Duras interpelaciones al Gobierno de los grupos de izquierda y del PNV
Los grupos parlamentarios de izquierda y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han reaccionado con dureza ante la muerte del presunto etarra Jos¨¦ Ignacio Arregui. Una interpelaci¨®n al Gobierno por parte del PNV y otra del Grupo de Socialistas Vascos, a tramitar por procedimiento de urgencia, as¨ª como una pregunta del comunista Santiago Carrillo, han sido las primeras medidas adoptadas. En el caso de la interpelaci¨®n socialista, el portavoz del grupo, Carlos Solchaga, declar¨® a EL PAIS que pedir¨¢n a la Mesa del Congreso que sea tramitada el pr¨®ximo martes, en el Pleno de la C¨¢mara convocado para ese d¨ªa.Los socialistas vascos, tras hacer un relato de los hechos, que b¨¢sicamente coincide con el facilitado ayer por EL PAIS, interpelan al Gobierno sobre si tiene constancia respecto a la realidad de los hechos acaecidos en las dependencias policiales, primero, y en el hospital penitenciario, despu¨¦s. Preguntan tambi¨¦n cu¨¢les son las causas que han conducido a la muerte de Jos¨¦ Arregui.
La interpelaci¨®n socialista contiene adem¨¢s una pregunta sobre si se han puesto en marcha las investigaciones pertinentes para esclarecer las presuntas torturas, malos tratos y vejaciones a los que pudo ser sometido el citado ciudadano.
Los socialistas preguntan tambi¨¦n si durante el tiempo de la detenci¨®n se han interesado el juez o el ministerio fiscal sobre las condiciones del trato al detenido y, finalmente, si el Gobierno se propone ampliar o precisar el contenido de la asistencia letrada a los detenidos, de tal forma que sea ?preceptiva e irrenunciable en cualquier investigaci¨®n policial?.
El diputado del PNV Joseba Azc¨¢rraga present¨®, por su parte, una interpelaci¨®n al Gobierno en relaci¨®n con el mismo tema, en la que se interesa sobre la explicaci¨®n clara y p¨²blica de las causas de la muerte y de la identidad de los responsables de la misma, as¨ª como pregunta si era conocedor el ministro del Interior de los interrogatorios que se estaban practicando y de la situaci¨®n f¨ªsica del detenido.
Tras inquirir tambi¨¦n sobre otros detalles de las atenciones m¨¦dicas recibidas por Jos¨¦ Arregui y por las comprobaciones realizadas por el juez, en su caso, y preguntar si este tr¨¢gico hecho servir¨¢ para que definitivamente se re¨²na la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento, Joseba Azc¨¢rraga expresa su m¨¢s rotunda condena ante un hecho ?incalificable y m¨¢s propio de personas que no tienen el menor respeto a la vida?.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Comunista, Santiago Carrillo, ha dirigido una pregunta al Gobierno en la que recuerda que los hechos ocurridos ?han sucedido bajo la responsabilidad directa de los m¨¢s altos cargos en materia policial: el ministro del Interior, el director general de Polic¨ªa y el director general de la Seguridad del Estado?. En principio, la pregunta comunista estaba previsto que la formulara el diputado Sim¨®n S¨¢nchez Montero, pero, ante la gravedad de los hechos, se opt¨® porque fuera el l¨ªder del partido quien formulara directamente la pregunta.
Santiago Carrillo recuerda que la ley Antiterrorista estableci¨® que el Gobierno, al menos cada tres meses, y en todo caso cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios, ?informar¨¢ al Congreso de los Diputados y al Senado de las condiciones y resultados de la aplicaci¨®n de esta ley?, y a?ade que, para el cumplimiento de esta obligaci¨®n por el Gobierno, ?no es ¨®bice que el mismo se encuentre en funciones?.
El l¨ªder comunista se?ala que las pr¨¢cticas policiales en este caso ?recuerdan las habituales del r¨¦gimen franquista?; destaca las contradicciones existentes entre el parte m¨¦dico realizado a instancias del Ministerio de Justicia y la nota del Ministerio del Interior, y resalta las ?graves y comprometidas? declaraciones del director general de Polic¨ªa, Jos¨¦ Manuel Blanco, al manifestar que ?se encontraba en condiciones de afirmar que el detenido en ning¨²n momento fue objeto de malos tratos durante el interrogatorio?.
Posible ley de asistencia al detenido
?El presunto incumplimiento por parte del Ministerio del Interior del art¨ªculo 17.3 de la Constituci¨®n, que garantiza la asistencia letrada al detenido, podr¨ªa llevar al Ministerio de Justicia a elaborar un proyecto de ley org¨¢nica espec¨ªfica que desarrollara el citado precepto constitucional?, seg¨²n informaron a EL PAIS fuentes del citado departamento ministerial.
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