?Se manipula la informaci¨®n alimentaria al consumidor?

El casi centenar de muertos y los millares de personas que han perdido la salud por culpa de la toxicidad de aceites hasta ahora inocuos, s¨®lo constituye un signo del grav¨ªsimo problema de fondo que nadie puede eludir: la previsi¨®n, la tutela, el aseguramiento y la garant¨ªa de la salud p¨²blica falla por todas partes y clama por el m¨¢s urgente y definitivo remedio.No est¨¢ en cuesti¨®n uno o m¨¢s ministros, este o aquel organismo aut¨®nomo, tales ayuntamientos. Es el sistema mismo.

Mi conciencia est¨¢ tranquila. Vengo clamando sin cesar desde hace siete a?os, cuando estaba en borrador el que luego fue programa preliminar para la informaci¨®n y protecci¨®n de los consumidores, aprobado por las Comunidades Econ¨®micas Europeas en abril de 1975. El primer derecho de los consumidores es el de la protecci¨®n de la salud y la seguridad. Una salud que puede ser puesta en peligro por alimentos, cosm¨¦ticos y detergentes, utensilios y bienes de consumo durables, autom¨®viles, textiles, juguetes, sustancias peligrosas, objetos que entran en contacto con los productos alimenticios, medicamentos, abonos y productos antiparasitarios, productos para uso veterinario, as¨ª como de nutrici¨®n animal.

El primer gran tema fueron los estr¨®genos utilizados en la crianza del ganado vacuno. A mi iniciativa, la organizaci¨®n que yo fund¨¦ y presid¨ª hasta el pasado mayo respondi¨® el boicot europeo. Me dirig¨ª a los titulares de Agricultura, Econom¨ªa y Comercio, Sanidad y Administraci¨®n Territorial. Elev¨¦ un escrito al Congreso de los Diputados, en cuanto defensor del pueblo, cuya ley org¨¢nica estaba todav¨ªa en tr¨¢mite. El Congreso no respondi¨®. Ahora, en vigor la ley, el puesto todav¨ªa se encuentra esperando un titular. Acud¨ª tambi¨¦n al Poder Judicial y en el Juzgado n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional se halla mi denuncia.

En noviembre de 1980 visit¨¦, en su despacho oficial, al presidente del Senado, pidi¨¦ndole se constituyese en la alta C¨¢mara una comisi¨®n investigadora que abordase a fondo el problema de la salud de los espa?oles. La iniciativa se acogi¨® con el mayor inter¨¦s y fue aceptada. Un dossier de documentos procedentes de otros pa¨ªses fue inmediatamente remitido a la misma autoridad y all¨ª qued¨®.

Las dos c¨¢maras han emprendido sus vacaciones sin deliberar sobre la intoxicaci¨®n que ha hecho miles de v¨ªctimas entre nosotros y cada d¨ªa alcanza cotas mayores y m¨¢s incrementos.

Los aspectos penales de la masiva intoxicaci¨®n est¨¢n ya en manos de la justicia. Fui yo quien abri¨® ese camino el d¨ªa 13 de junio, s¨®lo dos d¨ªas despu¨¦s de que las autoridades sanitarias abandonasen la tesis de la neumon¨ªa at¨ªpica para asumir la del envenenamiento v¨ªa aceite.

