Los pactos auton¨®micos incluyen un acuerdo, hasta ahora secreto, para sanear el Ayuntamiento de Barcelona

Los acuerdos auton¨®micos firmados el pasado viernes por el Gobierno, UCD y PSOE ser¨¢n un verdadero bal¨®n de ox¨ªgeno para el Ayuntamiento de Barcelona, cuya situaci¨®n financiera es, desde hace a?os, la peor entre las corporaciones locales espa?olas. Fuentes pr¨®ximas al PSOE han informado a EL PAIS que, junto a los textos firmados y ya publicados ¨ªntegra o parcialmente, los pactos incluyen un acuerdo que sacar¨¢ de la penuria a la hacienda barcelonesa. Este pacto, hasta ahora secreto, no es ajeno en su lectura pol¨ªtica a la rivalidad entre los socialistas, que controlan el Ayuntamiento, y los nacionalistas de Jordi Pujol.

Seg¨²n las citadas fuentes, cuya informaci¨®n no ha sido confirmada ni desmentida en los medios del Ayuntamiento y de la Administraci¨®n consultados por este peri¨®dico, el ?acuerdo por el que se aprueban determinadas medidas en relaci¨®n con la situaci¨®n econ¨®mico- financiera del excelent¨ªsimo Ayuntamiento de Barcelona? ha requerido menos tiempo de negociaci¨®n que los anteriores. Su principal impulsor ha sido el propio alcalde, Narc¨ªs Serra, a quien algunos ambientes pol¨ªticos catalanes consideran muy probable participante en la pr¨®xima carrera hacia la presidencia de la Generalidad.El texto iba a ser inicialmente firmado por el Gobierno y el PSOE, con car¨¢cter bilateral, al igual que el acuerdo sobre tributos locales. Sin embargo, la ausencia final de comunistas, aliancistas y nacionalistas llev¨® a incluirlo en, el paquete sometido a negociaci¨®n general, integrado por los principales acuerdos: el pol¨ªtico-administrativo, que limita el n¨²mero de las autonom¨ªas; el econ¨®mico-financiero, que armoniza el proceso, y el proyecto de ley de fondo de compensaci¨®n territorial, que prev¨¦ para 1982 el reparto territorial de 180.000 millones de pesetas de inversi¨®n p¨²blica en proporci¨®n favorable a las zonas m¨¢s deprimidas.

Su contenido es m¨¢s positivo para el Ayuntamiento de Barcelona que las soluciones barajadas a finales de mayo, cuando la Corporaci¨®n atraves¨® incluso por dificultades para pagar las n¨®minas y lleg¨® con Madrid a un principio de acuerdo. Se trataba, por una parte, de cubrir parte del d¨¦ficit de 1980 con un cr¨¦dito de 6.000 millones de pesetas, negociado entre Hacienda, Banco de Cr¨¦dito Local y bancos y cajas, en el que la Administraci¨®n se har¨ªa cargo de los intereses, y por otra, de cubrir el d¨¦ficit de 1981 con garant¨ªas y mayores transferencias de la Administraci¨®n.

Compromisos

La soluci¨®n acordada ahora sigue casi al pie de la letra y llega a ser incluso m¨¢s generosa que las recomendaciones de la comisi¨®n interministerial creada al efecto en marzo pasado. Se basa, muy en resumen, en los siguientes puntos:

- Cr¨¦dito extraordinario con cargo a los Presupuestos del Estado por valor de 8.009,3 millones de pesetas, para cubrir el d¨¦ficit real de 1980.

- Compromiso de que los ministerios de Hacienda y Administraci¨®n Territorial estudiar¨¢n la f¨®rmula m¨¢s conveniente para cubrir el d¨¦ficit ordinario de 1981. Las soluciones estar¨¢n en funci¨®n con el previo cumplimiento por el Ayuntamiento de una serie de medidas, entre ellas las exigidas por la comisi¨®n interministerial mencionada, el acomodo paulatino de las retribuciones de los funcionarios locales a las de la Administraci¨®n civil del Estado (el programa deber¨¢ concluir a finales de 1983), someter el presupuesto de inversiones a una comisi¨®n de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, y pacto de liquidaci¨®n de deudas del Ayuntamiento con la MUNPAL, con un m¨ªnimo de 2.000 millones en 1981.

