Corrupci¨®n, funcionarios y ayuntamiento

A m¨¢s de quinientos d¨ªas de Gobierno de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid, parecen ya perfilarse con claridad cu¨¢les son los temas fundamentales que caracterizan la gesti¨®n de la actual administraci¨®n democr¨¢tica madrile?a. Uno de ellos, Muy destacado en el ¨²ltimo per¨ªodo por los medios de comunicaci¨®n, es la acci¨®n decidida que se viene desarrollando contra la corrupci¨®n que, desafortunadamente, a¨²n est¨¢ presente en la funci¨®n p¨²blica local. Conviene destacar que dicho fen¨®meno viene determinado por una situaci¨®n hist¨®ricamente heredada y de tradici¨®n secular en la Administraci¨®n p¨²blica espa?ola que ha conocido escasos y frustrados per¨ªodos de reforma y saneamiento.Lejos de abordarse progresivamente la soluci¨®n del problema durante el per¨ªodo de transici¨®n democr¨¢tica, se dej¨® estancado el mismo mediante el mantenimiento de una obsoleta legislaci¨®n en materia de r¨¦gimen local, la ausencia total de directrices generales para el saneamiento de la empresa p¨²blica y el retraso en la presentaci¨®n del Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica. En este contexto, las corporaciones locales surgidas de las elecciones se tienen que desenvolver de forma inc¨®moda e inestable, puesto que resulta rid¨ªculo pensar el que la legislaci¨®n que afecta a la funci¨®n p¨²blica y a los deberes y obligaciones de los funcionarios, as¨ª como a su r¨¦gimen general disciplinario, pueden regularse de forma sustancialmente diferenciada por cada municipio.

Pero, independientemente de que no existan ni un marco jur¨ªdico suficiente ni una pol¨ªtica gubernamental que favorezcan el encuentro de soluciones eficaces al problema de la corrupci¨®n en la empresa p¨²blica, las corporaciones locales tienen el deber y la ineludible obligaci¨®n de resolverlo. Por ello, conviene destacar que la caracterizaci¨®n de esa corrupci¨®n tiene diferentes aspectos y gradaciones.

Es del dominio p¨²blico el que la ?agilizaci¨®n? de determinados tr¨¢mites o el ?desconocimiento? de una infracci¨®n por parte de un funcionario que ejerce funciones inspectoras pueden llegar a resolverse, bien utilizando la f¨®rmula ya tradicional de la recomendaci¨®n, bien mediante la entrega de cantidades econ¨®micas en menor o mayor cuant¨ªa. As¨ª mismo, han alcanzado resonancia p¨²blica irregularidades administrativas que en materias tan importantes para la calidad de la vida como son, por ejemplo, el urbanismo y la sanidad, han resultado lesivas para los intereses colectivos de los ciudadanos madrile?os.

El absentismo, una plaga

Pero hay otros aspectos que pueden interpretarse como ?falta de probidad moral? en los funcionarios p¨²blicos (actitud que es ,considerada como falta muy grave tanto en la ley de Funcionarios Civiles como en el texto articulado parcial del Decreto 3.046/1977), a la hora de enjuiciar determinadas actuaciones no menos reprobables que la corrupci¨®n en el ejercicio de la funci¨®n p¨²blica. Una de ellas es el absentismo. Verdadera plaga de la administraci¨®n municipal madrile?a, que alcanza cotas alarmantes de hasta el 43% de inasistencia permanente al trabajo en determinados servicios. Otra, tal vez menos extendida, es la doble percepci¨®n de salarios de otro organismo de la Administraci¨®n.

En cualquier caso, la percepci¨®n de dos o m¨¢s salarios en una sociedad que se debate en una profunda crisis, con m¨¢s de dos millones de trabajadores en paro, no puede moralmente justificarse, ni a¨²n comprendiendo las limitaciones en el poder adquisitivo que un solo salario pueda conllevar para el funcionario p¨²blico. Y, por ¨²ltimo, otro hecho reprobable, que permite entrar de lleno en la problem¨¢tica de la corrupci¨®n, es el resultado de la doble dependencia econ¨®mica (intereses p¨²blicos-intereses privados) que puede llegar a tener un determinado sector de funcionarios, especialmente los de mayor responsabilidad t¨¦cnica y administrativa, como resultado de la ambig¨¹edad existente a la hora de aplicar las incompatibilidades.

Soy consciente de que estas consideraciones de car¨¢cter general pueden inducir a presentar al funcionario p¨²blico como el protagonista negativo de este trabajo. Parece llegado el momento de precisar dos cuestiones.

Primera: creo sinceramente que la generalidad de los funcionarios p¨²blicos del ayuntamiento madrile?o, y en mi experiencia personal una gran mayor¨ªa de los que he podido conocer directamente, piensan y act¨²an con la idea de un exacto y correcto cumplimiento de sus deberes. Lo cual, en cualquier caso, debe considerarse como una actitud a la que est¨¢n obligados. Sin embargo, las actuales estructuras org¨¢nicas del ayuntamiento, el propio tratamiento del procedimiento administrativo y la pr¨¢ctica inexistencia de una informaci¨®n mecanizada, generan permanentemente ?fugas? hacia posiciones acomodaticias o hacia inercias que de hecho impiden una activaci¨®n de la mec¨¢nica municipal.

