una competencia decisiva en la homogeneizaci¨®n de los contenidos de los planes de estudios, sin perjuicio de que cada comunidad, siempre dentro del ejemplo citado de los programas de la asignatura de historia, pueda establecer una mayor insistencia en el estudio de su propia historia.

Por ¨²ltimo, en representaci¨®n del Grupo Centrista, el diputado Manuel D¨ªaz Pin¨¦s puso especial ¨¦nfasis en resaltar la coherencia y continuidad de la l¨ªnea pol¨ªtica de UCD, en materia educativa, y pidi¨® la urgente tramitaci¨®n del proyecto de ley de financiaci¨®n.