La tortura y la ley

LA INDIGNACI?N producida por el asesinato del ingeniero Ryan a manos de ETA Militar no puede servir de excusa para difuminaro poner sordina a la muerte del etarra Jos¨¦ Arregui, fallecido en el Hospital Penitenciario, al que fue trasladado directamente desde los calabozos de la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado, y a las alegaciones de malos tratos de otros detenidos en el mismo expediente. Por el contrario, los mismos sentimientos de horror y de rechazo suscitados por el crimen cometido por ETA Militar hace una semana exigen ahora alzar la voz para condenar esa presumible manifestaci¨®n de. barbarie de unos funcionarios gubernamentales que para nada se distingue de la terrorista desde la perspectiva del respeto a la vida, los derechos human¨¢s, la ¨¦tica ciudadana y los valores democr¨¢ticos.El art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n dice de forma expresa, que todos tienen derecho a la vida y a la integridadfisica y moral y que en ning¨²n caso puede nadie ser sometido a tortura ni apenas o tratos inhumanos o degradantes. El art¨ªculo 10 de nuestra norma fundamental subraya tambi¨¦n que la dignidad de la persona y losderechos inviolables que le son inherentes constituyen elfundamento del orden pol¨ªtico y de la paz social, y remite para la interpretaci¨®n de los derechos fundamentales y las libertades reconocidas en la Constituci¨®n a la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos.

De confirmarse que la muertede Jos¨¦ Arregui, cuyo cuerpo agonizante fue entregado por el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, se ha producido como consecuencia de torturas o de tratos inhumanos comportamientos penados, por lo dem¨¢s, en el art¨ªculo 204 bis del C¨®digo Penal-, nos encontrar¨ªamos ante un delito cuya responsabilidad puede afectar al propio titular del Ministerio del Interior y otros altos cargos del departamento, en el caso de que los presuntos culpables no sean detenidos y puestos a disposici¨®n del juez. M¨¢s all¨¢ de la responsabilidad penal, si es que existe -como muchos presumen-, debe por eso se?alarse la responsabilidad pol¨ªtica compartida del Gobierno, que, aunque cesante, contin¨²a en sus funciones hasta la formaci¨®n del nuevo Gabinete. Porque no olvidemos que, aunque dimitido, Adolfo Su¨¢rez sigue siendo el presidente del Gobierno, y que, para mayor confusi¨®n, el candidato designado por el Rey para sustituirle es todav¨ªa vicepresidente del actual Gabinete.

A principios de diciembre, Amnist¨ªa Internacional, esa benem¨¦rita organizaci¨®n que ha denunciado las viola ciones de los derechos humanos lo mismo en Argentina o Chile que en la Uni¨®n Sovi¨¦tica o Cuba, hizo p¨²blico el informe enviado al Gobierno espa?ol en septiembre de 1980 sobre torturas practicadas por algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad contra detenidos en el Pa¨ªs Vasco y en Catalufia. Determinados ¨®rganos de Prensa cercanos al Gobierno trataron de organizar una campa?a de difamaci¨®n contra Amnist¨ªa Internacional semejante a la que orquest¨® en sus tiempos el Ministerio Fraga en torno a los casos de Juli¨¢n Grim¨¢u y de Enrique Ruano, y Televisi¨®n Espa?ola, tan diligente para escalofriar a los espectadores con las barbaries de otros pa¨ªses, guardaba un estricto silencio sobre el informe. Hasta la fecha, que nosotros sepamos, no se ha producido respuesta oficial del Gobierno, siempre dispuesto a levantar un muro de espesos encubrimientos en torno a asuntos como estos. No hay que remontarse muy lejos para recordar el ro cambolesco cruce de la frontera de Hendaya por un co mando de mercenarios asesinos, supuestamente depen dientes de altos funcionarios de la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado.

El informe de Amnist¨ªa Internacional no conten¨ªa s¨®lo un desolador inventario sobre presuntas torturas cometidas contra catorce detenidos, sino que adem¨¢s realizaba un atinado examen de la normativa antiterrorista, que recorta los derechos y libertades reconocidos en el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n, y somet¨ªa al Gobierno espa?ol una serie de conclusiones y recomendaciones destinadas a llamar la atenci¨®n sobre las implicaciones pr¨¢cticas en contra de los derechos humanos que llevan aparejadas las leyes de excepci¨®n y la falta de control en su aplicaci¨®n por el poder judicial y el ministerio fiscal. Resulta doloroso y triste reconocerlo, pero lo cierto es que la muerte de Jos¨¦ Arregui se ha producido en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de esa legislaci¨®n que Amnist¨ªa Internacional denunciaba como marco propicio para la conculcaci¨®n de los derechos humanos.

Jos¨¦ Arregui y su compa?ero Isidro Echave, detenidos el mi¨¦rcoles 4 de febrero y sospechosos de varios asesinatos terroristas, permanecieron casi diez d¨ªas en las dependencias gubernativas totalmente incomunicados, sin asistencia de abogados ni contacto con sus familiares, tal y como autoriza la ley de Suspensi¨®n de Derechos Fundamentales de 1 de diciembre de 1980. Si bien esa disposici¨®n posibilita al juez para requerir informaci¨®n y conocer personalmente la situaci¨®n de los detenidos, lo cierto es que no le obliga a realizar esa funci¨®n de vigilancia que los hechos¨ª por desgracia, demuestran absolutamente ?m prescindible. En cualquier caso, desde el mi¨¦rcoles 4 de febrero hasta el jueves 12 o el viernes 13 de febrero, Arregui y sus compa?eros de expediente permanecieron incomunicados y sin asistencia de letrados defensores en las dependencias de la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado. Este comentario sobre unos acontecimientos de los que un Estado y una sociedad civilizados tienen que avergonzarse por razones estrictas de dignidad humana puede completarse con algunas reflexiones pol¨ªticas, pese al riesgo que implica la posibilidad de que haya quien subordine las cuestiones de principio a las conveniencias de coyuntura. Parece obligado se?alar que los pasos dados en las ¨²ltimas semanas para la pacificaci¨®n del Pa¨ªs Vasco y el aislamiento social de ETA Militar pueden ser desandados tras la muerte de Jos¨¦ Arregui.

Recomenzar¨¢ ahora la siniestra subasta de las inculpaciones mutuas y el nauseabundo intento de justificaci¨®n de los asesinatos por la ley del Tali¨®n. Esa espiral de crimen, sangre y culto a la muerte es m¨¢s eficaz todav¨ªa que la Goma 2 para hacer saltar por los aires las esperanzas de paz y de democracia en el Pa¨ªs Vasco y en el resto de Espa?a. Pero ?ser¨¢ posible que el Gobierno no se d¨¦ cuenta que la obcecaci¨®n en impedir que un Estado democr¨¢tico tenga una polic¨ªa democr¨¢tica, objetivo que requiere una reorganizaci¨®n de los cuerpos de seguridad, es el mejor apoyo que ETA Militar ha tenido y sigue teniendo para llevar a cabo su estrategia? La gran mayor¨ªa de buenos polic¨ªas profesionales, la dignidad del Estado y el respeto a nuestro pueblo merecen algo m¨¢s que el silencio culpable del Gobierno y las ?inmediatas ¨®rdenes? de investigar.