El Congreso aprueba el proyecto de ley de Divorcio

Entre la sonrisa del ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez; los abrazos y los whiskies de los socialdem¨®cratas y las caras serias del ponente Jos¨¦ Antonio Escart¨ªn, del portavoz del Grupo Centrista, Miguel Herrero, y de algunos diputados democristianos, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba poco antes de las 20.30 horas de ayer el proyecto de ley de Divorcio. Sali¨® adelante el procedimiento de divorcio del texto de la comisi¨®n y se suprimi¨® la disposici¨®n adicional d¨¦cima, que imped¨ªa a quienes tuvieran un procedimiento iniciado ante los tribunales eclesi¨¢sticos pasarse a la jurisdicci¨®n civil.

El presidente del Congreso, Landelino Lavilla, puso en marcha el acuerdo de la Junta de Portavoces de la ma?ana de limitar el tiempo de debate de cada art¨ªculo, porque el divorcio estaba en el Pleno desde el pasado 17 de marzo.Dos disposiciones adicionales, la sexta, que contempla el procedimiento de divorcio sin litigio para casos en que los c¨®nyuges act¨²en de mutuo acuerdo, y la ya citada disposici¨®n adicional d¨¦cima consumieron la mayor parte de los debates de la tarde. El hecho de que el procedimiento de divorcio se aprobara por 102 votos a favor, veintid¨®s en contra y 117 abstenciones hizo decir, al t¨¦rmino de los debates, a Jos¨¦ Antonio Escart¨ªn, que retir¨® su voto particular, que ?mi petici¨®n de abstenci¨®n ha sido la que m¨¢s votos ha obtenido, lo que obliga a revisar el mal procedimiento que hemos aprobado y que va a dificultar esta ley?.

Escart¨ªn explic¨® la retirada de su voto particular diciendo que ?para un hombre de partido que cree en la disciplina? el mantenimiento de su voto hab¨ªa sido ?un acto particularmente duro?. ?No hab¨ªa?, sigui¨® en su intervenci¨®n ante la C¨¢mara, ?una posici¨®n adoptada al respecto en los ¨®iganos del Gobierno ni en los del partido. Pens¨¦ que el tiempo transcurrido desde la ponencia y la comisi¨®n pod¨ªa haber permitido un debate amplio, pero las razones pol¨ªticas, jur¨ªdicas y sociales de la ley que motivaron mi voto particular subsisten hoy, e incrementadas. Aunque en este momento no hay una decisi¨®n colectiva de los ¨®rganos del Gobierno o del partido, por lo que todav¨ªa no si si soy disciplinado o indisciplinado, quiero que la ley salga pronto, por lo que retiro mi voto particular. Se me podr¨¢ pedir, como mucho, un discreto silencio o una abstenci¨®n?.

Tras esta intervenci¨®n, Jos¨¦ Antonio Escart¨ªn abandon¨® el puesto que, junto a sus compa?eros ponentes, Mar¨ªa Dolores Pelayo y Javier Moscoso, vino ocupando durante el desarrollo de las sesiones del Pleno.

Joaqu¨ªn Satr¨²stegui propuso al procedimiento del texto de la comisi¨®n una enmienda transaccional que ?no tiende, como el procedimiento del se?or Escart¨ªn, a que el fiscal intervenga desde el mismo principio del procedimiento, a que se convierta en un defensor del v¨ªnculo, y se aleja tambi¨¦n en parte de la propuesta de la comisi¨®n que admite s¨®lo pruebas documentales para los casos en que los c¨®nyuges acuden a la separaci¨®n o al divorcio de com¨²n acuerdo?. Satr¨²stegui puso como ejemplo el de matrimonio con m¨¢s de diez a?os de separaci¨®n de hecho, pero que no tenga documentos que lo acrediten, lo que, a su juicio, podr¨ªa imposibilitarles para divorciarse, por lo que propon¨ªa que en algunos supuestos ?pudiera admitirse cualquier otra prueba, por ejemplo, la utilizaci¨®n de testigos?.

Su compa?ero centrista, Javier Moscoso, le contest¨® que el procedimiento que se regula en la disposici¨®n adicional sexta contempla a dos personas que acuden a la autoridad judicial para instar una sentencia de divorcio sin oposici¨®n entre las partes. ?El procedimiento probatorio?, dijo Moscoso, ?es para cuando una parte alega un hecho y la otra lo niega. ?C¨®mo pod¨ªamos, entonces dar por v¨¢lida esta f¨®rmula, que corresponde al procedimiento contradictorio? El procedimiento del se?or Satr¨²stegui, con testigos, ser¨ªa m¨¢s complicado, y, de aceptarlo, potenciar¨ªamos la comedia judicial sin admitir m¨¢s garant¨ªa?.

