La estad¨ªstica y la pol¨ªtica

Todo intento de buen gobierno de las personas y las cosas exige, dejando a un lado los presupuestos ideol¨®gicos, algo tan simple y complejo a la vez como es el conocer sobre qu¨¦ realidad se gobierna; exige el estar perfectamente informado de las posiciones objetivas de partida para desde ellas, tomar las medidas adecuadas a fin de dirigir la sociedad a esa meta, quiz¨¢ inalcanzable, entrevista por la ideolog¨ªa, y existe el seguimiento continuado de todo cambio sufrido por las personas uy y las cosas, de tal manera que su resultado sirva de indicador de las posibles desviaciones del camino deseado y, por tanto, oriente sobre las acciones rectificadoras m¨¢s id¨®neas a tomar. Es claro que cuanto m¨¢s, correcto y veraz sea este conocimiento de la realidad, las medidas de gobierno ser¨¢n tambi¨¦n m¨¢s correctas.Prescindiendo de la intuici¨®n pol¨ªtica, sin que esto suponga su minusvaloraci¨®n, el conocimiento de la realidad para los fines del buen gobierno pasa por su cuantificaci¨®n, o, o que es equivalente, por la obtenci¨®n de estad¨ªsticas. Se ha destacado como car¨¢cter ineludible de las estad¨ªsticas el que pongan de manifiesto la realidad sobre la que el pol¨ªtico trabaja, y ello con la m¨¢xima credibilidad, para lo cual resulta imprescindible que su obtenci¨®n se lleve a cabo dentro de una independencia t¨¦cnica, compatible con la necesaria inserci¨®n en el cuerpo del Estado, a fin de que el destinatario sepa que tiene ante s¨ª la realidad, y no su realidad, quiz¨¢ deformada por su particular visi¨®n ideol¨®gica o, por qu¨¦ no decirlo, interesada.

Al menos avisado se le alcanza que la independencia t¨¦cnica total es tan ut¨®pica como el conocimiento total objetivo de la realidad, pero ello no debe impedir que se arbitren los medios para acercarse a esa independencia. El Gobierno tiene que ser el primer interesado en procurar que tal cosa suceda; la sociedad ha de exigirle que ponga a su disposici¨®n la informaci¨®n correcta que precisa para la realizaci¨®n de sus propios fines, debiendo cuidar que las acciones del Gobiemo no lo impidan o dificulten. De aqu¨ª que los organismos encaminados de elaborar estad¨ªsticas hayan de situarse en la mayor medida al margen de los avatares pol¨ªticos y sean permeables a las exigencias sociales en materia estad¨ªstica, tanto m¨¢s cuanto m¨¢s importante sea ¨¦sta, siendo, por ello, necesario que la sociedad disponga de elementos que controlen no s¨®lo la posible presi¨®n gubernamental sobre los productores de estad¨ªsticas, sino tambi¨¦n el propio quehacer estad¨ªstico; es decir, si la producci¨®n estad¨ªstica ha de servir al Gobierno para su toma de decisiones, y a la sociedad, para las suyas, surge insoslayablemente la necesidad de un control social, tanto de la planificaci¨®n de la tem¨¢tica estad¨ªstica como de su ejecuci¨®n puntual.

Independencia de las estad¨ªsticas

La m¨¢xima independencia estad¨ªstica pasa aqu¨ª y ahora por algo tan evidente como el lograr el mayor alejamiento entre los centros de decisi¨®n pol¨ªtico-econ¨®micos y los centros de elaboraci¨®n de estad¨ªsticas, en particular el Instituto Nacional de Estad¨ªstica. Sin menoscabo de la deseada descentralizaci¨®n y desconce?traci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica (art¨ªculo 103,1 de la Constituci¨®n), es preciso que el INE sea el organismo que realice los trabajos estadisticos que inciden de una manera directa en las decisiones de pol¨ªtica econ¨®mica y social a nivel estatal. Para ello, aparte de contar con los medios adecuados, necesita verse, en la medida de lo posible, alejado de las influencias pol¨ªticas m¨¢s a menos coyunturales. La independencia del INE es la base de su credibilidad, y ¨¦sta ser¨¢ tanto m¨¢s d¨¦bil cuanto m¨¢s cerca se halle de los centros de decisi¨®n. El margen de maniobra en lo referente a su ubicaci¨®n administrativa independendiente es peque?o; encontrar el lugar id¨®neo, dif¨ªcil; dar con el menos adecuado, f¨¢cil; hoy d¨ªa se ha conseguido esto ¨²ltimo al incluirlo en el nuevo Ministerio de Econom¨ªa y Comercio; esta afirmaci¨®n no debe interpretarse como una particular sospecha de posibles intromisiones por parte de los rectores de la econom¨ªa nacional en las funciones del INE. Tal sospecha ser¨ªa infundada. Pero lo perfectamente admisible es la mala imagen y la razonable falta de confianza que los usuarios de las estad¨ªsticas, y el pa¨ªs en general, pueden sentir al contemplar la actual dependencia administrativa del INE. S¨ª realmente se desea por parte del Gobierno esta independencia, y en principio no hay por qu¨¦ dudarlo, ?por qu¨¦ no dar al Instituto Nacional de Estad¨ªstica un status administrativo an¨¢logo al del Tribunal de Cuentas o al del Banco de Espa?a?

