La reaccion de la reaccion

La reciente declaraci¨®n episcopal sobre el proyecto de ley de Divorcio de UCD es una nueva y flagrante injerencia de la jerarqu¨ªa cat¨®lica en asuntos civiles. Por m¨¢s que los obispos lo nieguen -los obispos, ?pobrecitos ellos!, que se presentan como siemples ciudadanos de a pie-, a nadie e?? este pa¨ªs se le escapa el enorme peso que la Iglesia cat¨®lica ejerce sobre la sociedad, sobre el Gobierno del Estado y sobre el Estado mismo. Para nadie es un secreto que, hist¨®ricamente, la doctrina de la Iglesia cat¨®lica en numerosas materias ha cobrado fuerza de legislaci¨®n civil en nuestra sociedad. Y poco importa que esa fuerza se haya impuesto descaradamente, como en los tiempos de Franco, o de tapadillo, como cuando la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n actual, o, de nuevo, con el mayor de los descaros, al discutirse en las Cortes la reaccionaria pol¨ªtica educativa de UCD, por citar s¨®lo algunos ejemplos.?D¨¦jense, pues, Ios se?ores obispos de hipocres¨ªas, y no quieran presentarse ante la gente como si fueran uno m¨¢s opinando sobre esto o aquello! No somos iguales y la fuerza y el poder de la, Iglesia cat¨®lica no es, para desgracia nuestra -de muchas y muchos-, comparable a la fuerza de la presi¨®n que pudiera hacer un colectivo cualquiera de ciudadanos que se reuniera un fin de semana en el pinar de Chamart¨ªn. Llegando a este punto, perm¨ªtaseme hacer una reflexi¨®n parcial y lateral para el tema que nos ocupa, pero harto elocuente. ?C¨®mo explicar la suma de 8.543.000.000 de pesetas que representa, en 1981, la asignaci¨®n del Estado espa?ol a los 21.000 sacerdotes, obispos y cardenales -un 12% m¨¢s de aumento respecto a la suma del a?o anterior?

?C¨®mo no hablar de la continua injerencia de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica en la vida civil, cuando parece m¨¢s que cierto el granito de arena que el episcopado ha aportado a las presiones que han lleva do a la dimisi¨®n de Su¨¢rez?

Todo estaba calculado

Ante el tema del divorcio, los obispos en este pa¨ªs han llevado a cabo una pol¨ªtica muy cuca, que retrata fielmente su cotadura. Oponerse frontalmente al divorcio como Conferencia Episcopal -exigiendo, por ejemplo, un refer¨¦ndum- era lanzarse a una batalla perdida de antemano. Conoc¨ªan suficientemente bien los aires mayoritarios que corren por aqu¨ª en relaci¨®n al tema (no s¨®lo entre los ateos, sino tambi¨¦n entre ampl¨ªsimos sectores de creyentes), como para no quemar sus barcos en semejante haza?a. Ten¨ªan, adem¨¢s, la experiencia de la vecina Italia, en la que perdieron abrumadoramente ante el piccolo divorzio.

En este contexto no es contradictorio que haya monse?ores montaraces, anclados a¨²n en el medievo, como Marcelo Gonz¨¢lez o los obispos de Orense y Huesca, ¨¦stos s¨ª, lanzando anatemas y condenando al fuego del infierno a quien est¨¢ por el derecho al divorcio. Y no s¨®lo no es contradictorio con la pol¨ªtica seguida por la Conferencia Episcopal en su conjunto, sino que ello ayuda a la ?ceremonia de la confusi¨®n? del Pleno de la jerarqu¨ªa. En ning¨²n momento, por ejemplo, dicha Conferencia ha desautorizado p¨²blicamente a esos dignos sucesores de la Santa- Inquisici¨®n, como tampoco ha salido al paso de las voces reaccionarias que, en materia de divorcio, se han dado en los ¨²ltimos meses por parte de organizaciones vinculadas a la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. Instrumentos desafinad¨ªsimos los unos, m¨¢s afinados los otros, pero todos ellos formando parte de la misma orquesta eclesi¨¢stica.

