El reglamento del Congreso y el PSA

EL DICTAMEN de la comisi¨®n del Congreso para establecer el Reglamento de la C¨¢mara baja que sustituya al provisional, hasta ahora vigente, deber¨¢ ser aprobado en su d¨ªa en el Pleno por mayor¨ªa absoluta, tal y como establece el art¨ªculo 72 de la Constituci¨®n. Ser¨¢ preciso, as¨ª, pues, el acuerdo de UCD con otros grupos parlamentarios para conseguir los 176 votos que, al igual que en el caso de las leyes org¨¢nicas, son exigidos para la promulgaci¨®n de esta norma.Las lagunas, rigideces y defectos del Reglamento provisional hacen necesario un nuevo mecanismo que permita un funcionamiento m¨¢s ¨¢gil, eficaz y democr¨¢tico del Congreso. Las experiencias de casi cuatro a?os de trabajos legislativos suministran materia prima suficiente para unas rectificaciones e innovaciones que se deber¨ªan haber producido, en realidad, en fecha m¨¢s temprana.

Hasta el momento, el ¨²nico dato que ha trascendido a la opini¨®n p¨²blica es el proyecto de fijar condiciones r¨ªgidas e inflexibles para la formaci¨®n de grupos parlamentarios, pieza b¨¢sica en el funcionamiento de las C¨¢maras, condici¨®n para la pertenencia a la todopoderosa Junta de Portavoces y pasaporte para la intervenci¨®n en los plenos de manera individualizada, y con generosos plazos para. ocupar la tribuna. La pr¨¢ctica, iniciada con la moci¨®n de censura de mayo de 1980, de transmitir por televisi¨®n los principales debates, costumbre que deber¨ªa ser mantenida e incluso ampliada en el futuro, confiere, de a?adidura, una importante dimensi¨®n electoralista y propagandista al grupo parlamentario, que puede hacer o¨ªr,su voz ante millones de ciudadanos.

Los acuerdos de la comisi¨®n establecen unos m¨ªnimos de diputados -elegidos y de proporci¨®n de los sufragios obtenidos respecto al censo nacional o de las circunscripciones provinciales que despojar¨ªan a la minor¨ªa andaluza de su derecho a mantener el grupo parlamentario que les fue concedido por UCD, en abril de 1979, como recompensa por su apoyo a Adolfo Su¨¢riez en la votaci¨®n de investidura. Aunque tambi¨¦n desaparecer¨ªan como grupos parlamentarios independientes los socialistas vascos y los socialistas catalanes, es evidente que s¨®lo el caso del PSA ofrece perfiles aut¨¦nticamente pol¨¦micos.

Si Alejandro Rojas Marcos eligiera el camino de la resignaci¨®n, podr¨ªa consolarse con la oraci¨®n de que lo que UCD le dio, UCD se lo quit¨®. La colaboraci¨®n y los entendimientos entre el PSA y el Gobierno antes de las elecciones de marzo de 1979, en la investidura de Adolfo Su¨¢rez y durante la votaci¨®n de confianza de septiembre de 1980, son datos tan p¨²blicos y conocidos como los acuerdos y negociaciones actuales entre el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y el PSOE para reconducir el proceso auton¨®mico y concertar otras ¨¢reas de gobierno. De otra parte, podas dudas cabe albergar acerca de que una de las prendas exigidas por los socialistas al palacio de la Moncloa para su colaboraci¨®n sea el cese de los favores gubernamentales al PSA, pr¨¢ctica iniciada por Fernando Abril Martorell, y su desaparici¨®n como grupo parlamentario.

Sin embargo, quiz¨¢ los deseos de venganza hayan cegado al PSOE en sus mandobles, y la persecuci¨®n al PSA sea, parad¨®jicamente, la ¨²nica forma de que este partido, desgarrado por una feroz lucha interna, desprestigiado por la comedia del Pleno de confianza, amenazado desde la derecha por la Unidad Andaluza d¨¦ Manuel Clavero, y por la izquierda, por los disidentes radicales, recupere fuerzas y vigorice su imagen. En este pa¨ªs, el papel de v¨ªctima suele ser pol¨ªticamente rentable. De otro lado, resulta inaceptable, aunque formalmente sea correcto, que las reglas del juego parlamentario actuales sean modificadas antes de que concluya la legislatura, sin acuerdo un¨¢nime de los congresistas, y para hacer la pascua a un solo grupo pol¨ªtico. En este sentido,- parecer¨ªa una exigencia de sentido com¨²n -y de limpieza democr¨¢tica que la normativa sobre grupos parlamentarios y dem¨¢s aspectos conflictivos y pol¨¦micos del nuevo Reglamento s¨®lo entrara en vigor despu¨¦s de las pr¨®ximas elecciones generales y con la apertura de la tercera legislatura. Lo dem¨¢s, pensamos, es jugar sucio.