V¨ªa libre a una propuesta comunista para regular la asistencia letrada al detenido

El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer v¨ªa libre a la tramitaci¨®n de una proposici¨®n de ley presentada por el Grupo Parlamentario Comunista para la regulaci¨®n del precepto constitucional sobre asistencia letrada al detenido, por 131 votos favorables, 11 en contra y 128 abstenciones. Cinco diputados centristas no siguieron la indicaci¨®n de voto marcada por el representante del Gobierno, Javier Moscoso -abstenci¨®n-, y se unieron al voto negativo de los seis diputados de Coalici¨®n Democr¨¢tica presentes en el hemiciclo.

El ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, manifest¨® a EL PAIS que, aunque t¨¦cnicamente la propuesta comunista es muy deficiente, el Gobierno hab¨ªa querido, mediante la abstenci¨®n centrista, admitirla a tr¨¢mite, por responder a una necesidad de justicia y a un planteamiento constitucional. Seg¨²n el listado de la votaci¨®n, votaron negativamente los centristas Ram¨®n Alvarez de Miranda, Miguel Herrero, Luis Berenguer, Santiago Rodr¨ªguez Miranda y Gabriel Cisneros, alguno de ellos probablemente por error.La propuesta comunista, que fue presentada a la Mesa del Congreso unos d¨ªas antes del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero, contiene la regulaci¨®n de una serie de medidas que garanticen al detenido el total respeto a su integridad f¨ªsica, el conocimiento de las causas de su situaci¨®n, los derechos que la ley le reconoce y la forma de ejercitarlos. El comunista Josep Sol¨¦ Barber¨¢ insisti¨® en la necesidad de que se cumpla de forma rigurosa la Constituci¨®n, que en su art¨ªculo 17.3 establece con claridad que ?toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detenci¨®n, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los t¨¦rminos que la ley establezca?.

El centrista Javier Moscoso, que intervino en nombre del Gobierno, record¨® que no s¨®lo existe el compromiso constitucional, sino tambi¨¦n el emplazamiento contenido en la ley que suspende determinados derechos individuales para que se elabore esta ley. Manifest¨® su coincidencia en la oportunidad y en la conveniencia de la iniciativa legislativa, as¨ª como su discrepancia respecto al contenido,

Moscoso estim¨® que la referencia a que ser¨¢ el abogado quien instruir¨¢ al detenido sobre sus derechos no es correcta, ya que corresponde a la autoridad que detiene instruir sobre los derechos y garant¨ªas del detenido. En todo caso, insisti¨® en que la iniciativa era loable y que posiblemente se acumule al proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que pr¨®ximamente remitir¨¢ el Gobierno a la C¨¢mara.

Una proposici¨®n no de ley sobre participaci¨®n de los municipios en la fijaci¨®n de criterios para la distribuci¨®n de los impuestos estatales fue aprobada casi un¨¢nimemente, a propuesta de la Minor¨ªa Catalana. Seguidamente, el comunista Jordi Sol¨¦ Tura inici¨® la defensa de otra proposici¨®n no de ley sobre el proceso auton¨®mico de Canarias. Se?al¨® que hab¨ªa sido presentada a?o y medio antes y que, por no tener sentido ahora defender la v¨ªa del art¨ªculo 151 para la autonom¨ªa de Canarias, retiraba la propuesta.

El centrista Fernando Bergasa intent¨® intervenir. El presidente Landelino Lavilla se lo impidi¨® inicialmente, pero ante la propuesta de Miguel Herrero le concedi¨® la palabra. Se produjo lo que el socialista Jer¨®nimo Saavedra calific¨® de debate at¨ªpico, en el que los centristas dijeron que no se hab¨ªan cumplido los requisitos del art¨ªculo 151 y la izquierda defendi¨® lo contrario.

Interpelaciones

El ministro de Administraci¨®n Territorial, Rodolfo Mart¨ªn Villa, manifest¨® ayer ante el Pleno del Congreso que el Gobierno entiende que s¨®lo existe una naci¨®n, la espa?ola, y el t¨¦rmino nacionalidades s¨®lo identifica a ciertas comunidades aut¨®nomas. El ministro respond¨ªa a una interpelaci¨®n de Manuel Fraga sobre la ley por la que el Parlamento catal¨¢n declar¨® fiesta en Catalu?a el 11 de septiembre, usando los t¨¦rminos naci¨®n y nacional referidos a la comunidad aut¨®noma.Manuel Fraga afirm¨® que esta ley, la primera aprobada por el Parlamento de Catalu?a, seg¨²n sus datos, tiene un lenguaje que se aparta claramente de la Constituci¨®n, y pregunt¨® al Gobierno si no cree conveniente que sea impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Mart¨ªn Villa, tomando pie en la interpelaci¨®n, expres¨® su deseo de dejar claros estos conceptos, seg¨²n los entiende el Gobierno. As¨ª, afirm¨® que no hay m¨¢s naci¨®n que la espa?ola y que el t¨¦rmino nacionalidades ¨²nicamente designa comunidades aut¨®nomas diferenciadas por razones hist¨®ricas, ling¨¹¨ªsticas y culturales dentro de la naci¨®n espa?ola.

Asimismo, asegur¨® que el Gobierno quiere un Estado fuerte con unas autonom¨ªas reales, eficaces y solidarias, y sobre el caso concreto de la ley catalana, puntualiz¨® que el Gobierno est¨¢ en desacuerdo con el uso de la palabra naci¨®n, que se hace en el pre¨¢mbulo, y entiende que la mejor soluci¨®n al problema es la ley sobre armonizaci¨®n del uso de estos t¨¦rminos, cuyo proyecto ha sido remitido a las Cortes.

Por su parte, el diputado centrista por Segovia y vicepresidente primero de la C¨¢mara, Modesto Fraile, interpel¨® al ministro de Hacienda sobre los presupuestos de las diputaciones provinciales para este a?o. Fraile se quej¨® de que una orden del Gobierno fij¨® en 747 pesetas por persona la cantidad que las diputaciones deb¨ªan consignar en su presupuesto por ingresos del impuesto general sobre tr¨¢fico de empresas, aunque luego esa cantidad subi¨® a 1.600 pesetas, que el diputado sigui¨® considerando insuficiente.

El ministro Jaime Garc¨ªa A?overos explic¨® que el impuesto aludido disminuy¨® al ser modificada la legislaci¨®n; aclar¨® que las cifras dadas no son fijas, sino m¨ªnimos de referencia.