Una "macropensi¨®n" de tr¨¢nsito abarrotada de inquilinos

La masificaci¨®n de reclusos es el gran problema de Carabanchel. A este agobiante monstruo acude una media diaria de siete reclusos y mantiene ahora encarcelados a 1.678 personas. "Es una barbaridad", afirma el subdirector del centro, Angel Cavero Abedillo, "que estas personas tengan que soportar estas condiciones". Los recintos penitenciarios, que deber¨ªan recoger como m¨¢ximo a trescientos reclusos, seg¨²n se?alan algunas convenciones internacionales sobre el tema y el propio reglamento, para mantener una ¨®ptima asistencia al preso, se suelen encontrar desbordados, y especialmente en Madrid, ciudad por la que deben de pasar muchos detenidos que esperan ser juzgados.El 70% de los presos que sobreviven en Carabanchel son preventivos y no penados, situaci¨®n altamente deficitaria, ya que el problema no proviene de la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, sino de la propia estructura social y judicial. "Es una, locura", manifiesta Angel Cavero, que para una ciudad como Madrid ¨²nicamente funcionen veintid¨®s juzgados de Instrucci¨®n, lo que produce una constante afluencia de personas a la prisi¨®n, que luego tardan seis, doce o veinticuatro meses en ser juzgadas". La situaci¨®n judicial, pues, tiene, en gran medida, la culpa de que Carabanchel contin¨²e abarrotada de personas, como viene ocurriendo desde hace varios a?os. En algunos momentos, este centro ha mantenido en su interior a 2.500 presos.

La soluci¨®n ser¨ªa, por una parte, la agilizaci¨®n del proceso judicial. "Nosotros", manifestaba el director en funciones del centro, Jos¨¦ Manuel Carrasco Alonso, "estamos soportando una deficiencia que no es propia de Instituciones Penitenciarias. La deficiente estructura del sistema Judicial ha masificado las c¨¢rceles. No se ha descentralizado esta situaci¨®n y Carabanchel se ve desbordada".

La falta de agilizaci¨®n de los procesos judiciales trae como consecuencia que en esta prisi¨®n haya ahora alrededor de 1.200 internos que est¨¢n esperando ser juzgados. La tercera galer¨ªa de la prisi¨®n acoge a 428 internos, de los cuales 110 est¨¢n detenidos por delitos de terrorismo (catorce de ETAm, 35 de ETApm, veinte de ETA-grupos aut¨®nomos, diecis¨¦is de los GRAPO y veinticinco de otras fracciones); la quinta galer¨ªa tiene 523 internos comunes; la sexta, 281; la sexta rotonda, diecinueve; la s¨¦ptima, 394, y la primera exterior (celdas de aislamiento para castigados), diez. Asimismo funcionan como auxiliares o ayudantes de funcionarios nueve reclusos de m¨¢xima confianza (clasificados en tercer grado por un grupo de observaci¨®n del centro formado por un pedagogo,dos crimin¨®logos y una psic¨®loga).

Los pol¨ªticos, ¨²nicamente de paso

El pasado d¨ªa 22 de julio salieron de la prisi¨®n de Carabanchel 117 etarras para ser internados en la nueva prisi¨®n de El Puerto de Santa Mar¨ªa, en C¨¢diz, seg¨²n hab¨ªan acordado hace meses los responsables de los ministerios de Justicia e Interior, dada la excesiva poblaci¨®n penal que registraba Carbanchel en aquellos momentos (2.000 internos) y ante la posible amenaza de comandos terroristas detectados en Madrid, que hac¨ªan tema cualquier acci¨®n en el centro. En aquellos d¨ªas, los funcionarios de la prisi¨®n hab¨ªan advertido su incapacidad material para garantizar el orden interno, e hicieron hincapi¨¦ en los graves incidentes ocurridos all¨ª, as¨ª como varios intentos de fuga y un frustrado asalto al centro.

Fuentes pr¨®ximas a estos ministerios se?alaron en aquel momento la necesidad de alejar lo m¨¢s posible a los presos etarras del Pa¨ªs Vasco, declaraci¨®n que viene a contradecirse con la norma de que cada preso, en general, deber¨ªa cumplir su condena en su provincia de origen, donde reside o donde tiene una vinculaci¨®n familiar, como manifestaba el equipo directivo del centro.

Las mismas fuentes se?alaron que existe la propuesta de mantener en Carabanchel ¨²nicamente a presos comunes e ir trasladando a los presos pol¨ªticos a otros lugares, aunque, de todas maneras, este recinto penitenciario tenga que soportar el tr¨¢nsito de ¨¦stos cuando vayan a ser juzgados. "Sabemos", se?alaban, "que aguantaremos ese tr¨¢fico, pero debe procurarse que este per¨ªodo se reduzca al tiempo imprescindible".

Falta de control y de seguridad

Otro de los problemas que preocupan seriamente al equipo directivo del centro es la falta de funcionarios de prisiones, reivindicaci¨®n que llevan largo tiempo manteniendo estos ¨²ltimos. Carabanchel dispone de 121 funcionarios, de los cuales s¨®lo ochenta se dedican a la vigilancia y al control de los internos. Teniendo en cuenta los correspondientes turnos de ¨¦stos, seg¨²n manifestaba el cuerpo directivo, existe una media de un funcionario por cada doscientos presos, lo que parece una "locura", cuando en otros pa¨ªses europeos los funcionarios se quejan de que cada uno de ellos tenga a su cargo a cincuenta reclusos.

La importante carencia de funcionarios crea un grave problema de control de los reclusos y una falta de seguridad. Pero a¨²n m¨¢s grave que la imposibilidad f¨ªsica de la normal custodia del interno es que el funcionario no pueda prestar un servicio de asistencia social al preso, proyecto que ya est¨¢ en marcha.

