Autonom¨ªas: entre el crimen y la chapuza

EN MENOS de veinticuatro horas, el secuestro de un industrial y tres asesinatos pol¨ªticos despiertan el mismo horror que los anteriores delitos de sangre perpetrados por las dos ramas de ETA a lo largo de los ¨²ltimos a?os. Estos cr¨ªmenes dan nuevo motivo para volcar la indignaci¨®n y el desprecio sobre estos inicuos matones que se esfuerzan por hacer coincidir el fracaso de su proyecto pol¨ªtico con el provocador desencadenamiento de una cat¨¢strofe hist¨®rica que sepulte entre las ruinas de las instituciones democr¨¢ticas en toda Espa?a, y de las instituciones de autogobierno en el Pa¨ªs Vasco, tanto a estas bandas terroristas como al r¨¦gimen de libertades. Pero tambi¨¦n pueden servir, una vez m¨¢s, para hacer el balance del inmediato pasado que ha hecho posible o ha provocado el sangriento presente y para adivinar los eventuales puntos de ruptura de este c¨ªrculo vicioso de infamia, dolor y muerte.No parece necesario insistir en el largo trecho recorrido en el camino de las soluciones pol¨ªticas en el Pa¨ªs Vasco desde hace cuatro a?os. Ahora mismo, pese a la sensatez demostrada por el general S¨¢enz de Santamar¨ªa durante su gesti¨®n, sigue arrastr¨¢ndose el litigio en torno a la polic¨ªa aut¨®noma y al redimensionamiento, en efectivos y en localizaciones, de la Guardia Civil y de la Polic¨ªa Nacional dentro de ese territorio. Y, sin embargo, es un secreto a voces, cuyos deformados y manipulados ecos han llegado incluso al Sindicato Profesional de Polic¨ªas, que sin la urgente soluci¨®n de este demorado conflicto ser¨¢ imposible conseguir informaci¨®n fehaciente y completa sobre las redes terroristas y arrebatar a ETA sus eficaces consignas movilizadoras contra la actual pol¨ªtica de orden p¨²blico. La creaci¨®n de una polic¨ªa aut¨®noma numerosa, bien pertrechada y con apoyo de una gran mayor¨ªa de la poblaci¨®n permitir¨ªa aumentar la capacidad operativa contra el terrorismo.

Poco parece preocupar, sin embargo, esta grav¨ªsima situaci¨®n a las fuerzas pol¨ªticas con implantaci¨®n estatal, .que toman al Pa¨ªs Vasco s¨®lo como superficie para las condenas morales y las repulsas pol¨ªticas, y no como objeto de an¨¢lisis y materia de reflexi¨®n. El menosprecio de la urgencia y la destreza que exig¨ªa la necesaria e inaplazable autonom¨ªa vasca, reivindicaci¨®n profundamente sentida y espectacularmente expresada en un territorio en el que una significativa minor¨ªa vota a favor de la independencia y de la violencia, fue acompa?ado porla inflaci¨®n y fomento de reivindicaciones estatutarias en regiones donde nunca habian existido. El resultado ha sido que Andaluc¨ªa pas¨® en menos de tres a?os de una generalizada indiferencia respecto al tema auton¨®mico a la exasperaci¨®n manifestada en el refer¨¦ndum del 28 de febrero. Pero la cuesti¨®n vasca sigue ah¨ª.

Ahora, las fuerzas pol¨ªticas se han puesto de acuerdo para organizar la gran huida hacia adelante en Andaluc¨ªa. Todo el mundo sabe que las diferencias de competencias posibles entre la v¨ªa del 143 y la v¨ªa del 151 son bastante menores que las dificultades de las instituciones de autogobierno -incluso en el Pa¨ªs Vasco y en Catalu?a- para asumirlas en el plazo de unos pocos a?os. Por esa raz¨®n, la dram¨¢tica opci¨®n andaluza en favor del art¨ªculo 151 ha descansado sobre un notable equ¨ªvoco y entra m¨¢s en el reino et¨¦reo de la mitolog¨ªa y del fetichismo que en el mundo terrenal de la pol¨ªtica y de la administraci¨®n p¨²blica. Pero, en cualquier caso, es indiscutible que los resultados del 28 de febrero marcaron la clara voluntad de los andaluces d¨¦ iniciar la marcha hacia las instituciones de autogobierno por ese camino, con independencia de los juicios que puedan formularse, tanto sobre su conveniencia como sobre las manipulaciones y ambiciones partidistas que lo motivaron.

Ahora bien, el procedimiento elegido por los grupos parlamentarios -con la exclusi¨®n de Manuel Clavero, vetado por el Gobierno y dejado en la estacada por la oposici¨®n- es una afrenta al sentido com¨²n y una falta de respeto a la Constituci¨®n, tanto m¨¢s grave cuanto que nadie va a estar en condiciones de interponer el recuuso de inconstitucionalidad pertinente.

Se puede discutir la procedencia jur¨ªdica de modificar ahora la ley de Modalidade; para tratar de equ¨ªpar en algunos aspectos los referendos de iniciativa con los referendos de aprobaci¨®n. As¨ª, el texto del art¨ªculo 151 no impide expl¨ªcitamente que esa iniciativa pueda prosperar en aquellas provincias que la hayan aprobado por mayor¨ªa absoluta de los electores, aunque otras queden descolgadas por no haber alcanzado ese techo. Ni siquiera el plazo de cinco a?os para la reiteraci¨®n de la iniciativa fracasada del articulo 143 fgura expresamente en el art¨ªculo 151. Ambas restricciones fueron un invento de la ley de Modalidades del pasado enero. En esa perspectiva, tal vez se hubiera podido modificar en esos dos puntos la ley de Modalidades. a fin de convocar otro refer¨¦ndum en toda Andaluc¨ªa, que se celebrar¨¢ con arreglo a las nuevas reglas de juego, referidas a la eventual constituci¨®n parcial de la comunidad aut¨®noma y a la supresi¨®n del plazo de cinco a?os.

Pero la inaudita pretensi¨®n de la proposici¨®n de ley presentada ayer en el Congreso de que se puedan leer ocho meses despu¨¦s, los resultados del 28 de febrero con los lentes favorables de una ley posterior que aspira a tener efectos retroactivos sobre la interpretaci¨®n de una consulta popular ya realizada y celebrada en el marco de la ley org¨¢nica que ahora se quiere modificar es sencillamente insostenible.

Dicen que el Parlamento brit¨¢nico puede hacerlo todo menos cambiar de sexo a un ciudadano. Nuestras Cortes, desde luego, no le van a la zaga en sus ambiciones. Pero en nuestro caso existe el agravante de que una Constituci¨®n escrita impide, al menos en teor¨ªa, decisiones tan estrafalarias como la que nuestros legisladores se aprestan a perpetrar en nombre de la raz¨®n de Estado o de las conveniencias de partidos.