La frustraci¨®n nacional de Uruguay
Me veo en la muy curiosa situaci¨®n de tener que discrepar con algo que ha salido publicado en esta misma secci¨®n de "Tribuna libre" el pasado s¨¢bado 18 de julio bajo mi propia firma. Y esto es as¨ª por dos razones: la primera, porque en una realidad pol¨ªtica compleja, fluida y herm¨¦tica como es la uruguaya de estos d¨ªas, lo que pod¨ªa llegar a ser un art¨ªculo especulativo y removedor hace cinco semanas, si se publicaba por esas fechas, queda hoy convertido en algo carente de todo valor por el simple imperio de los hechos; la segunda, porque es sabido que aun en los m¨¢s honrados intentos de actualizaci¨®n de materiales que tienen lugar en las redacciones de los peri¨®dicos, el diablo mete la cola.Es un hecho oficial y p¨²blicamente difundido, nuevo y no confirmatorio de anteriores hip¨®tesis, que el 8 de julio pasado la Comisi¨®n de Asuntos Pol¨ªticos de las fuerzas armadas de Uruguay (COMASPO) mantuvo durante todo el d¨ªa conversaciones con representantes de algunos sectores de los dos partidos tradicionales: el Partido Nacional (blanco) y el Partido Colorado.
Y es importante precisar que fueron s¨®lo algunos sectores los llamados a la mesa de negociaciones de la COMASPO, puesto que, dentro del variado conjunto de fracciones en que se dividen esos partidos, fueron convocados ¨²nicamente los dirigentes que pueden considerarse represent¨¢tivos de las minor¨ªas ultraconservadoras de ambos, aquellos que en su apoyo al s¨ª en el plebiscito constitucional perdido por el r¨¦gimen militar el 30 de noviembre de 1980, o en su neutralidad, fueron derrotados por la opini¨®n democr¨¢tica del pa¨ªs.
S¨®lo cabe agregar, entre los dialogantes, a dos figuras vinculadas al periodismo y a los colorados, que jugaron un importante papel en favor del no en aquella hist¨®rica oportunidad, pero que luego han conducido sus esfuerzos editoriales hacia salidas te?idas de un pragmatismo dif¨ªcilmente asimilable al profundo sentido democr¨¢tico de aquel pronunciamiento popular.
Los dirigentes pol¨ªticos convocados por el poder militar deb¨ªan realizar las consultas necesarias en el plazo,de una semana y volver el d¨ªa 14, martes, con una respuesta alos planteamientos recibidos, el d¨ªa 8, que pueden re sumirse as¨ª:
El plan de las FFAA
Se ofrece, ¨²nicamente a los partidos pol¨ªticos tradicionales, una transici¨®n pol¨ªtica que permita un regreso de ¨¦stos al Gobierno, tras un per¨ªodo (indefinido a¨²n entre dos y cinco a?os), durante el cual ejercer¨ªa el poder ejecutivo un nuevo presidente, cuyo nombre todav¨ªa no ha sido revelado por los militares; se encarga a esos dos partidos la redacci¨®n de un estatuto legal para su funcionamiento; se permiten reuniones de esos partidos para considerar estos temas, de hasta cuarenta personas, a puerta cerrada y bajo control policial; el actual Consejo de Estado (¨®rgano de veinti¨²n miembros nombrados por el r¨¦gimen militar para legislar) ser¨ªa ampliado hasta el n¨²mero de sesenta mediante nuevas designaciones directas por parte del Gobierno, con la inclusi¨®n de una peque?a representaci¨®n de cada uno de los dos partidos tradicionales, una vez que ¨¦stos se hayan reorganizado; este ¨®rgano ser¨ªa investido del poder constituyente, aprobando simplemente unos ajustes a la Constituci¨®n de 1967, dentro de los cuales se deber¨¢n incluir dos o tres puntos en los que las fuerzas armadas son inflexibles y que se relacionan con la continuidad de su tutela sobre las instituciones y sobre el mismo Gobierno. A este Consejo de Estado as¨ª ampliado se le denominar¨ªa asamblea constituyente".
