Voto de conciencia

JUSTO EN el momento en que la sociedad espa?ola comienza a recuperarse de la sacudida producida por el golpe de Estado frustrado, los diputados del partido del Gobierno han resuelto reestrenar sus querellas en torno al divorcio. Mientras las preocupaciones actuales de la sociedad civil parecen centrarse prioritariamente en asuntos tales como la inflaci¨®n, el paro, el terrorismo, la amenaza de un nuevo golpe, la democratizaci¨®n del Estado y el definitivo encauzamiento de las autonom¨ªas, causa cierto asombro que los sectores neoconfesionales del centrismo empleen su tiempo y sus energ¨ªas en desenterrar una discusi¨®n que parec¨ªa ya zanjada tras la aprobaci¨®n del proyecto de ley de Divorcio por la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. Mucho se ha comentado, y con raz¨®n, acerca del deterioro que para la imagen y el buen nombre de Espa?a, como pa¨ªs moderno, civilizado y europeo, supuso el asalto al palacio del Congreso y el secuestro de los diputados y de los miembros del Gobierno. En menor medida, el actual espect¨¢culo de los diputados centristas, encerrados en la C¨¢mara con un solo juguete y cortando cabellos en cuatro a prop¨®sito del divorcio, contribuye tambi¨¦n a esa sensaci¨®n de tristeza colectiva que los espa?oles comienzan a sentir frente al mundo exterior, La sola idea de que a los legisladores de una sociedad industrial avanzada, heredera de una de las m¨¢s viejas y ricas culturas de la civilizaci¨®n occidental, se les impida regular libremente, sin interferencias de otros poderes y sin presiones extra parlamentarias, una moderada ley de Divorcio, que incluye la disoluci¨®n del matrimonio por mutuo disenso de los c¨®nyuges, produce una sensaci¨®n penosa que ning¨²n cuchicheo confidencial acerca de las razones objetivas que aconsejar¨ªan semejante regresi¨®n puede llegar a consolar.

El proyecto de ley de Divorcio fue exhaustivamente debatido a finales de 1980 en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, que lo dictamin¨® favorablemente con el apoyo de la propia UCD. S¨®lo la conclusi¨®n del per¨ªodo de sesiones de las Cortes Generales impidi¨® su examen inmediato por el Pleno de la C¨¢mara baja. En el interregno se produjeron acontecimientos tan se?alados como la dimisi¨®n de Adolfo Su¨¢rez, el documento de la Comisi¨®n Permanente de la Conferencia Episcopal para desaprobar el texto del proyecto, el II Congreso de UCD, la accidentada investidura de Leopoldo. Calvo Sotelo y el golpe de Estado frustrado.

La convenci¨®n de Mallorca, aunque utilizada para aprobar apresuradamente un texto equ¨ªvoco sobre el divorcio, no sirvi¨® de escenario para la impugnaci¨®n por los centristas neoconfesionales del texto apadrinado por el anterior Gobierno ,y aprobado en la Comisi¨®n del Congreso por los diputados de U CD. En el Pleno de la investidura tampoco los centristas mostraron su voluntad de reabrir el debate, y el divorcio fue uno de los temas ausentes del discurso y de las respuestas del candidato. El actual forcejeo, en el que est¨¢n participando el Gobierno como colectivo, el Ministro de Justicia, el Comit¨¦ Ejecutivo de UCD, una comisi¨®n mixta formada para unificar criterios y el Grupo Parlamentario Centrista, parece m¨¢s un partido de baloncesto, en el que cada jugador trata de desprenderse r¨¢pidamente de la pelota para pas¨¢rsela al vecino, que un debate clarificador ante la opini¨®n p¨²blica.

Frente a quienes opinan que la pelota se halla todav¨ªa en el tejado y que las v¨ªsperas del Pleno del 17 de marzo ser¨¢n decisivas para determinar el lugar de su ca¨ªda, algunos observadores esc¨¦pticos sostienen que esta barah¨²nda esconde en realidad un firme pacto suscrito dentro del sector mayoritario del centrismo. Tal hip¨®tesis explicar¨ªa la continuidad en el Gobierno de Fern¨¢ndez Ord¨®?ez como ministro de Justicia, pues, en otro caso, resultar¨ªa ¨ªnveros¨ªmil que el patrocinador del proyecto de ley hubiera aceptado la cartera en el nuevo Gabinete para administrarla durante unas pocas semanas. Porque resulta evidente que Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, que se ha cansado de repetir que presentar¨ªa su dimisi¨®n en el caso de que su proyecto de ley de Divorcio no fuera aprobado ¨ªntegramente, s¨®lo podr¨ªa seguir en el Gobierno, caso de producirse ese supuesto, a costa de deteriorar irremisible y gravemente su imagen p¨²blica.

Queda, finalmente, la cuesti¨®n de las instrucciones que el Gobierno vaya a impartir a sus diputados respecto a la forma de votar el pol¨¦mico proyecto. En los casos de leyes que plantean graves problemas morales o que rozan las convicciones ¨ªntimas de los diputados, los grupos parlamentarios suelen conceder a sus miembros libertad para votar seg¨²n su conciencia. Tal vez la desgraciada? forma en que se ha planteado el asunto del divorcio, con la intervenci¨®n p¨²blica de cualificados sectores de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica contra un proyecto asimilable por cualquier creyente, pudiera hacer aconsejable utilizar para el Caso ese procedimiento, que permitir¨ªa a los diputados tironeados por una doble lealtad resolver sin coerciones disciplinarias su conflicto.

Como es bien sabido, ni faltan devotos cat¨®licos en las filas del PSOE ni escasean dentro de U CD los agn¨®sticos o los cat¨®licos que no se consideran vinculados a la hora de opinar sobre el divorcio por los criterios de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. En esa perspectiva, tal vez la libertad de voto de todos los diputados para aprobar, rechazar o enmendar en el Pleno, seg¨²n su conciencia, el proyecto de ley ya dictaminado por la Comisi¨®n de Justicia del Congreso fuera una soluci¨®n prudente y equitativa. Ese voto en conciencia, fuera de la disciplina del grupo parlamentario, permitir¨ªa' adem¨¢s que nadie pudiera especular con las eventuales condenas dirigidas desde los p¨²lpitos y confesonarios contra las siglas de UCD, que que dar¨ªa indemne de las consecuencias derivadas de la libre decisi¨®n de cada uno de sus diputados sobre la ley de Divorcio.