Concertaci¨®n y acci¨®n concertada ante la negociaci¨®n colectiva
Se acaba de cumplir el primer a?o de vigencia del acuerdo-marco interconfederal y al tiempo que la CEOE y la UGT examinan los t¨¦rminos de la revisi¨®n salarial para 1981 y el grado de cumplimiento de las cl¨¢usulas contenidas en el AMI surge la noticia de la posible convocatoria desde el Gobierno de una negociaci¨®n con las centrales sindicales y la patronal en tomo a un plan conjunto de actuaciones contra el paro.Una de las principales virtudes que entra?aba la firma del AMI el 5 de enero de 1980 era la de poner fin a un per¨ªodo de intervenci¨®n administrativa en la fijaci¨®n de las condiciones a que deb¨ªan someterse las relaciones de trabajo en las empresas. Aquella intervenci¨®n, iniciada en 1977 -de acuerdo con las exigencias del ajuste econ¨®mico contemplado en los acuerdos de la Moncloa, al amparo del consenso pol¨ªtico generalizado y en ausencia de organizaciones sindicales y patronales reci¨¦n salidas de la ilegalidad y de los actos de afirmaci¨®n en recintos deportivos-, tuvo continuaci¨®n en 1978 tras el fracaso de las ?jomadas de rellexi¨®n? fuertemente condicionacas a expectativas de calendario electoral, y por fin se diluye en el decreto-ley 21/1979, de 29 de diciembre, en el que la intervenci¨®n p¨²blica sobre la determinaci¨®n de las rentas salariales se confia a [os sindicatos y organizaciones empresariales en ejercicio de su libertad y autonom¨ªa.
Eldesarrollo de la negociaci¨®n colect¨ªva al amparo del AMI en 1980 debe valorarse positivamente desde una triple perspectiva. En primer lugar, por lo que ha aportado ala consolidaci¨®n de los agentes sociales en su autonom¨ªa frente al Estado, y por tanto, de fortalecimiento, siempre deseable, de la sociedad frente a la tutela de aqu¨¦l. En segundo t¨¦rmino, por su importante contribuci¨®n al clima de paz social y de ausencia de conflictividad, tan necesarias para abordar sosegadamente los problemas que la crisis origina en las empresas. Y en tercer t¨¦rmino, por la consecuci¨®n general de los objetivos salariales pactados entre las partes, como factor indispensablepara estabilizar la actitud empresarial frente a la inversi¨®n y, por ende, frente al empleo.
Contrapartidas en empleo
Por contraste, el avance ha sido escaso en el desarrollo de algunos aspectos de especial significaci¨®n que se contemplaban en el AMI y que, resumiendo, se concretaban b¨¢sicamente en la mejora de la productividad y su distribuci¨®n, la correcci¨®n del absentismo y de los costes que ¨¦ste entra?a para la empresa y para los trabajadores y las medidas tendentes a reducir la edad de jubilaci¨®n de los trabajadores a los 64 a?os.
Con independencia de las diferencias de criterio que puedan pesar en estos momentos sobre la negociaci¨®n CEOE-UGT para definir la previsi¨®n de inflaci¨®n en 1981 y la banda de revisi¨®n salarial subsiguiente, parece l¨®gico pensar que los sindicalistas centren su atenci¨®n en las contrapartidas que, en t¨¦rminos de empleo, puedan ofrecer los empresarios y la Administraci¨®n, a cambio de la aceptaci¨®n de salarios definidos en funci¨®n de inflaci¨®n futura, rebajada de productos energ¨¦ticos y de incrementos de presi¨®n fiscal indirecta.
En este terreno aparecen de nuevo los aspectos estancados del AMI firmado hace un a?o, de cuyo desarrollo decidido podr¨ªan deducirse, a medio plazo, mejores condiciones del empleo a trav¨¦s de la ineludible mejora de la competitividad de las empresas. Sin embargo, y a corto plazo, se puede suavizar algo el proceso de amortizaci¨®n de puestos de trabajo por parte de las empresas a cambio de compromisos de mejora en la productividad y a trav¨¦s de las f¨®rmulas m¨¢s flexibles de contrataci¨®n laboral que permite la nueva legislaci¨®n.
Resulta ocioso insistir en que el problema del paro constituye, no s¨®lo por sus proporciones, sino por sus espec¨ªficas caracter¨ªsticas, el desequilibrio b¨¢sico que tiene planteado nuestra sociedad y, por ello, los programas para combatir el desempleo aparecen con demasiada frecuencia como tel¨®n de fondo para destacar la presencia de los actores en liza.
La pugna entre los dos sindicatos m¨¢s representativos del pa¨ªs ha tenido ya su desenlace con el conocimiento de los resultados electorales provisionales en las empresas, que confirman una importante ganancia de posiciones del sindicato que hace un a?o apost¨®, a pesar de los riesgos, por la v¨ªa de la negociaci¨®n del AMI, lo cual no puede sino impulsar a sucompetidor a la insistencia en sus reiteradas propuestas de pactos m¨¢s amplios, en los que el Gobierno se vea comprometido a ser posible, y en los que, por supuesto, dicho sindicato aparezca con la iniciativa que no alcanza a trav¨¦s de su mera propuesta sindical.
La tentaci¨®n del Estado
La tentaci¨®n de condi cionar el marco de la negociaci¨®n colectiva -m¨¢s amplia que- la simple negociaci¨®n salarial- a la'presencia del Estado, en esta ocasi¨®n para hacer frente al problema del paro, llama de nuevo a nuestra puerta, reclamando intervenci¨®n p¨²blica para solucionar un problema que la propia sociedad ven¨ªa asumiendo de forma gradual a lo largo de los ¨²ltimos a?os.
La resurrecci¨®n de esa vieja tradici¨®n puede contribuir a la interrupci¨®n de un proceso por el que la Administraci¨®n y los agentes sociales hab¨ªan acotado y se hab¨ªan asignado sus propias responsabilidades, sin que, esta vuelta atr¨¢s aporte perspectivas innovadoras de soluci¨®n a un problema que, como el paro, tiene soluci¨®n en la negociaci¨®n solidaria de los esfuerzos que deben asumir las partes, y no en el desgaste pol¨ªtico o sindical del adversario, ni mucho menos en el recurso, que cre¨ªamos abandonado, de las acciones concertadas con cargo al presupuesto.
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