El chantaje de los ex¨¢menes

LA FUNCI?N de jueces, en demasiadas ocasiones de ¨²nica instancia, que la sociedad atribuye a los maestros y profesores de todos los niveles de ense?anza lleva impl¨ªcita la potestad de aprobar o suspender asignaturas y cursos, aplicando en ocasiones varas de medir que no s¨®lo toman en consideraci¨®n de forma objetiva la capacidad intelectual o el dominio de la materia por los alumnos, sino tambi¨¦n criterios de otro orden o valoraciones subjetivas. Para nadie es un secreto, as¨ª, que existe instituciones docentes, privadas, montadas corno negocios m¨¢s que como centros educativos, que garantizan el aprobado en septiembre a los alumnos suspendidos en junio que se comprometan a asistir -y a pagar- las clases de recuperaci¨®n programadas durante los meses de verano.Los alumnos deber¨ªan estar asistidos, cuando menos, del derecho a conocer, en plazos razonables, esos veredictos cuyos considerandos y resultandos no siempre les Son facilitados. Sin embargo, comienza a convertirse en una irritante- costumbre y en una intolerable pr¨¢ctica la utilizaci¨®n por un sector del profesorado del resultado de los ex¨¢menes finales para chantajear a la Administraci¨®n y obligarla a dar respuestas positivas a sus reivindicaciones. La retenci¨®n de las actas de calificaci¨®n, o la no evaluaci¨®n de los alumnos al concluir el curso se transforman as¨ª en una f¨®rmula refinadamente s¨¢dica, que desequilibra los nervios de los alumnos y de sus familias, parzi presionar sobre la Administraci¨®n en favor de los intereses corporativos del personal docente.

Este a?o han sido las asociaciones nacionales de catedr¨¢ticos y agregados de bachillerato las que han decidido suspender las evaluaciones finales de los alumnos de COU h¨¢sta el pr¨®ximo 15 de junio. Dado que estos estudiantes tienen que superar, primero, el curso de orientaci¨®n u niverlitaria y sufrir, despu¨¦s, los ex¨¢menes de accesci¨®n a la universidad (Selectividad) dentro de plazos limitados de tiempo, resultan v¨ªctimas propiciatorias ideales para esta nueva modalidad txtorsionista. Pero tambi¨¦n los docentes de la Asociaci¨®n de Profesores de Centros de Ense?anzas Integradas, las antiguas universidades laborales,?amenazan con boicotear las evaluaciones.

La aviesa-maniobra no es nueva. Los catedr¨¢ticos y agregados de bachillerato, que dejaron sin clases a sus alumnos durante varias semanas del primer trimestre del presente curso, aplazaron ya las evaluaciones de los estudiantes al finalizar el curso 1978-1979. S¨®lo, cuando la

Administraci¨®n acept¨® parte de su plataforma reivindicativa los profesores huelguistas depusieron su actitud.

Se plantea as¨ª el viejo problema de saber qui¨¦n educa a los educadores y de c¨®mo quienes se dedican ala ensenanza como vocaci¨®n pueden degradar su ejercicio, por debajo de cualquier consideraci¨®n de ¨¦tica ciudadana, s¨®lo para defenderlos intereses de su prbfesi¨®n. No se trata de poner en duda la justicia de buena parte de las reivindicaciones de los ense?antes, sino de rechazar la manipulaci¨®n del alumnado como instrumento para satisfacerlas. Para mayor escarnio, esas asoc¨ªaciones profesionales de profesores de instituto o de universidades laborales, que se jactan de su condici¨®n de independientes y apol¨ªticas, se hallan en ocasiones en presumible connivencia con sectores de1a Administraci¨®n p¨²blica, en la que terminan integr¨¢ndose, en puestos de elevada responsabilidad, algunos de sus l¨ªderes. No es de extra?ar, como consecuencia, la debilidad, provocada o inducida, de los sindicatos de profesores, marginados por estas agresivas, pero bien conectadas, asociaciones independientes.

La en¨¦rgica nota del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia, hecha p¨²blica ayer, para anunciar la apertura de expedientes a los profesores que retrasen las evaluaciones de fin de curso subraya que esa media extorsionista posee ?efectos ntgativos,y, en algunos casos, irreversibles, que, por recaer directamente sobre los alumnos y sus familias, excede del ¨¢mbito concreto de relaciones entre el Ministerio y el profesorado?. La nota tambi¨¦n in dica que la grave violaci¨®n del derecho constitucional a recibir educaci¨®n y del derecho a la valoraci¨®n objetiva de los rendimientos educativos que la ley general de Educaci¨®n feconoce a los alumnos debe prevalecer sobre la m¨¢s generosa interpretaci¨®n imaginable del derecho de huelga del profesorado. Pocas dudas cabe albergar, en verdad, sobre el car¨¢cter rechazable e indigno de una huelga que utiliza a la poblaci¨®n escolar, en este Caso mayoritariamente incluida en los sectores m¨¢s pobres de nuestrasociedad, como carne de ca?¨®n para la defensa de los intereses profesionales de sus presuntos educadores.