Hoy me encuentro con la responsabilidad de dirigir a m¨¢s de mil perjudicados. La historia penal espa?ola no hab¨ªa conocido hasta ahora un n¨²mero tan alto de querellantes. Estando el asunto sub j¨²dice, cuanto conozca a partir del d¨ªa 8 del corriente mes, al tener acceso a los folios sumariales, me obligar¨¢ a guardar secreto. Sabr¨¦ entonces lo que ha llevado al juez a dictar autos de procesamiento y prisi¨®n. Conocer¨¦ los t¨¦rminos de la querella del ministerio fiscal, posteriores a mi denuncia, y los hallazgos de la Polic¨ªa Judicial. Los espa?oles deben saber que juzgado, ministerio fiscal y polic¨ªa trabajan intensa y eficazmente en el marco de una incre¨ªble penuria de medios personales y econ¨®micos, que espero sea resuelta por los ¨®rganos administrativos competentes. Cuando se tramite la prueba documental p¨²blica que he pedido y me ha sido admitida, estar¨¦ en condiciones de acusar a quienes crea responsables. Pienso que no est¨¢n todos los que son ni son todos los que est¨¢n. Me resulta muy duro aceptar que los vendedores ambulantes, que iban piso por piso ofreciendo su mercanc¨ªa, los del puesto en el mercadillo, la galer¨ªa municipal y los pocos comercios que han intervenido en la distribuci¨®n del veneno sab¨ªan a ciencia cierta que estaban sembrando la muerte y la enfermedad. Pero pueden estar seguros los deudos de los fallecidos, los familiares de las restantes v¨ªctimas, y el pueblo espa?ol, que no me temblar¨¢ la mano al pedir el justo castigo. Mucho m¨¢s ben¨¦volo que cuantos han sugerido en las reuniones de Madrid, Valladolid, Palencia y Le¨®n, algunos de mis clientes, que han pedido el restablecimiento de la pena de muerte, la aplicaci¨®n de la ley Antiterrorismo y, dando un salto atr¨¢s de muchos siglos, hacer tomar a los responsables el producto venenoso que vendieron o suministraron como aceite de oliva.

Dejo tambi¨¦n al margen las responsabilidades de orden pol¨ªtico. Los que me han confiado sus intereses, y creo que el gran colectivo de enfermos actuales y futuros, son de muy diversa significaci¨®n pol¨ªtica, y no quieren politizar su dolor, su indignaci¨®n, sus reivindicaciones. Cada cual debe examinar su propia responsabilidad, y el Parlamento, el Gobierno, las autoridades todas, la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas, all¨ª donde est¨¦n, que haya incurrido en ellas.

Lo que est¨¢ fuera de toda duda y emana de textos constitucionales y leyes del mayor rango es que la Administraci¨®n p¨²blica, toda ella, de arriba abajo, est¨¢ cuestionada.

Cumplir la Constituci¨®n

El art¨ªculo 51 de la Constituci¨®n manda a los poderes p¨²blicos garantizar la salud de los corisumidores, protegi¨¦ndola mediante procedimientos eficaces. El art¨ªculo 43 atribuye a los, poderes p¨²blicos ?organizar y tutelar la salud p¨²blica, a trav¨¦s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios?. El art¨ªculo 41 del propio texto constitucional impone a los poderes p¨²blicos mantener ?un r¨¦gimen p¨²blico de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes?.

Por su parte, el t¨ªtulo IV de la ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de la Administraci¨®n, de 17 de marzo de 1973, reconoce en favor de los particulares el derecho a ser indeinnizados por el Estado, de toda lesi¨®n que sea ?consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p¨²blicos,... ? (art¨ªculo 40). El art¨ªculo 43 a?ade: ?Los particulares podr¨¢n tambi¨¦n exigir a las autoridades y furicionarios civiles, cualquiera que sea su clase y categor¨ªa, el resarcimiento de los da?os y perjuicios que a sus bienes y derechos hayan irrogado por culpa o negligencia grave en el ejercicio de sus cargos?.

Por tanto, no es necesario, y menos indispensable, acudir a la responsabilidad civil derivada de la penal, para lograr el resarcimiento de los perjuicios, quebrantos y da?os que han sufrido las v¨ªctimas de esta cat¨¢strofe nacional, para obligar a la Administraci¨®n a que respdnda de las consecuencias da?osas, que no se habr¨ªan producido sin los errores, omisiones, descuidos y negligencias administrativas, que forman un conjunto absolutamente indefendible. El t¨®xico ha entrado con licencias de importaci¨®n, ha sido desnaturalizado en el exterior o en la aduana espanola, ha sufrido operaciones industriales en plantas situadas en el Pa¨ªs Vasco, Catalu?a, Andaluc¨ªa y Madrid y, tras las maniobras y mezclas que en su d¨ªa se determinar¨¢n, ha circulado a trav¨¦s de canales de comercializaci¨®n, con forma fraudulenta, sin respetar las disposiciones vigentes hasta llegar a su infeliz destino.

