No olvidaremos

jam¨¢s los espa?oles la pastoral producida por los obispos durante la guerra civil, otorgando a la sublevaci¨®n del general Franco la consideraci¨®n de ?cruzada?. Ni la conducta seguida. durante dicha ¨¦poca por las autoridades eclesi¨¢sticas oficiales, incluso en el Pa¨ªs Vasco. Sin perjuicio de que lament¨¢ramos entonces, como lo hacemos hoy, la persecuci¨®n a que se vieron sometidos durante la guerra los ministros de la Iglesia cat¨®lica en la llamada zona roja.

Toda esta historia que quisi¨¦ramos olvidar -como olvidaron los obispos los beneficios recibidos en la dictadura franquista, cuando se advert¨ªa su desaparici¨®n- no es obst¨¢culo para que hoy, con motivo de las ajustadas y normales modificaciones del C¨®digo Civil, nuevamente los se?ores obispos lleven a efecto un flagrante atentado contra el poder civil al afirmar en su comunicaci¨®n: ?Sin embargo, un poder pol¨ªtico indiferente a los valores morales carece de razones para oponerse a la injusticia y a la anarqu¨ªa perturbadoras del bien de la comunidad pol¨ªtica o para hacer respetar los derechos humanos en la convivencia social ... ?.

Nadie discute la facultad eclesial de informar a los cat¨®licos espa?oles la tesis de la Iglesia cat¨®lica en relaci¨®n con el matrimonio can¨®nico, sus efectos y consecuencias. Ahora bien, lo que en forma alguna puede realizar la Comisi¨®n Episcopal es otorgar patentes de moral en los t¨¦rminos subversivos que lo realiza en su atrevida comunicaci¨®n.

A nuestro juicio, el poder ejecutivo debe someter a la jurisdicci¨®n de los tribunales de justicia el estudio, valoraci¨®n y efectos de la comunicaci¨®n episcopal. Consideramos, sin embargo, que dichas afirmaciones pudieran encontrarse encuadradas dentro de los preceptos del C¨®digo Penal. Las autoridades competentes tienen la palabra./

Abogado. Madrid.