Posible expediente por abuso de poder contra un alto cargo de la diputaci¨®n
La diputaci¨®n provincial estudia con toda urgencia las diligencias preliminares que podr¨ªan conducir a un expediente sancionador contra la persona de Manuel Bada Herrera, ingeniero director del servicio de v¨ªas y obras de dicho organismo. Seg¨²n la informaci¨®n recogida por EL PAIS, Manuel Bada hab¨ªa ingresado en una cuenta personal el 1% del importe de los proyectos municipales que pasaban por su manos, que ¨¦l reclamaba a los ayuntamientos respectivos como requisito imprescindible para dar el conforme. Las cantidades as¨ª ingresadas en su cuenta sobrepasar¨ªan los veinte millones de pesetas.
Por ahora, un mutismo absoluto rodea este caso de presunta corrupci¨®n. Las diligencias preliminares se han encomendado a los diputados provinciales socialistas, que act¨²an como jueces instructores. Uno de ellos es la diputada Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza, presidenta de la delegaci¨®n de asuntos contenciosos. Su misi¨®n en estos d¨ªas consiste en recoger todos los testimonios y hechos probados y determinar si las pruebas son suficientes para abrir un expediente sancionador.Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza se neg¨® ayer en redondo a facilitar cualquier tipo de informaci¨®n, ya que el sumario tiene car¨¢cter estrictamente secreto.
Por su parte, Manuel Bada declar¨® ayer a EL PAIS que el asunto no es grave, y que se reduce ?a una cuesti¨®n sobre los honorarios y retribuciones que se cobran en el servicio, para ver de actualizarlo o modificarlo. Ahora se est¨¢n estudiando los tr¨¢mites necesarios?.
Sin embargo, los datos recogidos apuntan a irregularidades m¨¢s graves. El ingeniero director es la persona que debe dar el conforme a los proyectos de reparaci¨®n de carreteras, apertura de nuevos accesos y cualquier tipo de obras que afecten a los caminos y v¨ªas dependientes de la diputaci¨®n. Los ayuntamientos pueden encargar la redacci¨®n de los proyectos a sus propios funcionarios o a cualquier empresa, si no los tuvieran. Muchos de ellos recurren a los servicios t¨¦cnicos de la diputaci¨®n. Cuando el proyecto estaba terminado, a falta s¨®lo del conforme de Manuel Bada, ¨¦ste comunicaba a los ayuntamientos que antes deber¨ªan depositar en determinada cuenta de la Banca March, en su sucursal de la calle de Miguel Angel, el 1% del valor total del proyecto.
Despu¨¦s de varias entrevistas con el principal encartado -es posible que otros funcionarios puedan tener tambi¨¦n responsabilidades-, en, el que ¨¦ste se mostr¨® muy abatido, se decidi¨® la apertura del proceso de diligencias previas, que pueden desembocar, casi con toda seguridad, en el expediente sancionador. Se baraja la cifra de m¨¢s de veinte millones de pesetas, como importe de las comisiones percibidas. El encartado parece que ha reconocido s¨®lo la cantidad de ocho millones, que estar¨ªa dispuesto a devolver. La incoaci¨®n o no de expediente se decidir¨¢ esta misma semana.
Este es el primer caso de un funcionar¨ªo de alto rango de la diputaci¨®n que podr¨ªa verse envuelto en un asunto de abuso de su cargo en beneficio personal.
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