La Generalidad y las negociaciones de adhesi¨®n a las Comunidades Europeas

El debate en torno a la tutela de las cajas de ahorro catalanas por parte de la Generalidad y la figura del gobernador general, est¨¢n sirviendo para poner de manifiesto que la tarea de deslindar funciones entre Gobierno central y poderes aut¨®nomos no es f¨¢cil, por m¨¢s que la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªas han perfilado un sistema para hacer posible el Estado de las autonom¨ªas.Est¨¢ muy claro adem¨¢s que por m¨¢s buena voluntad que se ponga, conflictos de este tipo surgir¨¢n con frecuencia en los pr¨®ximos a?os en que debe irse desarrollando la normativa que haga operativas las definiciones y declaraciones de rango constitucional y estatutario.

Es preciso, por otra parte, que se haga cuanto se pueda para evitar tensiones institucionales en los terrenos -por fortuna muchos- en que las cosas est¨¢n perfectamente claras y en que solamente unos malentendidos podr¨ªan hacer pensar que hay problemas en temas en que ni hay tensi¨®n ni debe haberla. Esta introducci¨®n sirve para entrar en la consideraci¨®n de la resoluci¨®n del Parlamento de Catalu?a del pasado 11 de noviembre por la cual se insta al Gobierno de la Generalidad a organizar, de acuerdo con el Gobierno del Estado, una comisi¨®n de segumiento de las negociaciones de adhesi¨®n de Espa?a a las Comunidades Europeas.

Relaciones internacionales; competencia del Estado

La propuesta de creaci¨®n de tal comisi¨®n, conversaciones celebradas por el presidente de la Generalidad y por parlamentarios de Minor¨ªa Catalana al respecto, y contactos de miembros del ejecutivo catal¨¢n con el embajador de Espa?a ante las Comunidades Europeas, han desencadenado algunas reacciones y comentarios de tono exagerado sobre el papel de la Generalidad en las negociaciones de adhesi¨®n de Espa?a a las Comunidades Europeas.

En Catalu?a se tiene muy claro que el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n -que los espa?oles aprobamos por refer¨¦ndum el 6 de diciembre de 1978- reserva al Estado la competencia exclusiva de las relaciones internacionales, aunque se tiene claro tambi¨¦n que el Estatuto de Catalu?a de 18 de diciembre de 1979 fija en su art¨ªculo 27 que la Generalidad ser¨¢ informada en la elaboraci¨®n de tratados y convenios de car¨¢cter internacional (lo mismo que se da, por cierto, en el art¨ªculo 20 del Estatuto de Euskadi, de igual fecha).

Es este el alcance real que hay que dar a la resoluci¨®n del Parlamento catal¨¢n, del 11 de noviembre, a las gestiones y conversaciones mantenidas por representantes del ejecutivo catal¨¢n y a los estudios que la Generalidad lleva a t¨¦rmino sobre el impacto econ¨®mico y jur¨ªdico que el ingreso de Espa?a en las Comunidades Europeas producir¨¢ sobre la econom¨ªa catalana.

El propio Parlamento de Catalu?a explicitaba en su resoluci¨®n que las funciones y operatividad de la mencionada comisi¨®n de seguimiento fuera concretada por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, de acuerdo con el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, cuyo actual titular, por cierto, es miembro del Parlamento catal¨¢n, que por unanimidad aprob¨® la creaci¨®n de la mencionada Comisi¨®n de Seguimiento de las Negociaciones de adhesi¨®n.

Sin embargo, y pese a todas estas puntualizaciones, est¨¢ muy claro que a Catalu?a le interesa y le afecta muy de cerca todo lo que sean negociaciones de adhesi¨®n. No hace falta recordar en estas l¨ªneas que la Comunidad -con diez pa¨ªses miembros desde el pr¨®ximo 1 de enero- es la principal ¨¢rea de intercambios econ¨®micos externos del Principado, tanto si se contabilizan importaciones y exportaciones como si se miran los flujos tur¨ªsticos o de inversiones, y que es con esta ¨®ptica y la de tener muy en cuenta que lo que pasa en Europa se deja sentir al sur de los Pirineos, casi inmediatamente, que el proceso de incorporaci¨®n de Espa?a a la Comunidad preocupa a Catalu?a.

Cualquier conocedor mediano de los temas comunitarios sabe, por otra parte, el alcance limitado que tiene el proceso negociador y la beligerancia reducida que hasta ahora, y pese a los ¨²ltimos esfuerzos del Parlamento europeo, tienen las regiones en Europa.

De la habilidad con que las negociaciones de adhesi¨®n vayan siendo conducidas -y hay que recordar que el Consejo Ejecutivo catal¨¢n mostr¨® su confianza al respecto, hace unos meses- no podr¨¢n derivarse otros cambios en el proceso de aceptaci¨®n y recepci¨®n de las normas comunitarias que los posibles en cuanto a calendar¨ªos de adopci¨®n por Espa?a del acervo comunitario y a derogaciones temporales de ciertas de las obligaciones que la pertenencia a la Comunidad Europea comportan.

Junto a ello resulta tambi¨¦n innegable que Catalu?a no espera -cuando Espa?a sea miembro de la Comunidad- excepciones al sistema comunitario normal, como espera el archipi¨¦lago canario en funci¨®n de su siempre en vigor R¨¦gimen Econ¨®mico Fiscal Especial y que, por ello, esta siguiendo la negociaci¨®n no va a significar intentar sustraerse al ?r¨¦gimen general? que llegue a acordarse para la integraci¨®n de Espa?a y se plasme en los tratados de adhesi¨®n cuando lleguen a puerto las negociaciones iniciadas el 5 de febrero de 1979.

No se trata, pues, de buscar condiciones de adhesi¨®n especiales, sino de poder ir valorando el impacto econ¨®mico que las transacciones que la negociaci¨®n comportan pueden acarrear para los sectores econ¨®micos de m¨¢s implantaci¨®n en Catalu?a y de ir viendo la manera en que el proceso de adopci¨®n del acervo comunitario ir¨¢ modificando las competencias auton¨®micas.

La Espa?a de las regiones

Catalu?a ha venido repitiendo su firme voluntad de mejorar la gobernabilidad global del Estado y es muy consciente del papel que puede y debe jugar, tanto en el contexto de la Europa de las regiones como en el contexto de la negociaci¨®n de adhesi¨®n de Espa?a a la Comunidad Europea.

Con la resoluci¨®n aprobada en el Parlarnento catal¨¢n no se trata, pues, de interferir en nada el proceso normal de negociaci¨®n, sino de ir dando cuerpo a lo que la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa dicen al respecto, teniendo en cuenta la enorme importancia del tema para nuestro futuro y teniendo en cuenta, tambi¨¦n, de que ya en mayo pasado el Parlamento europeo vio una propuesta de resoluci¨®n en la que se invitaba al Gobierno espatol a asociar a los Gobiernos aut¨®nomos de Catalu?a y Euskadi a la negociaci¨®n de adhesi¨®n