La nueva estrategia auton¨®mica

TRAS CONOCER los deprimentes resultados del refer¨¦ndum de Galicia, situados muy por debajo de los m¨¢s pesimistas pron¨®sticos sobre participaci¨®n popular en las urnas, el Consejo de Ministros del lunes celebr¨® una sesi¨®n dedicada casi exclusivamente a las cuestiones auton¨®micas. El decreto sobre la polic¨ªa aut¨®noma vasca, que recoge los laboriosos acuerdos entre el poder ejecutivo y el Gobierno de Vitoria, constituye una importante contribuci¨®n a la salida pol¨ªtica del enconado conflicto de Euskadi, en el que las consignas del nacionalismo radical contra las Fuerzas de Orden P¨²blico -el extendido que se vayan- han jugado peligrosa y eficazmente contra la aceptaci¨®n por un significativo sector de la sociedad vasca del Estatuto de Guernica y las instituciones de autogobierno.El Gobierno anuncia tambi¨¦n un conjunto de disposiciones legislativas encaminadas a dar a los borrosos y difuminados perfiles del Estado de las autonom¨ªas una mayor claridad y fijeza. No parece probable que existan acuerdos previos de car¨¢cter reservado con otras fuerzas pol¨ªticas para llevar a buen puerto parlamentario esas iniciativas. El anunciado prop¨®sito del Gobierno de discutir ese bloque legislativo con las minor¨ªas nacionalistas y la oposici¨®n parlamentaria debe ser acogido, en todo caso, con cierta cautela. Porque si la negociaci¨®n es planteada por los centristas como un lo toma o lo deja, en el marco de una pol¨ªtica de hechos consumados, los elementos positivos y sensatos de la propuesta gubernamental podr¨ªan irse por el sumidero junto a las partes rechazables o pol¨¦micas. En tal caso, la vida p¨²blica espa?ola podr¨ªa tambi¨¦n regresar, en un lamentable salto. atr¨¢s, a la etapa anterior a la aprobaci¨®n de los estatutos catal¨¢n y vasco, a las bizantinas discusiones en torno a las formas de distribuci¨®n territorial del poder y a los enfrentamientos previos al 28 de febrero.

Hasta tanto los principios generales anunciados por el Gobierno se concreten en proyectos de ley, habr¨¢ que conformarse con se?alar las l¨ªneas maestras de esa estrategia. La propuesta, as¨ª, se despliega en tres direcciones, cada una dotada de su propia l¨®gica, y no necesariamente articulada con las dem¨¢s.

De un lado, el Gobierno parece convencido de la necesidad de desarrollar el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n, que detalla las competencias exclusivas del Estado en relaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, en aspectos tales como las bases del r¨¦gimen jur¨ªdico de las administraciones p¨²blicas, la ordenaci¨®n de la actividad econ¨®mica general (con especial referencia al cr¨¦dito, la banca y los seguros), los t¨ªtulos acad¨¦micos y la seguridad ciudadana. Sus razones tendr¨¢ el poder ejecutivo para considerar imprescindible la promulgaci¨®n de esta, especie de Estatuto de heteronom¨ªa, por lo dem¨¢s no previsto en el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n. Resulta, sin embargo, algo pesada esa voluntad del Gobierno, visible tambi¨¦n en el Estatuto de las Libertades P¨²blicas, para desarrollar como leyes org¨¢nicas art¨ªculos de la norma fundamental que necesitar¨ªan, como m¨¢ximo, una instrumentaci¨®n jur¨ªdica de rango menor.

Como segundo bloque de la nueva estrategia centrista figura una ley de armonizaci¨®n referida a las comunidades aut¨®nomas. El art¨ªculo 150 de la Constituci¨®n establece, efectivamente, la posibilidad de dictar leyes que ?establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades aut¨®nomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de ¨¦stas, cuando as¨ª lo exija el inter¨¦s general?. El avance del contenido de la nueva ley resulta, sin embargo, algo desconcertante. La preocupaci¨®n por los s¨ªmbolos y por la terminolog¨ªa jur¨ªdica de los documentos oficiales de las instituciones de autogobierno da pie para sospechar que la obsesi¨®n por los emblemas y los t¨ªtulos de la Espa?a del siglo XVII y la fetichizaci¨®n de las palabras de ¨¦pocas m¨¢s recientes han sido heredadas por nuestros gobernantes sin acogerse siquiera al beneficio de inventario. De otro lado, la presentaci¨®n con car¨¢cter general de los delicados problemas que puede plantear la coexistencia del idioma oficial con otras lenguas, tambi¨¦n espa?olas, en los territorios aut¨®nomos, resulta una astucia algo tonta, dado que la cuesti¨®n queda circunscrita al Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Galicia. A medio y largo plazo no se termina de entender muy bien, por lo dem¨¢s, el p¨¢nico que empieza a cundir en ciertos medios por el porvenir del castellano, un idioma hablado por trescientos millones de personas y dotado de enormes virtualidades en todas las ¨¢reas de la comunicaci¨®n, de la creaci¨®n y de la ciencia. Si algo hay que proteger no es el castellano, que goza de una excelente salud, sino los idiomas minoritarios dentro de la Pen¨ªnsula, amenazados desde distintos flancos y varados en formas de comunicaci¨®n fundamentalmente coloquial, salvo los esfuerzos realizados a contracorriente durante las ¨²ltimas d¨¦cadas para desarrollarlos como lenguas de cultura y entroncarlos con sus tradiciones.

Queda, finalmente, la propuesta de desbloqueo de las autonom¨ªas del Pa¨ªs Valenciano, Arag¨®n y Canarias, que han incumplido las previsiones constitucionales de iniciativa auton¨®mica tanto del art¨ªculo 143 como del 151, y la ordenaci¨®n del mapa de las instituciones de autogobierno en el resto del pa¨ªs. La sugerencia de igualar a todas las comunidades aut¨®nomas, tanto en competencias como en instituciones, equivale a elevar al rango de norma la nueva consigna centrista de todos caf¨¦, pero puede tropezar con el terco hecho de las diferencias culturales e hist¨®ricas de -al menos- Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, y convierte retroactivam ente en in¨²tiles los debates sobre el 143 y el 151. La creaci¨®n de Parlamentos en todas las comunidades aut¨®nomas puede colmar la codicia de cargos y empleos de los pol¨ªticos subalternos, pero tambi¨¦n plantea problemas relacionados con la contenci¨®n del gasto p¨²blico,y algunas interrogantes acerca de su utilidad y funcionalidad. Digamos, desde ahora, que ser¨ªa altamente deseable resolver de una vez el absurdo embrollo originado por el t¨ªtulo VIII, pero que la soluci¨®n s¨®lo puede proceder de una concertaci¨®n de las grandes fuerzas pol¨ªticas del pa¨ªs, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos. Porque, de no darse ese acuerdo, el Estado cuasi federal del que ha hablado el secretario de Estado, Manuel, Broseta, podr¨ªa transformarse en un invento teratol¨®gico tan misterioso y confuso como el Estado de las autonom¨ªas.