La divisi¨®n del voto de los centristas no impidi¨® la aprobaci¨®n del divorcio por mutuo acuerdo

El ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, sintetiz¨®, con una claridad que dej¨® perplejos a los sectores m¨¢s conservadores de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico, lo que significa para todos los espa?oles el proyecto de ley que ayer qued¨® dictaminado por la Comisi¨®n de Justicia del Congreso: la posibilidad de divorciarse por mutuo acuerdo, sin que haya que aportar m¨¢s prueba ante el juez que el propio consentimiento y un a?o de separaci¨®n de hecho. ?La voluntad de las personas no se investiga. La voluntad se constata, sin m¨¢s historias?, fueron sus palabras.

Momentos antes, UCD hab¨ªa roto la disciplina de partido al dividir sus votos entre la propuesta del centrista Jos¨¦ Antonio Escart¨ªn, partidario de una investigaci¨®n del juez y del fiscal cuando haya hijos, aunque la pareja est¨¦ totalmente de acuerdo en divorciarse, y el texto avalado por el se?or Fern¨¢ndez Ord¨®?ez.Al final de la sesi¨®n de ayer, un moderado optimismo reinaba entre los parlamentarios. Sin embargo, un punto important¨ªsimo de la ley ha quedado aparcado para su discusi¨®n en el Pleno del Congreso, debido a la rebeld¨ªa de los democristianos de UCD. Este punto, recogido en la disposici¨®n adicional d¨¦cima del proyecto, impide a todas aquellas parejas que est¨¦n tramitando la anulaci¨®n o separaci¨®n matrimonial ante los tribunales de la Iglesia pasarse ahora, con la nueva ley, a la jurisdicci¨®n civil. Los socialistas trataron de introducir una enmienda que establec¨ªa que, alegando que uno de los dos, o ambos, c¨®nyuges hab¨ªan dejado de tener las creencias religiosas que les motivaron a casarse en su d¨ªa por la Santa Madre Iglesia, pudieran abandonar esta v¨ªa y tramitar su divorcio civil. El propio ministro hab¨ªa recomendado a los de su grupo que apoyaran la enmienda del PSOE, ya que el actual texto es, a su juicio, inconstitucional. ?No se trata de salvaguardar los intereses de la Iglesia?, resumi¨® el se?or Fern¨¢ndez Ord¨®?ez a EL PA?S, ?sino salvaguardar los intereses establecidos en la Constituci¨®n de libertad religiosa y de amparo jur¨ªdico?.

La sesi¨®n de ayer de la Comisi¨®n de Justicia del Congreso puso punto final a los debates sobre el proyecto de ley de Divorcio elaborado meses atr¨¢s por la ponencia. A ritmo maratoniano, sus se?or¨ªas aprobaron, en algo m¨¢s de una hora, los ¨²ltimos catorce art¨ªculos de la ley, relativos al r¨¦gimen de pensiones, y las dos disposiciones transitorias, normalizadoras de los contad¨ªsimos casos que pueden quedar todav¨ªa en Espa?a de personas divorciadas seg¨²n la ley dictada en la II Rep¨²blica, y que quieran de nuevo contraer matrimonio.

Divorcio de las parejas en desacuerdo

La tensi¨®n, las expectativas y el punto de mira de todos los grupos parlamentarios estaba dirigido a las dos cuestiones fundamentales del texto: la disposici¨®n adicional quinta, relativa al divorcio de las parejas en desacuerdo, y muy especialmente a la disposici¨®n adicional sexta, que establece los pasos a seguir cuando los c¨®nyuges est¨¦n de acuerdo en divorciarse. Una y otra resumen las circunstancias que rodear¨¢n a todos aquellos que deseen en un futuro pr¨®ximo disolver su matrimonio, sea cual sea la causa.

La mencionada disposici¨®n quinta establece que cuando uno de los c¨®nyuges solicita el divorcio contra la voluntad del otro, ambos dispondr¨¢n de treinta d¨ªas para presentar y practicar pruebas, entre ellas la comparecencia de testigos, parientes o empleados de hogar. Tambi¨¦n permite la ley a los c¨®nyuges en litigio acusarse mutuamente por cosas distintas, si su desacuerdo llega hasta esos extremos. El juez, en todo caso, ser¨¢ el encargado de averiguar lo sucedido, y para ello podr¨¢ recabar todas las pruebas que considere necesarias. En este punto, el texto de la ponencia sufri¨® ayer una variaci¨®n muy importante. En un principio, el juez pod¨ªa ?explorar o examinar? a los hijos menores de catorce a?os en averiguaci¨®n de la verdad. Ello provoc¨® una enmienda de los socialistas, defendida por Antonio Sotillos, para suprimirlo, en base a razones de car¨¢cter humano. El se?or Sotillo pregunt¨® a los dem¨¢s grupos parlamentarios si consideraban correcto coger a un cr¨ªo, plantarlo ante el juez y preguntarle si su pap¨¢ pegaba a su mam¨¢ por los pasillos, o si la madre era ad¨²ltera o injuriaba al esposo, o tantas y tantas desgraciadas escenas dom¨¦sticas que acaban con la ruptura de un matrimonio. Rechazada la enmienda en un principio por UCD, hubo despu¨¦s una reconsideraci¨®n, y finalmente acordaron dejar al margen del litigio a tan delicados testigos.

