Torturas y guerra psicol¨®gica

LA POL?MICA p¨²blica desatada ante el horror y el rechazo suscitados por el fallecimiento de Jos¨¦ Arregui en el hospital penitenciario de Carabanchel, tras nueve d¨ªas de incomunicaci¨®n en la Direcci¨®n General de Seguridad, corre el peligro de ser desvirtuada por quienes quieren presentar ese debate como una campa?a contra la polic¨ªa.Un editorial del ¨²ltimo n¨²mero de la revista Polic¨ªa Espa?ola, titulado ?Tortura psicol¨®gica?, protesta as¨ª de ?las reacciones desmesuradas e hist¨¦ricas?, producidas por ?insano revanchismo? o ?puritanismo democratista?, de ?no pocos representantes pol¨ªticos y columnistas? que no han esperado a la sentencia firme de un tribunal para establecer hechos, apuntar explicaciones y adelantar conjeturas sobre la muerte de Jos¨¦ Arregui. El art¨ªculo pide, es verdad, que se determinen las responsabilidades personales en el caso y subraya la firme determinaci¨®n del Cuerpo General de Polic¨ªa de no permitir en su seno ?ninguna individualidad que deshonre con conductas anticonstitucionales e il¨ªcitas? a la instituci¨®n. Pero, a rengl¨®n seguido, el editorial asocia las denuncias sobre la muerte de Jos¨¦ Arregui con ?acusaciones dirigidas al conjunto institucional de la polic¨ªa? y ?la pretensi¨®n de extender a todo un colectivo la responsabilidad que pudiera recaer -si as¨ª fuese probado- en algunos de sus miembros?.

En esta l¨ªnea tergiversadora de argumentos, el art¨ªculo equipara con una ?depuraci¨®n? las razonables peticiones de que los cargos de responsabilidad policiales sean encomendados a algunos de los muchos funcionarios que acatan sin reticencias la Constituci¨®n y, por consiguiente, los derechos y libertades que ¨¦sta reconoce y garantiza. No pocos diputados, alcaldes y concejales de la Espa?a democr¨¢tica, para se?alar tan s¨®lo a personas que ejercen cargos p¨²blicos, pueden testimoniar que todav¨ªa siguen en servicio activo, y en activos servicios, funcionarios que les maltrataron, humillaron y ofendieron bajo el anterior r¨¦gimen. Pero muchos ciudadanos pueden tambi¨¦n atestiguar la existencia de funcionarios del Cuerpo General de Polic¨ªa que defienden la libertad y los derechos humanos. Que la polic¨ªa democr¨¢tica no est¨¦ ni dirigida ni controlada por hombres que menosprecian los mandatos constitucionales y a?oran el sistema autoritario no es una exigencia de depuraci¨®n, sino una simple petici¨®n de congruencia l¨®gica entre los valores de un sistema pluralista y el aparato estatal que debe garantizarlos y aplicarlos. Por esa raz¨®n, la frase final del editorial, seg¨²n la cual las actitudes en torno a la muerte de Arregui ?han sometido a nueve mil hombres a una inmisericorde tortura psicol¨®gica?, es una manipulaci¨®n tan demag¨®gica que apenas logra ofender el buen sentido de quienes creen en las libertades.

La circunstancia de que un comisario y un inspector, que representan una corriente de opini¨®n dentro de la polic¨ªa, hayan terciado en la pol¨¦mica (v¨¦ase EL PAIS de 19 de febrero de 1981), exponiendo sus ideas sobre la pr¨¢ctica de la tortura en dependencias gubernativas y sobre la necesidad de una reforma de los cuerpos de seguridad, ha desbaratado, al menos parcialmente, esa maniobra destinada a enfrentar a la opini¨®n p¨²blica con la instituci¨®n policial. Pero la noticia de que se halla en curso un expediente disciplinario, con suspensi¨®n de empleo y sueldo, contra el comisario Merino y el inspector Ledesma da pie para temer que se est¨¢ intentando crear un clima de unanimidad corporativa policial, incluso a trav¨¦s de la intimidaci¨®n de los disidentes, perseguidos con medidas administrativas y con amenazas de linchamiento moral.

Dicho sea de pasada, el rumor de que ese expediente disciplinario va a marchar en paralelo con una denuncia del fiscal por delito p¨²blico significar¨ªa, de confirmarse, que nuestras autoridades no se muestran muy partidarias de respetar la legalidad vigente. De un lado, la ley de Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, promulgada despu¨¦s de que fuera aprobada la Constituci¨®n, consagra el viejo principio del non bis in idem y proh¨ªbe que un mismo hecho sea objeto de una doble condena. De otro lado, la figura del delito p¨²blico de injurias a clases determinadas del Estado, tan utilizada bajo el anterior r¨¦gimen para perseguir a la oposici¨®n democr¨¢tica, debe ser excluida, de una vez y para siempre, de las actuaciones del ministerio fiscal a prop¨®sito de las cr¨ªticas a determinados funcionarios. Porque no se injuria a una instituci¨®n cuando se ataca a algunos de sus miembros precisamente por atribuirles comportamientos que la perjudican o que la ensucian. Antes por el contrario, esas censuras, en el caso de ser veraces y fundadas, no har¨ªan sino defenderla imagen y el buen nombre de la instituci¨®n, cuyos valores y principios han podido ser conculcados por sus servidores. El comisario Merino o el inspector Ledesma podr¨ªan te¨®ricamente ser requeridos a los tribunales por las personas, con nombres y apellidos, que se considerasen calumniadas, pero nunca por el ministerio fiscal en nombre de la instituci¨®n.

Es por lo dem¨¢s impresionante contemplar c¨®mo se moviliza, y desde arriba, en la polic¨ªa espa?ola la solidaridad con funcionarios acusados de torturar a alguien hasta la muerte y se elimina al tiempo toda posible solidaridad con quienes ejercen el derecho constitucional de la libertad de expresi¨®n. Pero ser¨ªa injusto y arbitrario suponer que la responsabilidad fundamental est¨¢ en algunos polic¨ªas politizados, porque reside en los ministros sucesivos de UCD, que han mantenido, cuando no creado, en la c¨²pula policial un aparato rodeado de antidem¨®cratas y de ineptos en el que el reparto de medallas y de dietas resulta siempre conversaci¨®n prioritaria.

En toda esta historia el candidato derrotado anteayer en las Cortes tiene, por lo dem¨¢s, una buena ocasi¨®n de demostrar cu¨¢l es su verdadera faz en lo que concierne a los derechos humanos y el respeto a la libertad. Aunque quiz¨¢, como en el divorcio, ocupan el lugar de alguno en las encuestas: ?No sabe. No contesta?.