?Qui¨¦n controla la calidad de los alimentos?

M¨¢s tarde o m¨¢s temprano la sociedad espa?ola ten¨ªa que conocer las causas de un sistema alimentario descontrolado, la carencia de los suficientes resortes legales con que defender al indefenso consumidor y las consecuencias de unos cauces comerciales tan amplios que casi se difuminan a la hora de llevar un m¨ªnimo seguimiento de su recorrido. Si a esta realidad se une la apoyatura legal que en muchos casos se registra, por una equ¨ªvoca inercia administrativa, no es de extra?ar, por tanto, que hasta el momento sean ya 87 las personas fallecidas, v¨ªctimas de esta situaci¨®n por el caso concreto de la manipulaci¨®n del aceite, y miles los millones gastados para paliar los efectos, que han salido de los bolsillos de todos los ciudadanos.Paralelamente, esa misma sociedad espa?ola parece haber comenzado a interesarse de una forma m¨¢s extendida por los problema la alimentaci¨®n, el estado y conservaci¨®n de los productos alimenticios y su misma comercializaci¨®n. El cierto nivel social alcanzado por los trabajadores espa?oles no es ajeno, l¨®gicamente, a este inter¨¦s cuando se empieza a demostrar que la vigilancia por la calidad de la vida no es atributo exclusivo de los pa¨ªses con fuerte desarrollo industrial y, al mismo tiempo el trabajador comprende que su misi¨®n no es ¨²nicamente desarrollar un trabajo, sino tambi¨¦n vivir, en todo el sentido de la palabra.

Frente a esta nueva pero decidida voluntad de los trabajadores, el hecho al que nos enfrentamos es la posesi¨®n de los controles de calidad de los productos por las manos del Gobierno y los empresarios, quienes utilizan este poder las m¨¢s de las veces rehuyendo sus obligaciones, en el primero de los casos, o en favor de sus propios intereses econ¨®micos y comerciales.

Las recientes informaciones sobre rechazo de la Administraci¨®n portuguesa a determinada bebida refrescante deber¨ªa servirnos de ejemplo comparativo suficiente y a la vez como en¨¦rgica denuncia. Por si este caso, sin mayores consecuencias que las econ¨®micas, no fuera suficiente, cabe remitirse a las v¨ªctimas ya citadas por consumir aceites adulterados que, evidentemente, deben haber pasado la inspecci¨®n que corresponde y, en su caso, sancionados con arreglo a la legislaci¨®n vigente. -

Son los empresarios de forma prioritaria quienes deber¨ªan advertir las consecuencias de un control exclusivo de la calidad de la producci¨®n en manos de empresas sin escr¨²pulos y una Administraci¨®n inerme. Son tambi¨¦n ellos los primeros en apreciar las p¨¦rdidas econ¨®micas de productos rechazados, un mercado alimentario degradado y riesgos seguros en vidas humanas cuya responsabilidad s¨®lo a ellos compete.

La responsabilidad de los trabajadores

No es menor, sin embargo, la responsabilidad de los trabajadores en todo este proceso, pese a la insensibilidad que tradicionalmente hab¨ªan venido manteniendo en este sentido. Como agentes de la producci¨®n, en sus manos y a la vista tienen el primer control posible para la consiguiente denuncia si fuera necesaria. Y ellos, como ciudadanos y consumidores tambi¨¦n van a sufrir directamente la repercusi¨®n de esa falta de vigilancia y denuncia. La negociaci¨®n colectiva, si hasta ahora se hab¨ªa limitado a cap¨ªtulos meramente econ¨®micos y en raras ocasiones sobrepasaban la puerta de las f¨¢bricas en su contenido, debe adoptar una nueva filosof¨ªa, sobre todo en el sector -de la alimentaci¨®n, y que va ¨ªntimamente ligada a la seguridad y la higiene en el medio de trabajo, pero tambi¨¦n fuera de ¨¦l.

Las centrales sindicales han intentado ya en diferentes ocasiones llevar hasta las mesas de negociaci¨®n estos aspectos, que a nuestro entender son fundamentales, sin que la obcecaci¨®n y cerrilismo empresariales posibilitaran esta reivindicaci¨®n, en defensa evidente de sus propios intereses, que apenas suelen coincidir en lo alimenticio con el de la sociedad.

Es necesario; por tanto, que el Gobierno, por su parte, elabore los proyectos necesarios de un c¨®digo alimentario serio, a negociar con las centrales y patronal, y que ¨¦sta asimile la idea de que el control de la calidad en la fabricaci¨®n y conservaci¨®n de los alimentos no s¨®lo es una garant¨ªa para el nivel de vida a que aspiramos, sino tambi¨¦n una exigencia econ¨®mica para el mantenimiento de las empresas y los puestos de trabajo que ocupan hoy d¨ªa. Es este un hecho, adem¨¢s, ante el que los trabajadores, como agentes de la producci¨®n y simples ciudadanos, no podemos mantenernos indiferentes, m¨¢xime si se considera que cuando una de estas empresas cierra, parcial o definitivamente, los trabajadores sufrimos, adem¨¢s de las consecuencias comunes, la particular de perder nuestro puesto de trabajo.

Un c¨®digo alimentario urgente y con el que atajar los innumerables fraudes y deficiencias higi¨¦nico-sanitarias que hemos podido recoger, como simple trabajo documental, y que en cualquier caso nos valdr¨¢ para introducir los controles necesarios en la negociaci¨®n colectiva de 1982, aunque sabemos que las resistencias empresariales ser¨¢n absolutas; poner en conocimiento de la opini¨®n p¨²blica para que se exijan las responsabilidades oportunas y transformar la actividad empresarial del sector alimentario, sac¨¢ndolo del actual caos, frente a la actitud de los empresarios, que por toda medida parecen haber elegido la de presentar querellas contra los ayuntamientos, con una claroscura intencionalidad en lugar de hacer frente a sus propias responsabilidades, los trabajadores nos veremos incitados a hacer p¨²blico un documento que consideramos b¨¢sicamente como elemento de trabajo y reforma, a fin de que los ciudadanos espa?oles pregunten a Sancho Rof c¨®mo es posible tanta tolerancia y descontrol (un ministro debe asumir sus responsabilidades, no derivarlas hacia terceros); para que asimismo, la opini¨®n sepa que alguna empresa de alg¨²n dirigente de CEOE es la que casi bate el r¨¦cord de expedientes sanitarios.

Un c¨®digo, finalmente, para hacer que la alimentaci¨®n de los espa?oles no sea ¨²nicamente una cr¨®nica negra.