El acuerdo sobre empleo y las subvenciones a las centrales sindicales

Sorprende por su beligerancia y falta de informaci¨®n objetiva el editorial de este diario del pasado d¨ªa 19, bajo el t¨ªtulo Dinero para los sindicatos.Al tratar este desgraciado incidente, que podr¨ªa perjudicar la credibilidad y los efectos positivos del acuerdo sobre el empleo, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: la forma irregular y condenable en que los sindicatos y los representantes de la Administraci¨®n han establecido el acuerdo secreto; la justificaci¨®n y las graves consecuencias de introducir en los Presupuestos del Estado un sistema de subvenciones directas y globales, con recursos de todos los espa?oles, a las centrales sindicales que han suscrito el acuerdo sobre el empleo y el tratamiento del llamado patrimonio sindical.

El resto de la informaci¨®n y del an¨¢lisis del editorial que comentamos puede constituir defensa de posiciones pol¨ªticas o personales e incluso consideraciones no exentas de demagogia.

Al margen y con enga?o de la CEOE

El pacto reservado entre los representantes de la Administraci¨®n y los sindicatos para fijar subvenciones a ¨¦stos con recursos p¨²blicos ha sido establecido con ocasi¨®n de la negociaci¨®n sobre el empleo, y puede entenderse como una contrapartida irregular e injustificable por los sindicatos, que han exigido, y por los representantes de la Administraci¨®n, que la han aceptado, al margen y con enga?o de la CEOE, que de buena fe ha participado en la negociaci¨®n y que, desde el comienzo de la misma, propuso entre los temas a discutir el tratamiento del llamado patrimonio sindical.

La forma en que se ha producido este pacto ya justifica el rechazo y protesta del mismo por parte de la CEOE, de los empresarios, de los trabajadores espa?oles y de la opini¨®n p¨²blica.

Pero es que su contenido viene a agravar a¨²n m¨¢s el juicio sereno sobre el mismo. Del texto del mismo, que solamente se ha conocido por su forzada reproducci¨®n en algunos medios de comunicaci¨®n social, se desprende una absurda y lesiva mezcla de conceptos y argumentos que, bajo la m¨¢scara de una futura negociaci¨®n entre Gobierno, CEOE y sindicatos sobre el destino de determinados bienes del patrimonio sindical y de no se sabe bien qu¨¦ tipo de renuncia a posibles reclamaciones de CC OO y UGT sobre el mismo, reconocen el gran objetivo del pacto: subvencionar con recursos de todos los espa?oles, de manera directa y global, a CC OO y UGT, que han participado en la negociaci¨®n y en la firma del acuerdo sobre el empleo.

Este es el gran compromiso y este es el gran objetivo de la exigencia sindical y las consecuencias de la aceptaci¨®n irregular y grave por los representantes del Gobierno. Todo lo dem¨¢s es ret¨®rica o demagogia.

Y bajo esta ¨²nica consideraci¨®n debe centrarse el juicio de la opini¨®n p¨²blica, como se centra la protesta y oposici¨®n de los empresarios.

Y no se justifica esta protesta u oposici¨®n con razones cerriles o, como maliciosamente parece sugerir el editorial de EL PAIS, por vinculaciones a opciones pol¨ªticas determinadas. Se justifica solamente con la Constituci¨®n vigente en la mano, con la pr¨¢ctica sindical de los Gobiernos de Europa occidental y los juicios e informes de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo.

En un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico y pluralista, como el vigente en Espa?a, los sindicatos y organizaciones empresariales, que tambi¨¦n pueden desarrollar actividades de inter¨¦s general, son organizaciones privadas de car¨¢cter libre, democr¨¢tico, independientes del Gobierno y, sobre todo, de afiliaci¨®n libre y voluntaria.

Cualquier sistema de financiaci¨®n global con recursos p¨²blicos administrados por el Gobierno puede desnaturalizar estas caracter¨ªsticas y a estas organizaciones.

As¨ª lo ha recogido frecuentemente en sus conclusiones o informes la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo, que, incluso, ha editado una interesante obra bajo el t¨ªtulo Las autoridades p¨²blicas y la protecci¨®n de los bienes sindicales, donde se afirma que ?el otorgamiento de subvenciones gubernamentales a los sindicatos puede originar problemas con incidencia en la independencia de estas organizaciones?. Donde se dice tambi¨¦n que ?las leyes no deben permitir que la concesi¨®n de subvenciones d¨¦ lugar a discriminaci¨®n entre sindicatos rivales, y menos en base a que unos atienden y otros no los deseos de los poderes p¨²blicos?.