As¨ª, pues, el ¨²ltimo documento episcopal, aunque mantiene un tono general antidivorcista, centra sus tiros en el rechazo a la posibilidad abierta en el proyecto de ley de UCD para acceder a la separaci¨®n por mutuo acuerdo, y en la denuncia de lo que ellos consideran vulneraci¨®n de los Acuerdos del Estado espa?ol con la Santa Sedel en lo que se refiere al reconocimiento. civil del "matrimonio can¨®nico. De ser aprobado dicho proyecto de ley, los obispos nos auguran un futuro ca¨®tico para el bien com¨²n. Algo as¨ª como el advenimiento del reino de las tinieblas.

Tampoco obedece a la casualidad el momento. elegido por la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica para dar publicidad a su declaraci¨®n: pocos d¨ªas antes de la anunciada discusi¨®n de la ley en el Pleno del Congreso de los Diputados y en v¨ªsperas de la celebraci¨®n del II Congreso de UCD. ?Con qu¨¦ argumentos pueden los monse?ores atreverse a negar la evident¨ªsima presi¨®n que pretenden ejercer en ambos -congreso ucedista y Parlamento-, sabi¨¦ndolos tan sensibles siempre a los dictados de la doctrina de la Iglesia cat¨®lica?

La pretensi¨®n de los purpurados s¨®lo tiene un calificativo: injerencia, intromisi¨®n en asuntos civiles. ?No dicen ellos mismos: ?A Dios lo que es de Dios y al C¨¦sar lo que es del C¨¦sar??

Y no es casualidad tampoco que esta ofensiva de los obispos contra el derecho al divorcio se de al calor de los aires que tambi¨¦n soplan. m¨¢s all¨¢ de nuestras fronteras. Unos aires de reacci¨®n, de asalto a las peque?as conquistas logradas muy concretamente en el terreno de la emancipaci¨®n d¨¦ las mujeres. El papa Juan Pablo II no es ajeno a estos nuevos aires; antes bien, aparece como el abanderado en contra' de derechos tan elementales como el derecho al uso de anticonceptivos, el derecho al aborto, el derecho a puestos de trabajo asalariado para las mujeres, etc¨¦tera. Sus llamamientos a las mujeres a la vuelta al hogar, a la dedicaci¨®n a las tareas dom¨¦sticas, al reforzamiento de la familia, al cuidado del marido e hijos... se vienen sucediendo ¨²ltimamente con una asiduidad tal, que hay motivos m¨¢s que suficientes para pensar que las jerarqu¨ªas de la Iglesia cat¨®lica est¨¢n jugando un deliberado papel en esta campa?a reaccionaria y machista a la que estamos asistiendo en esta ¨¦poca de crisis del capitalismo. Habr¨¢ que recordarlo en los meses venideros, ante la visita del Papa, que auguran para el mes de octubre pr¨®ximo.

Una argumentaci¨®n m¨¢s que dudosa

Para oponerse a la ley de Divorcio, los obispos, en su declaraci¨®n, recurren a su viejo argumento de una pretendida ley natural, cuyos ¨²nicos e infalibles int¨¦rpretes son, por cierto, ellos mismos. Un derecho natural seg¨²n el cual ?el matrimonio es intr¨ªnsecamente indisoluble, es decir, no puede ser disuelto por el mutuo y privado acuerdo de los c¨®nyuges? (sic). La doctrina cat¨®lica no habr¨ªa hecho otra cosa -seg¨²n parece, al decir de los obispos- que aceptar, de muy buen grado, eso s¨ª, semejante principio preexistente, que estar¨ªa por encima de toda discusi¨®n, por encima del bien y del mal. Ya monse?or Temi?o, m¨¢s osado ¨¦l, hab¨ªa dicho meses atr¨¢s que ?la indisolubilidad del matrimonio es un bien aun para aquellos que no lo creen ni lo aceptan?. Tal parece que, como en el poema de Blas de Otero, aqu¨ª no se salva ni Dios. Semejante argumentaci¨®n podr¨ªamos tom¨¢rnosla como propia de un cuento de hadas, si no fuera por las gravesconsecuencias que de ella se derivan.

El recurso de los obispos de acudir al llamado derecho natural para basar su argumentaci¨®n nos lleva, entre otras cosas, a pensar lo flojos que deben andar de argumentos para convencer a su grey de la aberraci¨®n que encierra su manifestaci¨®n de que ?el divorcio no es un derecho de la persona?.