- Autorizaci¨®n al Banco de Cr¨¦dito Local de Espa?a para que refinancie los intereses y amortizaciones que deb¨ªa haber pagado el Ayuntamiento a 30 de diciembre de 1981, as¨ª como los previsibles a 31 de diciembre pr¨®ximo, procedentes de los tres ¨²ltimos a?os. Las condiciones de la operaci¨®n ser¨¢n 11,20% de inter¨¦s y cinco a?os de amortizaci¨®n, a partir de enero pr¨®ximo.

Estos acuerdos ser¨¢n complementados con las previsiones del acuerdo general para las corporaciones locales, y especialmente con las relativas a la financiaci¨®n del d¨¦ficit por transportes p¨²blicos. En efecto, el transporte p¨²blico es el principal origen de los d¨¦ficit anuales del Ayuntamiento de Barcelona que, adem¨¢s de los transportes de superficie, tiene municipalizado el Metro. Como ya se ha informado, adem¨¢s de prever un futuro impuesto municipal para financiar el d¨¦ficit de los transportes p¨²blicos de superficie (podr¨¢ alcanzar hasta un m¨¢ximo del 0,50% del valor catastral atribuido a la vivienda en la contribuci¨®n territorial urbana), el acuerdo se?ala que los Presupuestos Generales del Estado pagar¨¢n el 50% de las p¨¦rdidas de dichos transportes en 1980, el 40 % de 1981 y el 15 % de 1982.

Situaci¨®n imposible

Seg¨²n medios allegados a la Administraci¨®n, el Ayuntamiento de Barcelona padece desde hace a?os una ?situaci¨®n hacend¨ªstica imposible?. Esta fue paliada en 1975, 1976, 1978 y 1979 por los llamados presupuestos de liquidaci¨®n de deudas municipales, en los que el de Barcelona ha tenido siempre la mayor participaci¨®n, y que consistieron en cr¨¦ditos oficiales a diez a?os y a devolver con los intereses por anualidades, en un 50% con cargo a los Presupuestos del Estado, y en la otra mitad con cargo a los propios ayuntamientos.

Los grandes d¨¦ficit de la Corporaci¨®n barcelonesa se atribuyen fundamentalmente a que es la que presta mayores servicios p¨²blicos. Adem¨¢s de reunir bajo su protecci¨®n el Metro y el transporte urbano de superficie, tiene a su cargo un elevado n¨²mero de camas de hospital, que en Madrid son soportadas en mayor medida por instituciones como la Seguridad Social, la Diputaci¨®n o la Cruz Roja.

Pero son muchos quienes tambi¨¦n atribuyen la dimensi¨®n de sus d¨¦ficit a la p¨¦sima gesti¨®n de la Hacienda municipal desde los tiempos del alcalde Porcioles, que tuvo continuidad notable en la pol¨ªtica electoralista de Socias, quien quer¨ªa ganar posiciones ante las primeras elecciones democr¨¢ticas. Tales actitudes crearon compromisos que deben ser arrastrados todav¨ªa cada a?o. Gr¨¢ficamente, el ex vicepresidente del Gobierno Abril Martorell sol¨ªa decir al referirse a Barcelona: ?No pago d¨¦ficit de ayuntamientos que tienen guardias a caballo, cascos con plumero y delirios de grandeza?.

As¨ª las cosas, el Ayuntamiento de Barcelona es probable que deje el liderazgo por d¨¦ficit municipales o acorte sus distancias con otras corporaciones, que no obstante se ver¨¢n tambi¨¦n beneficiados y podr¨¢n mantener en conjunto la l¨ªnea de quiebra de los aumentos crecientes. El a?o 1980 fue ya mejor que el anterior, cuando los d¨¦ficit superaron los 50.000 millones de pesetas. En ello ha influido en gran medida el fuerte incremento de las transferencias del Estado a los ayuntamientos desde los Presupuestos de 1980 y 1981, a?o este en que el aumento nominal ronda el 50%.