La vigilancia, el obligado control, las cautelas y previsiones m¨¢s elementales han fallado de forma estrepitosa antes de producirse, el d¨ªa 1 de mayo, la primera v¨ªctima en Torrej¨®n de Ardoz. Sin hacer inventarlo de la cadena de errores nos encontramos ahora con que los pueblos de Castilla y Le¨®n constituyen un inmenso arsenal, diseminado por doquier, de cantidades fabulosas de aceite t¨®xico que las autoridades sanitarias nos dicen ahera pueden haber llegado a los dulces, la boller¨ªa, las conservas y las matanzas familiares. Si contin¨²a la falta de control y esperan las medidas eficaces, si todo queda a la conciencia de los tenedores, es forzoso temer que ocurran hechos peores todav¨ªa.

Y no paran aqu¨ª las deficiencias de los servicios. Hasta finajes de julio no se ha hablado de las embarazadas. Comienza agosto sin que sepamos desde cu¨¢ndo y por qui¨¦n se empez¨® la b¨²squeda de la terap¨¦utica aplicable a unos enfermos. En verdad no hay tales altas en los establecimientos sanitarios, sino meras salidas. Los reingresos son consecuencia mucho m¨¢s de la enfermadad que de insistir en la ingesti¨®n de aceite, que no es f¨¢cilmente presumible despu¨¦s del d¨ªa clave, que es el 10 de junio.

Las autoridades sanitarias y no sanitarias no han abordado los problemas laborales y profesionales, que afloran a la superficie a partir de mayo, y los de control de las ventas. Siguen toler¨¢ndose las ventas a granel sin etiqueta ni control sanitario.

Sin embargo, no es ¨²nicamente el aceite lo que ha ido mal ni es ¨¦se el ¨²nico peligro para la salud p¨²blica. El mayor esc¨¢ndalo aflora en estos mismos d¨ªas, en que vuelve a salir a la actualidad otra de mis denuncias: me refiero a la ilegalidad del funcionamiento de los mataderos municipales. M¨¢s de 2.200 ayuntamientos se han cruzado de brazos durante los cuatro a?os que les concedi¨® el real decreto que desarrolla el C¨®digo Alimentario para ponerse en orden. El d¨ªa 5 de febrero deb¨ªan haber sido clausurados. Se les dio un plazo de seis meses... y todav¨ªa se pide un a?o m¨¢s.

Son esos mismos y otros ayuntamientos, bajo la gesti¨®n de las m¨¢s diversas formaciones pol¨ªticas, los que no han corregido la ilegalidad de la venta ambulante.

El oran problema de los afectados por la intoxicaci¨®n es el escuchar una y otra vez que pueden hacer falta a?os para encontrar un remedio. No hay que esperar que pase m¨¢s tiempo para determinar y valorar las afecciones que padecen, que no son ligeras ni soportables.

Los poderes p¨²blicos tardan tambi¨¦n en hacer frente a la situaci¨®n. Una situaci¨®n que no puede esperar los a?os que indudablemente va a comprender la formaci¨®n del proceso y su terminaci¨®n por una sentencia definitiva y firme.

Concluyo pidiendo a los se?ores ministros y al Parlamento que hagan frente a su cometido y a su responsabilidad sin m¨¢s demora. Tomando las medidas de emergencia propias de una calamidad nacional. Arbitrando recursos. Asumiendo la Seguridad Social la prestaci¨®n gratuita de la asistencia sanitaria tambi¨¦n para los que no son trabajadores por cuenta ajena: trabajadores aut¨®nomos, estudiantes, labradores. Me he atrevido a sugerir un camino: no es otro que el de la protecci¨®n civil. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Con medidas eficaces que todo el mundo entienda.