Finalmente, es revelador que de tan interesante informe de la OIT se deduce que, salvo la rigurosa excepci¨®n de Suiza (que prev¨¦ subvenciones para formaci¨®n profesional), solamente se conceden subvenciones a los sindicatos con recursos p¨²blicos en los siguientes pa¨ªses: Irak, L¨ªbano, Siria, Madagascar, Costa Rica, India, Argelia, Panam¨¢, Rep¨²blica Centroafricana, Costa de Marfil, Alto Volta, Gab¨®n y Guinea.

Queda, tambi¨¦n, el propio sentimiento de confusi¨®n e indignaci¨®n de muchos espa?oles que no desean afiliarse a estos sindicatos y que pueden ver c¨®mo, con sus recursos, se les trata de financiar, v¨ªa presupuesto del Estado.

Consolidaci¨®n de los sindicatos

Y no utilicemos el argumento de que la consolidaci¨®n de la democracia exige la consolidaci¨®n y el fortalecimiento de estos sindicatos. Esta consolidaci¨®n se consigue, no con la protecci¨®n del Gobierno o la dependencia de partidos pol¨ªticos, sino actuando en el estricto plano sindical a todos los niveles y defendiendo cada d¨ªa los derechos y aspiraciones aut¨¦nticos de los trabajadores.

Nadie puede acusar a la CEOE de no facilitar una limpia y eficaz consolidaci¨®n de los sindicatos. En los acuerdos con UGT y USO -CC OO no quiso suscribirlos- de los a?os 1979, 1980 y 1981, se reconoce en los centros de trabajo la figura del delegado sindical, y el descuento de la cuota sindical en la n¨®mina a petici¨®n de los trabajadores. En las recientes elecciones a representantes de los trabajadores las empresas han dado una prueba evidente de inter¨¦s y colaboraci¨®n frente a la frecuente apat¨ªa o rechazo de gran parte de los trabajadores. Esta es una realidad y hay que decirla con todas sus consecuencias. Si estos sindicatos no se consolidan no es por culpa de la CEOE. Seguramente es porque llevan dentro de s¨ª el germen de la destrucci¨®n de empresas y de puestos de trabajo, y arrastran su propia ineficacia por excesivos condicionamientos y dependencias pol¨ªticas. Y ello no puede resolverse con el dinero de todos los contribuyentes. Cabe la confianza de que finalmente el Gobierno y su presidente valoren estas circunstancias y encuentren f¨®rmulas correctas de tratamiento a los sindicatos y a las organizaciones empresariales.

En este sentido, en la reuni¨®n mantenida con el presidente del Gobierno y el ministro de Econom¨ªa y Comercio el pasado d¨ªa 15, ambos negaron que el Gobierno acepte aplicar un sistema de subvenciones global y directo a los sindicatos, que podr¨ªa vulnerar la obligaci¨®n de neutralidad respecto a su libre constituci¨®n y funcionamiento.

Al mismo tiempo, han asegurado a la CEOE que cualquier prestaci¨®n. que pueda establecerse con recursos del Estado a las organizaciones de empresarios y trabajadores se realizar¨¢ sin ninguna discriminaci¨®n, y mediante acuerdos voluntarios de colaboraci¨®n, en la realizaci¨®n de actividades de inter¨¦s p¨²blico, dentro de los fines y de la competencia de los diferentes ¨®rganos de la Administraci¨®n y de las organizaciones de trabajadores y empresarios, con el necesario y riguroso control p¨²blico de las actividades acordadas y del uso de los recursos del Estado que resulten afectados.

Esta es, desde nuestro punto de vista, la ¨²nica soluci¨®n correcta que puede darse al problema planteado y la ¨²nica forma admisible de establecer f¨®rmulas de colaboraci¨®n entre estas organizaciones y el Gobierno, con el apoyo parcial de recursos p¨²blicos.

Respecto a las leyes vigentes

Sobre el destino o uso del llamado patrimonio sindical, cuya propiedad es del Estado, no cabe hablar de devoluciones ni de indemnizaciones por el retraso en las mismas. Todas las reclamaciones deben plantearse y solventarse ante los ¨®rganos de la justicia. Cualquier compromiso del Gobierno prometiendo devoluciones o indemnizaciones ha de hacerse con escrupuloso respeto a las leyes vigentes sobre disponibilidad del patrimonio p¨²blico.

Otra cosl¨¢ es que, mediante una negociaci¨®n seria y limpia, que en esta ocasi¨®n no se ha producido, el Gobierno, la CEOE y los sindicatos puedan llegar a acuerdos sobre el mejor uso de determinados bienes de ese patrimonio, en apoyo de las actividades propias o de inter¨¦s general que, l¨ªcitamente, realicen estas organizaciones y de acuerdo con el volumen de aportaciones a la constituci¨®n de este patrimonio.

A esta negociaci¨®n ha estado y est¨¢ dispuesta la CEOE. S¨®lo cabe esperar que, si se produce, no se repartan las cartas del juego por debajo de la mesa.