Un instrumento necesario para las autonom¨ªas

Un Estado de las autonom¨ªas en el que ¨¦stas no dispusieran de las necesarias competencias para su gobiemo ser¨ªa no m¨¢s que una figura ret¨®rica sin contenido dinamizador. Por ello es preciso que en el campo concreto que se analiza, las autonom¨ªas posean, si lo estiman necesario, oficinas de estad¨ªstica capaces de proporcionar la informaci¨®n precisa relativa a su territorio no facilitada por la oficina central. Sin embargo, y por la propia ¨ªndole de la finalidad de las estad¨ªsticas, no es conveniente considerar esta competencia auton¨®mica en el mismo plano de igualdad que las restantes. No se debe al azar que entre las competencias que la Constituci¨®n asigna a los territorios que acceden a la autonom¨ªa por el art¨ªculo 143 -no figuren las estad¨ªsticas (art¨ªculo 148,1), dejando, no obstante, impl¨ªcitamente esta posibilidad a los que la logran pcr el art¨ªculo 151 (posibilidad plasmada en los estatutos vasco y de la Generalidad) o las autonom¨ªas v¨ªa art¨ªculo 143 pasados cinco a?os (art¨ªculo 148,2). Por otro lado, los redactores de la Constituci¨®n, conscientes de la trascendencia de las competencias estatales (art¨ªculo 149,1), y ante la conveniencia o necesidad de que alguna de ellas pueda ser transferida d las comunidades aut¨®nomas (en particular las ?estad¨ªsticas para fines estatales ?, art¨ªculo 149,1,31?), adoptan las m¨¢ximas precauciones, plasmadas ¨¦stas en el art¨ªculo 150, concretamente la exigencia de una ley org¨¢nica como medio legal de transferencia (apartado 2), am¨¦n de las salvaguardias que suponen los apartados 1 y 3 del mismo art¨ªculo, Es ocioso resaltar la imperiosa unidad de criterio metodol¨®gico que ha de regir en la planificaci¨®n y obtenci¨®n de las m¨²ltiples estad¨ªsticas de efectos estatales, tanto en lo que se refiere a su aplicaci¨®n nacional como internacional (l¨¦ase aqu¨ª, fundamentalmente, las negociaciones con la CEE).

De estas l¨ªneas no debe deducirse que se apueste por la centralizaci¨®n ni por la mera desconcentraci¨®n administrativa, sino que han de ser tomadas como una llamada de atenci¨®n al Gobierno y a los le gisladores para que no act¨²en, por desconocimiento o ligereza, de tal forma que en pocos a?os el pa¨ªs se quede sin la herramienta m¨¢s importante para la toma de decisiones en materia de pol¨ªtica econ¨®mica y social. Las estad¨ªsticas son muy dif¨ªciles de montar y muy f¨¢ciles de desmontar. Las comunidades aut¨®nomas tienen el derecho y la obligaci¨®n de obtener su propia informaci¨®n; pero este derecho y esta obligaci¨®n no pueden, ni de ben, afectar al de Espa?a como un todo all¨ª donde ?lo exija el inter¨¦s general?. En esta l¨ªnea de acci¨®n est¨¢ redactado el art¨ªculo 150,3 de la Constituci¨®n. Por ello es imprescindible hallar la forma de compaginar ambos derechos y obligaciones, de manera que sufran lo menos posible las prerrogativas de las comunid¨¢des aut¨®nomas y de Espa?a.

Hace falta una pol¨ªtica de Estado

En la v¨ªa de buscar soluciones, la peor ser¨¢ la negociaci¨®n bilateral como norma. Aqui, como en otros muchos asuntos, se impone una pol¨ªtica de Estado:

-Elab¨®rese una nueva ley de Estad¨ªstica que, sustituyendo a la de 1945, contemple toda la realidad contenida en la Constituci¨®n y posibilite la dif¨ªcil y costosa inserci¨®n de Espa?a en la organizaci¨®n estad¨ªstica del Mercado Com¨²n.

- Def¨ªnanse, y es muy urgente, las ?estad¨ªsticas para fines estatales? (art¨ªculo 149,1,31?).

- H¨¢gase peri¨®dicamente un plan nacional de estad¨ªsticas con rango de ley, cuya aprobaci¨®n debe corresponder a las Cortes espa?olas.

- D¨¦se car¨¢cter oficial nacional ¨²nicamente a las estad¨ªsticas contenidas en el plan en el que, obviamente, las comunidades aut¨®nomas puedan, si as¨ª lo desean, incluir las elaboradas por ellas.

- Contr¨®lese la ejecuci¨®n de las estad¨ªsticas del plan por medio de una Comisi¨®n del Congreso de los Diputados, de tal forma que ¨¦l pa¨ªs tenga la garant¨ªa de que el Gobierno no se dejar¨¢ llevar por una comprensible tendencia dirigista.

- Som¨¦tanselas estad¨ªsticas an¨¢logas contenidas en el plan a una metodolog¨ªa ¨²nica, que no tiene por qu¨¦ ser impuesta desde Madrid.

- Proporci¨®nense los mechos suficientes, humanos y econ¨®micos, a unas tareas que, si no son rentables en s¨ª, s¨ª hacen que otras lo sean en tanta mayor medida cuanto m¨¢s amplias, profundas, fiables y creibles sean las estad¨ªsticas.

Con las ideas expuestas no se agota la tem¨¢tica presentada a lo largo de estas l¨ªneas, sino que su finalidad radica en que puedan servir de base para una m¨¢s profunda reflexi¨®n sobre los problemas que plantea la relaci¨®n estad¨ªstica y pol¨ªtica suscitados por la nueva realidad de Espa?a plasmada en la Constituci¨®n.

Luis Ruiz-Maya P¨¦rez es estad¨ªstico del INE y catedr¨¢tico de Estad¨ªstica.