La aprobaci¨®n del procedimiento sin enfrentamiento o litigio para los casos de mutuo acuerdo de los c¨®nyuges estuvo precedida de un descanso en la sesi¨®n, en el que hubo m¨²ltiples reuniones de Escart¨ªn con Satr¨²stegui, este ¨²ltimo con el presidente de UCD, Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n, Miguel Herrero con Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, I?igo Cavero con D¨ªaz Pin¨¦s y Javier Moscoso, y todos entre s¨ª con Luis Apostua.

El otro terna de la tarde fue la supresi¨®n de la disposici¨®n adicional d¨¦cima. El hecho de que esta disposici¨®n impidiera a los c¨®nyuges que hab¨ªan iniciado un procedimiento ante la jurisdicci¨®n can¨®nica pasar a la ordinaria hizo intervenir a comunistas y socialistas pidiendo su supresi¨®n. El comunista Sol¨¦ Tura manifest¨® que dicha disposici¨®n infring¨ªa el principio de unidad jurisdiccional contemplado en el art¨ªculo 117.5 de la Constituci¨®n. Virgilio Zapatero, en nombre de los socialistas, calific¨® esta disposici¨®n de ?una especie de cepo, de castillo de Ir¨¢s y no Volver¨¢s, claramente inconstitucional?. Incluso anunci¨® que si no se rectificaba a tiempo, ?y a tiempo es ahora?, los socialistas estar¨ªan dispuestos a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ?En esto, el proyecto de UCD?, sigui¨® Virgilio Zapatero, ?es m¨¢s papista que el Papa y va m¨¢s all¨¢ de los propios acuerdos con la Santa Sede?. Zapatero propuso que, en ¨²ltima instancia, se asegurara que los jueces eclesi¨¢sticos s¨®lo seguir¨ªan entendiendo de los procesos iniciados ante ellos mientras los c¨®nyuges estuvieran de acuerdo en esta jurisdicci¨®n.

El centrista Javier Moscoso manifest¨®, en respuesta a Sol¨¦ Tura y a Zapatero, que ?sabemos lo que hemos querido decir en esta disposici¨®n, aunque quiz¨¢ no lo hemos hecho de forma suficientemente expl¨ªcita?. Moscoso explic¨® que, efectivamente, su grupo presentaba una enmienda transaccional para consagrar la posibiIidad de que acudieran a la legislaci¨®n can¨®nica todas las personas que quisieran, pero que no pudiera imped¨ªrseles su paso a la jurisdicci¨®n civil.

El hecho de que el diputado de Coalici¨®n Democr¨¢tica Juan Luis de la Vallina se opusiera a la admisi¨®n a tr¨¢mite de esta enmienda transaccional plante¨® la curiosa situaci¨®n de que venciera una tesis a¨²n m¨¢s contraria a la modificaci¨®n del texto: su supresi¨®n, como ped¨ªa la oposici¨®n. Gregorio Peces-Barba, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pidi¨® que la votaci¨®n al respecto fuera secreta y por el procedimiento electr¨®nico, para imposibilitar que se supiera qui¨¦n romp¨ªa la disciplina de voto. Los resultados de la votaci¨®n fueron 155 diputados a favor de la supresi¨®n de la disposici¨®n adicional, 107 en contra y tres abstenciones, lo que fue acogido con los aplausos de la izquierda y, posteriormente, con las sonrisas sin disimulos de los propios diputados socialdem¨®cratas.

Las disposiciones, adicionales segunda y quinta plantearon tambi¨¦n un cierto grado de debate, especialmente la primera de ellas, que trata de la ejecuci¨®n en el orden civil de las sentencias sobre nulidad de matrimonio can¨®nico dictadas por los tribunales eclesi¨¢sticos. El texto de la comisi¨®n establece que esas sentencias tengan eficacia en el orden civil siempre que se haya o¨ªdo a los interesados si no hay oposici¨®n de alguno de ellos y si se ajustan al derecho del Estado, entre otros requisitos, lo que hizo pedir al representante de Coalici¨®n Democr¨¢tica, Juan Luis de la Vallina, que se respetara la jurisdicci¨®n can¨®nica, y oponerse a este punto al comunista Sol¨¦ Tura, quien pidi¨® que se publicaran las demandas antes de ser homologadas en la legislaci¨®n civil, que el juez pudiera reclamar los autos a la jurisdicci¨®n can¨®nica para mejor proveer y ciertas garant¨ªas en la homologaci¨®n de esas sentencias.