Otra modificaci¨®n sustancial, introducida por Virgilio Zapatero y aceptada por la mayor¨ªa, har¨¢ posible a los c¨®nyuges entablar el divorcio enfrentados, y si a mitad del proceso, por lo que sea, se ponen de acuerdo, pueden pasarse a la v¨ªa del divorcio por mutuo acuerdo, mucho m¨¢s sencilla, barata y r¨¢pida.

Antes de pasar a la disposici¨®n clave, la sexta, se concedi¨® una pr¨®rroga para reflexionar. Exist¨ªan cuatro alternativas: aprobar el texto de la ponencia, tal y como defend¨ªan los socialdem¨®cratas de UCD, el ministro y algunos democristianos, entre ellos el presidente de la comisi¨®n, Oscar Alzaga; admitir el texto alternativo de los socialistas, mucho m¨¢s escorado hacia posiciones de izquierda; apoyar el voto particular del centrista Jos¨¦ Antonio Escart¨ªn, vinculado al Grupo Parlamentario Centrista, de mayor¨ªa democristiana, y que concede mayor poder al juez y al fiscal cuando existen hijos menores o incapacitados, y finalmente optar por un texto presentado por el tambi¨¦n centrista Joaqu¨ªn Satr¨²stegui, que se presentaba como una tercera v¨ªa entre los socialdem¨®cratas y los democristianos de UCD y pretend¨ªa evitar la ruptura interna.

Escart¨ªn mantuvo su voto particular, y ello le permite someterlo a votaci¨®n en el Pleno del Congreso, aunque, dada la actual composici¨®n de la C¨¢mara, tiene pocas probabilidades de salir adelante. En su defensa, el diputado centr¨ªsta dijo que el juez deb¨ªa investigar, al igual que el fiscal, hasta el fondo del acuerdo de los c¨®nyuges, para averiguar si mienten o dicen la verdad. Consider¨® que no era suficiente la propia declaraci¨®n o aportaci¨®n de pruebas, pues, en su opini¨®n, esto ?beneficiar¨ªa a los m¨¢s espabilados que hayan acudido al notario para dar cuenta de su separaci¨®n?, y solicitaba, en s¨ªntesis, que el fiscal se convirtiera en todo el proceso -relativamente corto- en un ?defensor del v¨ªnculo?, en beneficio siempre de los hijos?.

Sometido a votaci¨®n, su voto fue apoyado por los centristas Vega Escand¨®n, Joaqu¨ªn Satr¨²stegui, Ruiz Navarro, Figueredo y Rodr¨ªguez Miranda. En contra votaron todos los dem¨¢s, incluido el representante de Coalici¨®n Democr¨¢tica, porque dijo que lo mismo le daba el texto de la ponencia que el texto de Escart¨ªn. Oscar Alzaga y Luis de Grandes se abstuvieron.

"Poderes inquisitoriales al juez"

Su compa?era de banco, Mar¨ªa Dolores Pelayo, lleg¨® a decir que la propuesta de Escart¨ªn conced¨ªa al juez poderes inquisitoriales y, cuando intent¨® resaltar lo ins¨®lito que le resultaba atacar a su propio compa?ero, fue secamente interrumpida por Oscar Alzaga, quien le oblig¨® a limitarse al texto del divorcio y a no sacar a relucir m¨¢s p¨²blicamente todav¨ªa los problemas internos de UCD. El ministro de Justicia intervino entonces para reafirmar la tesis de Mar¨ªa Dolores Pelayo, y aclarar, ya de una vez, que el proyecto admit¨ªa el divorcio por mutuo acuerdo sin mayores complicaciones. ?Lo que no admitimos es el divorcio basado en el simple acuerdo, sino basado en la ruptura, y esa ruptura tiene que ser probada con el cese efectivo de la convivencia conyugal y con el trascurso del tiempo. Cualquier prueba documental del acuerdo es suficiente y ah¨ª el juez no puede hacer nada en defensa de un matrimonio definitivamente roto?, dijo.

?Quiero recordar?, finaliz¨® el ministro, ?la recomendaci¨®n del Consejo de Europa, para cuyos integrantes un matrimonio roto es como una c¨¢scara vac¨ªa, al que hay que disolver con la menor humillaci¨®n y amargura posible?. La tercera v¨ªa, de Satr¨²stegui, as¨ª como el texto alternativo del PSOE, fueron derrotados.

Un ¨²ltimo hecho destacable de la ley fue la aprobaci¨®n de una disposici¨®n nueva, la und¨¦cima, propuesta por Mar¨ªa Dolores Pelayo. En s¨ªntesis, esta disposici¨®n salvaguarda los derechos en la Seguridad Social de la mujer y los hijos, aunque se hayan divorciado, y el ex marido hubiese cotizado como familia, y reparte de manera equitativa las pensiones de viudedad para aquellos matrimonios que se separaron durante la Rep¨²blica y no pudieron volver a casarse durante la ¨¦poca de Franco. En la pr¨¢ctica, esto quiere decir que si la esposa leg¨ªtima convivi¨® durante un a?o con el marido, y la ileg¨ªtima cuarenta, el reparto de la pensi¨®n de viudedad y derechos en la Seguridad Social se har¨¢ conforme a esa equivalencia: lo correspondiente a doce meses para la primera y lo correspondiente a cuarenta a?os para la segunda, texto que fue aprobado por unanimidad.