Las normas internacionales sobre instituciones penitenciarias se?alan como ¨®ptima la relaci¨®n de un funcionario por cada diez internos. En Estados Unidos, el pa¨ªs con mayores medios en este sentido, dispone de una media de un asistente por cada veinticinco o treinta reclusos. En Carabanchel trabajan diariamente veintid¨®s funcionarios de vigilancia para 1.678 reclusos. En muchos casos, al descontar a los funcionarios que se encuentran custodiando el exterior de los edificios, hay un funcionario para mantener el control de toda una galer¨ªa (300 personas de promedio).

Asimismo el control del exterior del edificio est¨¢ dirigido, aproximadamente, por noventa miembros de la Guardia Civil, quienes, teniendo en cuenta tambi¨¦n sus correspondientes turnos, prestan un servicio de treinta miembros de servicio en cada momento.

Ante la grave falta de funcionarios de prisiones, quienes no pueden realizar ni normalmente su servicio de vigilancia por una imposibilidad f¨ªsica (un funcionario por 200 reclusos de promedio), el trabajo del asistente social del interno queda pendiente de la disposici¨®n particular de cada uno de ellos. En estos momentos, la Prisi¨®n Provincial de Carabanchel solamente dispone de un servicio compuesto por dos asistentes sociales para todos los reclusos.

La ley de asistencia social al preso, que a¨²n est¨¢ en proyecto, intenta no dejar al recluso desamparado y descolgado del exterior, puesto que, ante la imposibilidad f¨ªsica de que los escasos funcionarios realicen sus funciones, el interno se encuentra a disposici¨®n de la buena voluntad del funcionario.

La ayuda al preso en el interior del recinto penitenciario es absolutamente necesaria y debe ser garantizada, aunque esta norma todav¨ªa no ha sido utilizada debidamente en las prisiones espa?olas. Es necesario potenciar la relaci¨®n de cooperaci¨®n funcionario-preso y la de mantener la convivencia pac¨ªfica en el interior del recinto. Esta es una de las tesis que mantiene el a¨²n no legalizado Sindicato Democr¨¢tico de Prisiones, cuyos portavoces manifestaron a este peri¨®dico que es necesario reivindicar los derechos del preso, como una f¨¢cil comunicaci¨®n con el exterior (abogados, familia, etc¨¦tera), y lograr que predomine el sistema de la asistencia y la ayuda hacia el interno sobre el t¨®pico control y la vigilancia que no se ha podido mantener, al menos, hasta ahora.

Durante la visita realizada a Carabanchel, y nada m¨¢s llegar al recinto central, que domina la entrada a todas las galer¨ªas, un hombre suramericano, de tez morena y con arrugas de a?os, suplicaba que le escuch¨¢ramos. Dec¨ªa que llevaba m¨¢s de quince a?os en prisi¨®n y todav¨ªa no hab¨ªa sido juzgado. Entre su voz entrecortada y llorosa pod¨ªa entend¨¦rsele que no' ten¨ªa expediente. "Llevo varios a?os suplicando que miren mi expediente y llamen al juez; pero nadie me hace caso, nadie me hace caso...

D¨¦ficit de 7.000 plazas penitenciarias en Espa?a

Seg¨²n manifestaba ayer Enrique Galav¨ªs, director general de Instituciones Penitenciarias, al diario Campo Soriano, "en Espa?a hay unos 20.000 presos y, s¨®lo poseemos 15.000 plazas penitenciar¨ªas disponibles. Adem¨¢s, de 1981 a 1985 pensamos que esta poblaci¨®n alcanzar¨¢ las 30.000 personas". De los reclusos encarcelados, 550 son terroristas o reclusos detenidos por SU presunta colaboraci¨®n o implicaciones con aqu¨¦llos. "El resto", dec¨ªa, son delincuentes comunes. aunque empieza a ser importante el incremento por delitos contra la salud p¨²blica Y el tr¨¢fico de drogas".

Sobre el sistema penitenciario espa?ol, el citado director general se?alaba que "se necesita la creaci¨®n de la comisi¨®n de asistencia social, la del cuerpo de asistentes sociales y, posiblemente, una ley de administraci¨®n penitenciaria en funci¨®n de las autonom¨ªas. As¨ªmismo Enrique Galav¨ªs explicaba que "en Espa?a hay 78 centros penitenciarios, por lo que es probable que en los pr¨®ximos cinco oseis a?os haya que construr alrededor de veinticinco nuevos, algunos de ellos para sustituir a los que existen, por estimarse que pueden estar en deficientes condiciones".

Aclar¨® despu¨¦s que, administrativamente, no existe la denominaci¨®n de "prisiones de m¨¢xima seguridad", ya que no existen tales , sino que puede haber, en algunos centros, secciones donde las medidas de control sean mayores que por lo general. "Una vez concluido el plan de construcci¨®n que se proyecta", a?ad¨ªa, "en cada regi¨®n auton¨®mica deber¨¢ haber un centro de preventivos en cada capital de provincia, con separaci¨®n absoluta entre hombres y mujeres, y, adem¨¢s, dentro de ellos, entre menores y mayores de veinti¨²n a?os"

Sobre la necesidad de dirigir los reclusos a los centros pr¨®ximos a sus lugares de origen o donde mantienen una relaci¨®n familiar, Galav¨ªs se?al¨® que estas medidas se intentar¨¢n realizar r¨¢pidamente.

A esta cifra hay que a?adir los gastos de grandes obras realizadas en dos de las galer¨ªas, el tel¨¦fono, los traslados de presos y el pago del servicio de vigilancia de la Guardia Civil, de lo que se hace cargo directamente la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias.

(Datos facilitados por la direcci¨®n de la prisi¨®n.)