En cualquier caso, observadores pol¨ªticos apuntan que los logros del alcalde socialista de Barcelona podr¨ªan enfurecer m¨¢s a los detractores de los acuerdos auton¨®micos, y especialmente a los nacionalistas de la Generalidad, que han quedado al margen. Hasta ahora ¨¦stos han sido los cr¨ªticos m¨¢s duros, junto a los nacionalistas vascos y a Fraga Iribarne, a quien parece haberle hecho mayor da?o el nuevo freno que podr¨ªan suponer tras el acuerdo nacional de empleo para la operaci¨®n de la gran derecha, seguida de anticipo de elecciones generales.

Ayer mismo, en unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, Ram¨®n Tr¨ªas Fargas, diputado nacionalista y consejero de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalidad, afirmaba que, ?sorprendentemente, la Generalidad no dispone a¨²n de los textos completos? de los acuerdos, en lo que parece una alusi¨®n a que hay m¨¢s de lo publicado.

?Las primeras cifras que cita la Prensa (v¨¦ase EL PAIS del pasado domingo) permiten hacer una valoraci¨®n negativa?, dice Tr¨ªas, ?del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial. Desde luego, son muchas las formas para acabar de empobrecer a Espa?a, y UCD, como corresponde a un partido d¨¦bil, ha escogido la m¨¢s f¨¢cil y la m¨¢s r¨¢pida?.

Seg¨²n Tr¨ªas Fargas, el 7,41% de participaci¨®n de Catalu?a en los 100.000 millones de pesetas del Fondo de Compensaci¨®n ha sido obtenido (2.304 pesetas por habitante en Catalu?a, 15.782 en Extremadura) ?salt¨¢ndose la letra y el esp¨ªritu de la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas y, desde luego, del Estatuto de Autonom¨ªa. La letra -porque de otros ¨ªndices que prev¨¦ la ley, como ser¨ªa el caso del nivel m¨ªnimo de servicios y d¨¦ficit de equipamientos que favorecen concretamente a Catalu?a- se salta el esp¨ªritu, porque, por ejemplo, cuando se habla de saldo migratorio se tiene en cuen¨ª a ¨²nicamente la emigraci¨®n, que representa ciertamente un ¨ªndice de pobreza en favor de Extremadura y Andaluc¨ªa, pero no de la inmigraci¨®n, que representa un ¨ªndice de riecesidades de inversi¨®n p¨²blica en regiones como Catalu?a. Se da tambi¨¦n poca importancia al ¨ªndice de paro.

Defensa del ministro de Hacienda

Declaraciones como las anteriores han provocado una r¨¦plica del ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos, quien dijo ayer a la agencia Efe que la ley del Fondo de Compensaci¨®n entrar¨¢ en las Cortes antes del d¨ªa 1 deoctubre pr¨®ximo, junto a los Presupuestos del Estado para 1982, y que tiene un efecto redistributivo importante. ?Esto?, a?adi¨®, ?no quiere decir que vayamos a empobrecer a las regiones ricas para enriquecer a las pobres, ya que la aplicaci¨®n del efecto redistributivo se har¨¢ de tal forma que ninguna regi¨®n resulte perjudicada respecto a los niveles actuales de inversi¨®n. Ninguna regi¨®n perder¨¢ nivel econ¨®mico?.

En opini¨®n de Garc¨ªa A?overos, la ley del Fondo no es m¨¢s que un desarrollo de la LOFCA, si bien ¨¦sta determinaba que un m¨ªnimo del 30% de las inversiones p¨²blicas se incluir¨ªan en el Fondo, y se ha llegado al 40% de las inversiones reales, no sobre el total de los 825.000 millones. Record¨® que queda el 60% de las inversiones, el cual, aunque se distribuir¨¢ con criterios de solidaridad, atender¨¢ a la pol¨ªtica econ¨®mica general del Gobierno.