Segunda: los funcionarios p¨²blicos como colectivo no son los responsables pol¨ªticos de que exista la corrupci¨®n, aunque resulten, en determinados casos, el objeto protagonista de la misma. Ambas cuestiones no las digo para introducir un quiebro sobre mis anteriores afirmaciones. La pura realidad es que la responsabilidad m¨¢xima de que se ataje el problema la tenemos quienes hemos sido elegidos democr¨¢ticamente para tal fin y ello pasa por establecer una serie de criterios claros en la aplicaci¨®n de una preventiva pol¨ªtica anticorrupci¨®n que perfilen con exactitud un regeneracionismo en el ejercicio de la funci¨®n p¨²blica.

Cambiar la maquinaria de gesti¨®n

Un primer criterio general para eliminar las causas estructurales de la corrupci¨®n es la reforma y saneamiento del ayuntamiento madrile?o. Iniciados los trabajos de la Comisi¨®n de Reorganizaci¨®n y Reforma Administrativa, es a¨²n pronto para opinar sobre sus l¨ªneas de actuaci¨®n. En cualquier caso, el objetivo debe ser cambiar la maquinaria de gesti¨®n y adecuarla a las necesidades reales de la poblaci¨®n, puesto que una reorganizaci¨®n basculada hacia la consolidaci¨®n de intereses en el seno del propio ¨®rgano puede resultar un ?fiasco? inaceptable.

Por otro lado, y entre tanto se confecciona esa estrategia de reorganizaci¨®n a medio/largo plazo, conviene, cuando menos, definirse por algunas opciones a aplicar con car¨¢cter urgente. Primera: se hace necesaria la creaci¨®n del registro de intereses de los funcionarios p¨²blicos; esto tal vez sea Jur¨ªdicamente complicado, pero los ciudadanos deber¨¢n saber no s¨®lo lo que pagan a los funcionarios, sino qu¨¦ intereses tienen ¨¦stos en relaci¨®n con las materias privadas que se tratan en la Administraci¨®n p¨²blica.

Segunda: la indeterminaci¨®n y ambig¨¹edad que preside la legislaci¨®n sobre incompatibilidades exigen la aplicaci¨®n generalizada del R¨¦gimen de Dedicaci¨®n Exclusiva a aquellos puestos directivos cuyas responsabilidades resulten incompatibles con el ejercicio de actividades privadas de todo tipo. Tercera: la movilidad rotatoria, peri¨®dica y obligatoria de los funcionarios en los servicios de inspecci¨®n, parece imprescindible. Por aquello de que ?tu mano derecha no sepa exactamente qu¨¦ hace la izquierda?, y porque creo que esto mejorar¨ªa mucho la imagen y eficacia de los mismos. Cuarta: debe ejercerse un control efectivo para impedir el trabajo en dos ¨®rganos dentro de la Administraci¨®n p¨²blica por parte de un solo funcionario y mejorar las prestaciones salariales en las categor¨ªas m¨¢s bajas para contrarrestar parcialmente las causas del doble empleo. Y quinta: debe realizarse una pol¨ªtica de formaci¨®n social y humana del funcionario p¨²blico que eleve su capacidad t¨¦cnica y moral.

El segundo gran criterio tiene que basarse en un mayor endurecimiento en la pol¨ªtica sancionadora y disciplinaria. La legislaci¨®n vigente es demasiado laxa al respecto. Un r¨ªgido control del cumplimiento del horario y unos descuentos sustanciales para los casos de frecuente vulneraci¨®n del mismo, son elementos que tal vez no vayan a resolver el problema de la rentabilidad social de los servicios, mayor dedicaci¨®n al trabajo, etc¨¦tera, pero ayudan a crear un clima favorable y m¨¢s responsable para el cumplimiento de la funci¨®n p¨²blica. En lo relativo al r¨¦gimen disciplinario, tres requisitos b¨¢sicos. Primero: tramitaci¨®n ¨¢gil de los expedientes disciplinarios. Segundo: escrupulosidad exhaustiva en el tratamiento de los mismos. Tercero: garant¨ªas absolutas para la defensa de los intereses del funcionario afectado por el mismo. Cumplidos los mismos, aplicaci¨®n de un r¨¦gimen disciplinario m¨¢s tipificado que el actual y en cualquier caso llev¨¢ndolo hasta sus ¨²ltimas consecuencias.

Por ¨²ltimo, quiz¨¢s el tercer aspecto a tener en cuenta resulte el m¨¢s f¨¢cil de enunciar y posible mente el m¨¢s dif¨ªcil de lograr: la participaci¨®n ciudadana en la lucha anticorrupci¨®n. La sociedad debe intervenir en estas cuestiones, venciendo inercias seculares que tienden al conformismo, cuando no a la colaboraci¨®n, aunque sea en aspectos aparentemente poco relevantes. Por cierto que aqu¨ª se inserta un gran papel que puede y debe jugar la representaci¨®n de los trabajadores municipales, puesto que un solo caso de corrupci¨®n o de abandono del servicio p¨²blico por parte de un solo funcionario mancha a todos los trabajadores del ayuntamiento madrile?o. La sociedad debe denunciar. Y los funcionarios deben potenciar el que los ciudadanos de los que reciben sus salarios ejerzan un eficaz control sobre sus funciones. En definitiva, la sociedad es el patr¨®n real del funcionario p¨²blico, que, al recibir tal condici¨®n, es uno de los pocos espa?oles al que se garantiza el cumplimiento del art¨ªculo 35 de la Constituci¨®n espa?ola: ?Todos los espa?oles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo?.