No hay ninguna precisi¨®n acerca de si se intentar¨ªa, una vez m¨¢s, obtener el necesario refrendo popular. Pero la conclusi¨®n l¨®gica debe ser la negativa, a la vista de la experiencia sufrida el a?o pasado y de la presi¨®n que a¨²n ejerce el sector ultra de las fuerzas armadas.
Noticias aparecidas el viernes 17 en este mismo peri¨®dico dan a entender que tal esquema ha sido aceptado por los dirigentes pol¨ªticos convocados, con los mismos planteamientos generales; y que ha habido un acuerdo efectivo con el poder. S¨®lo se ha agregado la novedad de que las autoridades dar¨¢n a conocer, a finales de julio, el nombre del futuro presidente provisional. Ya ha perdido toda importancia la posibilidad de que sea o no el teniente general Gregorio Alvarez el elegido por la c¨²pula militar. Tambi¨¦n pasa a un plano secundario la distinci¨®n entre si ser¨¢ un civil o un militar el nuevo presidente, e incluso convendr¨¢ una personalidad menos acusada que la de Alvarez, pues su programa ya estar¨ªa fijado de antemano. Conjuntamente con el anuncio del nuevo presidente se decretar¨¢n miles de rehabilitaciones pol¨ªticas, para que los propios partidos tradicionales puedan funcionar.
?C¨®mo interpretar un esquema de apertura y unos hechos como los ahora conocidos, que dejan tan estrecho margen a la especulaci¨®n?
Un di¨¢logo inexistente
Tan solo cabe se?alar la evidencia de que tras este di¨¢logo de despachos se intenta rehacer y legalizar formalmente una alianza "c¨ªvico-militar" como la conocida de facto bajo el r¨¦gimen dictatorial, con el fin de desconocer la voluntad popular expresada en los comicios de noviembre de 1980.
No es verdad que se haya abierto un di¨¢logo con la oposici¨®n pol¨ªtica; tampoco lo es que se vaya a convocar la elecci¨®n de una Asamblea Nacional constituyente. Y no es verdad, finalmente, que el per¨ªodo de transici¨®n proyectado desembocar¨ªa en un r¨¦gimen constitucional democr¨¢tico. Simplemente se modificar¨ªa la Constituci¨®n (violada) de 1967, "previa consulta a los partidos" (tradicionales), sin osar someter esa consulta al voto popular, y se asegurar¨ªa as¨ª la continuidad esencial de la actual situaci¨®n. Todo esto, claro est¨¢, con la bendici¨®n del nuevo Gobierno de los Estados Unidos de Am¨¦rica.
No se sabe a¨²n, concretamente, cu¨¢l ha sido la reacci¨®n y cu¨¢l ser¨¢ la actitud de los sectores mayoritarios y democr¨¢ticos de los dos partidos tradicionales (los colorados "batllistas" y los blancos de Ferreira Aldunate), con quienes no se ha querido hablar y que presumibiemente reivindicar¨¢n para s¨ª la legitimidad de la representaci¨®n partidaria.
Pero s¨ª est¨¢ claro que con esta maniobra se intenta condenar a los infiernos a la masa de ciudadanos que piensan en socialista, democristiano, comunista o izquierdista de cualquier origen, convirtiendo as¨ª en uruguayos de segunda clase al 30% de los hijos del pa¨ªs. A¨²n m¨¢s: la nueva alianza continuista no logra ocultar el vano prop¨®sito de hundir en la c¨¢rcel el l¨ªderazgo popular del presidente del Frente Amplio, L¨ªber Seregni, y desvanecer en el ostracismo el carisma liberal de Ferreira Aldunate, dos hombres que sintetizan y encarnan, junto a los l¨ªderes batllistas, la voluntad ya expresada de la soberan¨ªa popular.
Antes que ninguna apertura, una peligrosa frustraci¨®n nacional se est¨¢ gestando en Uruguay.
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