El car¨¢cter falaz de todas estas argumentaciones queda a¨²n m¨¢s en evidencia, si tenemos en cuenta la hipocres¨ªa de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica, que ha venido divorciando -de hecho- a cat¨®licos y ateos, casados can¨®nicamente, bajo el subterfugio, de las llamadas nulidades impartidas por los tribunales eclesi¨¢sticos. Mediando, eso s¨ª, unas buenas (y no excesivamente naturales) sumas de dinero, como es ya, en la actualidad, de conocimiento p¨²blico. Todo ello sin necesidad de recordar escandalosos asuntos como los del Zaire.

Los obispos la han emprendido contra la ley de Divorcio de UCD, alarmados, parece ser, porque -seg¨²n ellos-, de aprobarse, ?quedar¨ªa seriamente comprometido el futuro de la familia en Espa?a?. ?Menos lobos, se?ores obispos! No creo descubrir ning¨²n misterio al afirmar que ambas -Conferencia Episcopal y UCD- defienden el mantenimiento de la instituci¨®n matrimonial y la familia patriarcal por encima de diferencias que parezcan enfrentarles moment¨¢neamente. Diferencias que m¨¢s bien obedecen a una mayor adaptabilidad del partido del Gobierno a la incontestable realidad social que a otra cosa. Tambi¨¦n para UCD estaba claro que oponerse al derecho al divorcio era perder. Y de tener que perder algo, mejor que fuera poco y adem¨¢s no aparecer como perdedor...

La filosof¨ªa que inspira el proyecto de ley ucedista, expresada en el propio pre¨¢mbulo de la ley, es la de proteger, por encima de todo, la instituci¨®n familiar y el matrimonio: ?... La obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de asegurar la protecci¨®n social, econ¨®mica y jur¨ªdica de la familia ... ? ?... La reforma.... ha querido actualizar el C¨®digo Civil con el mayor respeto hacia la instituci¨®n familiar y el matrimonio ... ?. En el proyecto de UCD se plantea el, divorcio como un remedio. No se trata, pues, de reconocer un derecho: el de decidir libremente sobre la propia forma de vida; no se trata de acabar con una situaci¨®n coercitiva: la de obligar a una convivencia vitalicia forzosa; se trata, simplemente, de responder de mala gana a lo que ellos llaman ?una incontestable realidad social?, como es la existencia ?de un cierto n¨²mero de matrimonios definitiva o inexcusablemente rotos?. Una actitud, en suma, vergonzante y a la defensiva, como excus¨¢ndose (?acaso ante el Vaticano?) de verse obligados a legislar un mal, aunque sea menor. Por eso. el resultado es el de admitir la disoluci¨®n del matrimonio solamente en los casos m¨¢s extremos, ?cuando existan fundadas razones de que es imposible mantener la convivencia?. Tan imposible que empuje a las parejas a saltar los innumerables obst¨¢culo s de todo tipo que les pone por delante la ley de UCD.

Una ley, se?ores obispos, que, a pesar de la posibilidad abierta a acceder a la separaci¨®n por mutuo acuerdo, no cuenta con nuestra aprobaci¨®n, ya que no satisface las aspiraciones democr¨¢ticas y feministas. Aspiraciones que exigen que el acceso al divorcio sea r¨¢pido, gratuito, por mutuo acuerdo o a petici¨®n de uno de los c¨®nyuges, sin causas ni culpables y con la obligaci¨®n para el Estado de facilitar un puesto de trabajo a las divorciadas que no tengan medios econ¨®micos.

A quienes defendemos estas consideraciones de cara a una ley de divorcio y no defendemos al mismo tiempo la instituci¨®n matrimonial y la familia patriarcal, se nos tacha con los mayores anatemas por parte de quienes est¨¢n celosamente empe?ados en su mantenimiento, guiados por intereses que. nada tienen que ver con el respeto a las personas, a la vida de las personas, a la libertad de ¨¦stas para establecer relaciones amorosas... Cierto es que en un mundo tan hostil, tan agresivo, en una sociedad tan injusta, donde no hay lugar para las relaciones afectivas, de cari?o..., la' familia, al menos, parece presentar algunas satisfacciones. Parte hay de raz¨®n en ello. Pero no es menos cierto que las peque?as satisfacciones que se encuentran en la familia patriarcal, tal y como hoy la conocemos, cuestan un precio demasiado caro. La instituci¨®n matrimonial es coercitiva para todos, y particularmente opresiva para las mujeres.

Deber¨ªa parecer ocioso que en la d¨¦cada de los ochenta haya que seguir rompiendo lanzas y parti¨¦ndonos el pecho por defender el derecho al divorcio en estas latitudes.