Costes de trabajo y pol¨ªtica salarial

Los costes salariales directos por hora trabajada en el sector industrial han pasado en Espa?a de 39,47 pesetas, en 1970, a 238 pesetas, en 1980.Este aumento nominal del 629,7% sit¨²a el incremento de los costes laborales espa?oles en un destacado puesto de cabeza dentro del conjunto de las econom¨ªas de los principales pa¨ªses occidentales.

As¨ª se desprende de un estudio publicado por el Instituto de la Econom¨ªa Alemana de Colonia (IW), en que se analiza la evoluci¨®n de los costes laborales industriales de los principales pa¨ªses de la OCDE.

Calculando los costes sobre la base del marco alem¨¢n -una de las divisas menos castigadas por la inflaci¨®n y, por tanto, uno de los mejores puntos de referencia para fijar la cuant¨ªa real de los incrementos-, los salarlos directamente percibidos por los trabajadores industriales espa?oles han pasado de 2,07 marcos por hora, en 1970, a 7,30 marcos, en 1980, lo que supone un aumento del 252,7%. Siguen, ya a cierta distancia, B¨¦lgica, con un aumento del 187,9%, y Jap¨®n, con el 186,3%. Los menores ¨ªndices de crecimiento corresponden a EE UU, con s¨®lo un 7,3%.

Para determinar el volumen de los costes laborales totales, a los salarlos directamente percibidos por los trabajadores deben a?adirse los llamados costes personales (o salariales) adicionales, en los que se incluyen los conceptos de Seguridad Social, vacaciones, permisos especiales retribuidos y otros varios.

Este apartado de los costes adicionales tiene una particular incidencia en el caso espa?ol. As¨ª, mientras que, en t¨¦rminos absolutos los salarlos espa?oles figuran en el pen¨²ltimo lugar de la tabla del IW los costes del trabajo adicionales superan -tambi¨¦n en t¨¦rminos absolutos- a los de Grecia, Jap¨®n, Reino Unido, Canad¨¢ y Dinamarca y se hallan pr¨®ximos a los registrados en EE UU, Noruega y Suiza. La diferencia se hace a¨²n m¨¢s paIpable expresada en los porcentajes que los costes adicionales suponen sobre los costes totales. En Espaba este porcentaje es del 37%, mientras que es del 32% en Noruega, del 31% en Suiza, del 27% en EE UU, del 24% en Canad¨¢, del 23% en Irlanda y el Reino Unido del 20% en Jap¨®n.

El impacto de las cargas de la Seguridad Social

Esta acusada incidencia debe achacarse principalmente al fuerte impacto de las cargas de la Seguridad Social. En efecto, a tenor de los datos de la OCDE, el empresariado espa?ol es, dentro de las econom¨ªas del Mercado Com¨²n, el que m¨¢s altas cotizaciones aporta a los presupuestos de gastos de la Seguridad Social, con un 68,3% del total, frente a una media del 48% de los empresarios de la Comunidad.

Las tasas de crecimiento han sido en general m¨¢s pronunciadas los pa¨ªses que parten de salarios m¨¢s bajos (Espa?a. Grecia, Irlanda, Italia, Jap¨®n, Austria). Esta tendencia fuertemente alcista en la base de la pir¨¢mide salarial y m¨¢s moderada en el v¨¦rtice genera de un progresivo ensanchamientoo de la zona salarial media y una disminuci¨®n de a distancia entre los salarios m¨¢s bajos y los m¨¢s altos. En 1970 esta distancia era (tomando como valor comparativo el ¨ªndice alem¨¢n igual a 100) de 29% en Grecia y 167,7% en EE UU, es decir, de m¨¢s de 1 a 6. En 1980, la tendencia niveladora reduc¨ªa los valores de 28,3 en Grecia a 104,3 en B¨¦lgica, esto es, de 1 a 3,5. M¨¢s interesante resulta comprobar que, siempre sobre el ¨ªndice 100 de Alemania, en 1970 el n¨²mero de pa¨ªses situados en la banda 90-110 era de s¨®lo tres, mientras que en 1980 eran pr¨¢cticamente siete (incluyendo a Dinamarca, con un 88,9).

Respecto de Espa?a, la tendencla niveladora cristaliza en el hecho de que mientras que en 1970 la media de los costes salariales directos de la CEE (suponiendo, para homogeneizar los c¨¢lculos, que ya entonces estuviera integrada por los diez miembros actuales) era un 222% superior a la espa?ola, en 1980 la distancia se reduc¨ªa al 50,7%.

En el caso particular de Alemania, mientras que en 1970 un trabajador de este pa¨ªs percib¨ªa un salario directo tres veces superior al espa?ol (6,20 y 2,07 marcos. respectivamente), en 1980 este salario es ya menos del doble (13,36 y 7,30 marcos).

Desaparici¨®n de las ventajas en exportaci¨®n

Una de las consecuencias de esta tendencia es la progresiva desaparici¨®n de las ventajas de que, en orden a la exportaci¨®n, disfrutaban los pa¨ªses con reducidos costes salariales. La homogeneizaci¨®n de estos costes en el ¨¢rea de la OCDE hace depender la capacidad exportadora de otros factores, como contenido tecnol¨®gico, calidad, facilidades financieras y asistencia al cliente.

