Motines, fugas y huelgas de hambre

LAS ELOGIABLES intenciones para lograr la humanizaci¨®n y mejoramiento del sistema penitenciario, cuyas deplorables instalaciones materiales y h¨¢bitos desp¨®ticos const¨ªtuyen una de las herencias del r¨¦gimen anterior, no han conseguido superar apenas el nivel program¨¢tico de las palabras y de las leyes. Para mayor desgracia, la frecuente dureza de los m¨¦todos disciplinarios marcha en paralelo con una debilidad alarmante en los sistemas de seguridad de las prisiones, de forma tal que las intentonas de fuga y la excavaci¨®n de t¨²neles alimentan peri¨®dicamente la secci¨®n de sucesos de la Prensa.No faltan interpretaciones que ponen en relaci¨®n directa de causa y efecto las modest¨ªsimas reformas hasta ahora conseguidas en el r¨¦gimen penitenciario y las evasiones conseguidas o frustradas. Sin embargo, ser¨ªa m¨¢s correcto plantear esos dos problemas de forma independiente o preguntarse incluso si ambos se hallan conectados entre s¨ª de forma inversa. Hay razones para sospechar que la costumbre de confiar exclusivamente en los malos tratos o en procedimientos disciplinarios de extrema dureza para garantizar la seguridad de las c¨¢rceles ha dejado sin recursos a la administraci¨®n penitenciaria para realizar sus tareas de vigilancia, desde el momento en que se ve obligada, al menos te¨®ricamente, a respetar esos derechos humanos que los procesados o condenados conservan, sin otra excepci¨®n de los recortes a sus libertades que el encarcelamiento lleva consigo.

En ese sentido, hay que rechazar como falso el dilema que nos obligar¨ªa a elegir entre c¨¢rceles medievales, pero seguras, y prisiones respetuosas de la cond¨ªci¨®n humana, pero facilitadoras de evasiones masivas o fugas individuales. La Constituci¨®n garantiza a todos los espa?oles unos derechos que s¨®lo de forma excepcional, y seg¨²n procedimientos legales pueden ser suspendidos o limitados. El art¨ªculo 25 de nuestra norma fundamental no s¨®lo se?ala que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad "estar¨¢n orientadas hacia la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social" de los presos, sino que adem¨¢s establece de manera taxativa que todo condenado "gozar¨¢ de los derechos fundamentales" detallados en el cap¨ªtulo segundo del t¨ªtulo 1, con la sola excepci¨®n de los que se vean "expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley Penitenciaria". A mayor abundamiento, la Constituci¨®n asegura a los reclusos "el acceso a la cultura y el desarrollo ¨ªntegro de su personalidad".

S¨®lo la aceptaci¨®n por la administraci¨®n penitenciara de esa obvia exigencia y la vigilancia del Parlamento pueden alejar cualquier tentaci¨®n de cumplir esa penosa tarea, que no es otra que aplicar la decisi¨®n del poder judicial de mantener en r¨¦gimen de privaci¨®n de libertad a los reclusos, mediante m¨¦todos que conculquen los derechos constitucionales o la normativa penal. Y, a la vez, la aplicaci¨®n de un r¨¦gimen penitenciario respetuoso de los derechos humanos de los presos obliga a buscar sistemas de seguridad en las prisiones que logren su eficacia mediante procedimientos que exigen mayores inversiones, superior preparaci¨®n t¨¦cnica de los funcionarios y nuevas instalaciones.

El mot¨ªn que se produjo en el Centro de Detenci¨®n de J¨®venes de Carabanchel, a finales de agosto, tiene causas mediatas todav¨ªa insuficientemente aclaradas. La escasez de funcionarios, la masificaci¨®n de la poblaci¨®n reclusa y la falta de actividades crean el caldo de cultivo para que las frustraciones, el descontento y la desesperaci¨®n deriven en incontenibles explosiones de agresividad y de rabia. De otro lado, las confusas noticias sobre las huelgas de hambre, en El Puerto de Santa Mar¨ªa y en Carabanchel, de los presos de ETA exigen una investigaci¨®n que no beba exclusivamente de las fuentes de los abogados y familiares de los huelguistas o de las informaciones dadas por la direcci¨®n de esas prisiones. El asunto de Herrera de la Mancha, que contin¨²a su tr¨¢mite judicial con el procesamiento del director del penal, demostr¨® que los testimonios de los funcionarios del Estado pueden ser, en ocasiones, menos fiables que las denuncias formuladas por unos hombres que, aunque procesados o condenados, contin¨²an siendo titulares de derechos inalienables.

En el momento en que la vida p¨²blica y los trabajos parlamentarios reanudan su curso normal, tras un par¨¦ntesis estival en el que los problemas carcelarios no han tomado vacaciones, parece inexcusable que el Congreso de los Diputados abra una amplia investigaci¨®n en torno a la situaci¨®n de las prisiones, sobre los graves incidentes ocurridos en Carabanchel y acerca de los motivos que han desencadenado las huelgas de hambre de los reclusos acusados de actividades terroristas. De otro lado, los recortes al gasto p¨²blico pueden ser aplicados a las manifestaciones de despilfarro de la Administraci¨®n o a las alegr¨ªas en la pol¨ªtica de transferencias, pero no deben retrasar o paralizar la imprescindible y urgente tarea de reacondicionar las prisiones espa?olas, con el doble objetivo de humanizar su r¨¦gimen interior y de garantizar su seguridad. Mientras las c¨¢rceles espa?olas recuerden aquella siniestra pesadilla turca que el filme El expreso de medianoche describ¨ªa, ser¨¢ dif¨ªcil apagar los focos de desesperaci¨®n y frustraci¨®n, alimentados por el desd¨¦n o la conculcaci¨®n de los derechos humanos, que terminan convirtiendo en hogueras las prisiones, sin que esa dureza disciplinaria impida, para mayor paradoja, que los reclusos excaven t¨²neles y horaden muros durante meses antes de ser descubiertos por sus guardianes.