La Diputaci¨®n har¨¢ frente al conflicto planteado por 300 m¨¦dicos de la Ciudad Sanitaria Provincial

La solicitud de dimisi¨®n de la diputada provincial socialista Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza, presidenta del Consejo de Administraci¨®n de la Ciudad Sanitaria Provincial, y del director t¨¦cnico del hospital, doctor Barros, propuesta por m¨¢s de trescientos m¨¦dicos del centro despu¨¦s de una asamblea, fue contestada ayer en conferencia de Prensa por los destinatarios de dicha petici¨®n. La causa oficial de la solicitud es la contrataci¨®n eventual de un anestesista, aunque, seg¨²n dijo Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza, esta pr¨¢ctica ha sido habitual en los ¨²ltimos a?os (v¨¦ase EL PA?S de ayer). El Consejo de Administraci¨®n de la Ciudad Sanitaria -dependiente directamente de la Diputaci¨®n- ha reiterado su apoyo total al doctor Barros.

Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza hizo una primera exposici¨®n de los hechos ocurridos en el hospital despu¨¦s de la contrataci¨®n eventual del anestesista -el cual dimiti¨® el jueves para evitar enfrentamientos- ,?cuyo curr¨ªculo es, por otra parte, muy brillante: fue contratado precisamente a consecuencia de ¨¦l. El primer hecho que deseo consignar es el abandono de la secci¨®n de urgencias por parte de catorce m¨¦dicos anestesistas y reanimadores. Este abandono, entre las ocho de la ma?ana y casi las doce del mediod¨ªa del 2 de marzo, determin¨® que, durante ese tiempo, el servicio estuviese desatendido. Previamente hab¨ªamos cursado numerosos escritos a los propios anestesistas por permanecer vestidos de calle en las ¨¢reas quir¨²rgicas. Tambi¨¦n les ha molestado nuestra decisi¨®n de que las intervenciones hayan de ser incluidas en los libros de sanidad del hospital. Con referencia al 2 de marzo hay que decir que seis enfermos por lo menos, cuyas operaciones hab¨ªan sido programadas para ese d¨ªa, no fueron operados, con grave menosprecio para ellos?.?Los puntos invocados en la asamblea de m¨¦dicos para pedir nuestras dimisiones son los siguientes: progresivo deterioro del hospital en los ¨²ltimos a?os (el doctor Barros se hizo cargo de ¨¦l como director t¨¦cnico hace un mes); la reducci¨®n de los sueldos, de la que tampoco es responsable el doctor Barros, y, finalmente, el que se corre peligro de que la Ciudad Sanitaria acabe convirti¨¦ndose en un centro de urgencias?.

Seg¨²n Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza, ?existe el peligro de que se llegue a un colapso del servicio de urgencias. Hay, que decir, despu¨¦s de la exposici¨®n de los puntos oficiales de conflicto, que sus verdaderas razones son m¨¢s profundas: una es el nombramiento del doctor Barros; otra es nuestro proyecto de contratar a un director gerente; la tercera son los informes econ¨®micos sobre los ¨²ltimos a?os del hospital, y la cuarta ser¨ªan las medidas inmediatas de la direcci¨®n sobre el ejercicio de la medicina privada en el centro. Lo que est¨¢ claro es que la contrataci¨®n eventual de una persona no puede ser el motivo?.

El diputado Jos¨¦ Borrell (PSOE), delegado de Hacienda de la Diputaci¨®nen el hospital, reiter¨® que la contrataci¨®n del anestesista responde a una pr¨¢ctica administrativa perfectamente legal. ?Hay que decir, en este punto, que nos preocupar¨ªa m¨¢s una protesta de enfermos que una protesta de m¨¦dicos, y eso no est¨¢ re?ido con el m¨¢ximo respeto que tenemos a la profesi¨®n de la medicina. Tambi¨¦n hay que decir que el problema de la Ciudad Sanitaria Provincial no es de derechas ni de izquierdas. Este es el mayor hospital de Espa?a. Durante mucho tiempo ha escapado al control de sus propietarios, que son los habitantes de la provincia de Madrid. Tampoco cuestionamos la legalidad de la medicina privada dentro del hospital, lo que s¨ª cuestionamos es que esa pr¨¢ctica sea efectuada dentro de la jornada laboral. El contribuyente ha pagado m¨¢s de 2.000 millones de pesetas para este hospital el a?o pasado; yo creo que estamos ante el viejo problema de la privatizaci¨®n del beneficio y socializaci¨®n del coste. La administraci¨®n desconoce tambi¨¦n el importe de los honorarios de los m¨¦dicos que practican dicha medicina privada. Nuestro deseo es que todos los enfermos que est¨¢n en la Ciudad Sanitaria sean enfermos del hospital y que el hospital asuma toda la responsabilidad sobre ellos. Pretendemos que los pagos a los m¨¦dicos por su actividad privada sean hechos directamente por el hospital, una vez cumplidos todos los compromisos fiscales?.

UGT y los m¨¦dicos

La Federaci¨®n Provincial de Sanidad de la Uni¨®n General de Trabajadores ha difundido un comunicado en el que se denuncian ?las implicaciones pol¨ªticas de este intento de crear conflictos que impliquen una presi¨®n a Mar¨ªa G¨®mez de Mendoza y al doctor Barros para que presenten su dimisi¨®n o sean cesados en sus cargos?. En otra nota conjunta, los comit¨¦s de empresa y las secciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT del hospital Provincial, el hospital Psiqui¨¢trico Provincial y el hospital Villa del Prado manifiestan que la contrataci¨®n eventual del m¨¦dico anestesista fue el pretexto para forzar la dimisi¨®n de la presidenta del Consejo de Administraci¨®n del hospital y del director t¨¦cnico ?e intentar negar la representatividad de los actuales comit¨¦s de empresa, descalificando la negociaci¨®n colectiva del convenio que se est¨¢ llevando a cabo?.La Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos, por su parte, ha hecho p¨²blico un comunicado a trav¨¦s del cual se solidariza con los m¨¦dicos de la Ciudad Sanitaria, especialmente en cuanto a los dos sancionados (v¨¦ase EL PA?S de ayer), los doctores D¨ªaz Pe?alver, jefe del servicio de anestesia, y Pereira, que, a su vez, es miembro del comit¨¦ de empresa. La misma nota apoya la petici¨®n de dimisi¨®n de la se?ora G¨®mez de Mendoza y del director t¨¦cnico, doctor Barros.

Por otro lado, treinta jefes de servicio del hospitalhan enviado un escrito a la se?ora G¨®mez de Mendoza, con fecha del pasado jueves -aludido por ¨¦sta en la conferencia de Prensa-, en el que expresan su disconformidad con la organizaci¨®n actual del centro, del que se?alan un progresivo deterioro en los ¨²ltimos a?os en su calidad asistencial y cient¨ªfica, como consecuencia de las dificultades econ¨®micas determinadas por su dependencia de un concierto con la Seguridad Social. Los treinta doctores firmantes del escrito aseguran que existe un fen¨®meno de desmoralizaci¨®n general a todos los niveles y que el hospital, hasta ahora altamente especializado, se encamina a convertirse en un hospital de urgencia, ?dando la sensaci¨®n de que se siente obligado a resolver el problema de las urgencias de Madrid?.