Debe contemplarse, sin duda, con ¨¢nimo positivo, la corriente que empuja a la nivelaci¨®n salarial internacional para corregir los notables desequilibrios hoy existentes no s¨®lo entre el Norte y el Sur, sino en el ¨¢rea misma de las econom¨ªas occidentales.

Con todo, una r¨¢pida igualaci¨®n de los salarlos espa?oles con los salarios europeos sin una paralela equiparaci¨®n de la eficacia productiva (mediante las oportunas reconversiones e innovaciones tecnol¨®gicas) tendr¨ªa resultados funestos sobre la ya escasa productividad y capacidad competitiva de numerosos sectores industriales y, por consiguiente, tambi¨¦n sobre el nivel de empleo.

En esta perspectiva, merece especial consideraci¨®n el principio de la indiciaci¨®n de los salarlos, es decir, de la revisi¨®n N, aumento autom¨¢tico de los salarlos en funci¨®n del aumento de los precios. Con este mecanismo es evidente que los precios nunca disminuyen y que, por tanto, la inflaci¨®n se consolida. Dado que la inflaci¨®n es una de las causas mayores del desempleo, puede afirmarse que la indiciaci¨®n genera paro.

Adem¨¢s este intento de la poblaci¨®n activa por defenderse contra la inflaci¨®n mediante la escala m¨®vil deja desprotegidas a otras capas de la poblaci¨®n situadas fuera del mercado laboral.

La constante erosi¨®n de la capacidad adquisitiva de la moneda, provocada por la inflaci¨®n, penaliza la cuota ahorrada de renta. Si los ¨ªndices de inflaci¨®n son mayores que la tasa de inter¨¦s concedida a los ahorradores, desaparece el incentivo al ahorro. Y sin ahorro no hay inversi¨®n ni creaci¨®n de nuevos puestos de trabajo.

Respecto de los jubilados, aunque los Gobiernos decretan elevaciones para compensar los efectos de la intlaci¨®n, no es menos cierto que este colectivo, de creciente peso num¨¦rico en el conjunto de la poblaci¨®n, depende de medidas m¨¢s o menos arbitrarias de los gobernantes. Puede desde luego ejercer una presi¨®n pol¨ªtica, en el sentido de dirigir sus votos a los partidos pol¨ªticos que mayor preocupaci¨®n demuestran en sus proclramas electorales por los problemas de la tercera edad. Pero tienen que fiarse de promesas y, en todo caso, su capacidad de acci¨®n se sit¨²a fuera del marco estrictamente laboral.

Como subraya acertadamente el Plan Pandolfi, al propugnar el principio de indiciaci¨®n ?el trabajador se defiende contra la inflaci¨®n como asalariado de hoy, pero el asalariado de ayer est¨¢ indefenso ?.

Ocurre adem¨¢s que, contra lo que puede sugerir un an¨¢lisis superficial, la escala m¨®vil no constituye una defensa eficaz del poder adquisitivo real de los salarios. As¨ª lo confirman los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica Italiano (ISTAT). Seg¨²n este informe, el grado de cobertura de la indiciaci¨®n, es decir, la medida en que la misma protege a las retribuciones contra los efectos de la inflaci¨®n, se est¨¢ reduciendo progresivamente. Por t¨¦rmino medio, la indiciaci¨®n s¨®lo facilita la recuperaci¨®n del 70% del coste de la vida. Por sectores, el mayor ¨ªndice de cobertura (de marzo de 1980 al mismo mes de 1981) se registra en la industria, con el 86,6%. En agricultura, la cobertura fue del 80,6%, en comercio, del 82,1%, y en transportes, del 77,1 %. Menores a¨²n fueron las tasas de cobertura en el sector de la banca y los seguros (44,7%).

Aumento monetario y presi¨®n fiscal

Entre las causas que explican esta menor protecci¨®n se cita como la principal el hecho de que el aumento monetario se traduce en una mayor presi¨®n fiscal y, por consiguiente, en una reducci¨®n del poder de compra real de los asalariados.

Todas estas razones est¨¢n difundiendo entre las fuerzas sociales y econ¨®micas el convencimiento de que es necesario buscar nuevos mecanismos que tengan m¨¢s en cuenta las interrelaciones entre coste del trabajo, crecimiento estable, solidaridad entre trabajadores ocupados (destinatarios directos de la pol¨ªtlca salarial) y el conjunto de los trabajadores (incluidos los parados y los ocupados marginales).

La experiencia de otros pa¨ªses, como Alemania y Jap¨®n, abona la tesis de que la mejor defensa de los salarios reales y del empleo se sit¨²a en el terreno de un menor crecimiento de los costes del trabajo y de los precios, simultaneado con un aumento de la productividad.

Sobre estos ra¨ªles parece avanzar el reciente acuerdo entre el Gobierno, la CEOE y las principales fuerzas sindicales espa?olas. En este sentido. la renuncia impl¨ªcita al principio de la indiciaci¨®n debe ser saludada como muestra de una valerosa actitud de madurez y de responsabilidad de todos los protagonistas de nuestra pol¨ªtica econ¨®mica.