Un 81,10% de las empresas ingresan al Tesoro lo retenido a sus empleados

El ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos, inform¨® ayer, ante la correspondiente comisi¨®n del Congreso de los Diputados, que se ha efectuado el control de 108.400 empresas respecto al cumplimiento de la obligaci¨®n de efectuar retenciones de rendimientos del trabajo personal, en contraste con lo declarado por 1.655.427 empleados. El resultado de este control es que un 88,7% de las empresas cumplen sus obligaciones de retenci¨®n y un 81,10% ingresan en el Tesoro lo retenido a sus empleados.En cuanto a los empleados, un 68,21 % de los controlados declar¨® en el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas la misma cantidad declarada por la empresa; un 22,35 % declar¨® menos, y un 12,83 % declar¨® un rendimiento del trabajo personal mayor que el declarado por la empresa. Los datos facilitados por Garc¨ªa A?overos respond¨ªan a una pregunta formulada por el socialista Enrique Bar¨®n sobre el control de las declaraciones que resultan negativas y obligan a Hacienda a devolver el importe pagado. El ministro dijo que el n¨²mero de estas declaraciones es de 969.119 y que se est¨¢ realizando un gran esfuerzo para realizar las devoluciones en el plazo previsto, sin perjuicio de la ulterior comprobaci¨®n inspectora.

Inspecci¨®n de la OCU

En respuesta al socialista Ciriaco de Vicente, Garc¨ªa A?overos reconoci¨® las dificultades para inspeccionar a la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre presuntas irregularidades de la citada entidad en materia laboral y fiscal. El ministro de Hacienda declar¨® que la inspecci¨®n no puede basarse en una denuncia period¨ªstica -como la que hab¨ªa citado el diputado, refiri¨¦ndose a EL PA?S-, sino en una denuncia. A?adi¨® que la inspecci¨®n se inici¨® el 30 de julio ¨²ltimo,A otra pregunta de la socialista catalana Ana Batlleb¨®, sobre revitalizaci¨®n del Consorcio de la Zona Franca, de Barcelona, Garc¨ªa A?overos contest¨® que se hab¨ªa realizado un dictamen de auditor¨ªa contable por parte de la intervenci¨®n general, del que se dio traslado al fiscal general del Estado, al calcalde de Barcelona y al delegado del Gobierno en el Consorcio.