Pol¨ªtica de laboratorio

El ejercicio de esgrima dial¨¦ctica protagonizado ayer por dos primeras espadas de UCD y PSOE en el Ayuntamiento, constituye, obviada por habitual la distancia ideol¨®gica de ambos grupos, un dif¨ªcil trance para los socialistas, a los que se les plantea el dilema de elegir entre las decisiones pol¨ªticas que se adoptan en los despachos de Santa Engracia o aplicar el pragmatismo del ejercicio del poder y el consecuente contacto con la realidad.Cuando Florentino P¨¦rez critica, desde sus posiciones centristas, al socialista responsable de la hacienda municipal madrile?a, Joaqu¨ªn Leguina, su oposici¨®n a un proyecto de ley que ha. sido pactado por los respectivos partidos a los que pertenecen, se confunde lo que supone la posibilidad de aplicar una norma con la obligaci¨®n de ajustarse a ella.

El PSOE y el Gobierno acordaron a finales de julio ¨²ltimo un programa de actuaci¨®n en el ¨¢mbito local que, entre otros aspectos, incluye un proyecto de ley sobre financiaci¨®n del transporte, que, una vez en vigor, facultar¨¢ a los municipios para establecer un nuevo impuesto, destinado a enjugar las p¨¦rdidas que hoy registra el transporte colectivo administrado por los ayuntamientos. Este nuevo impuesto supone, en la pr¨¢ctica, doblar la carga impositiva que en la actualidad soportan los ciudadanospor el uso de sus viviendas.

La rentabilidad pol¨ªtica de esta medida est¨¢ clara. El Ayuntamiento que recurra aella paya sanear la situaci¨®n financiera de sus empresas de transportes habr¨¢ de soportar el precio pol¨ªtico que medida tan impopular supone. UCD, parece claro, no ignora la estrecha relaci¨®n que existe a la hora de votar entre,la orientaci¨®n de la voluntad popular y este tipo de medidas, y cuando los socialistas, que en coalicion con el PCE gestionan hoy los ayuntamientos democr¨¢ticos, solicitan ayuda econ¨®mica para las escu¨¢lidas arcas municipales se avienen a elaborar un proyecto de ley que faculta a los municipios para por esta v¨ªa tan impopular recaudar el dinero necesario para mantener el transporte p¨²blico a su cargo.

No se puede olvidar que desde una concepci¨®n socialista el mantenimiento de unas empresas de transportes municipalizadas justifica la existencia de unas p¨¦rdidas que deben ser cubiertas por la v¨ªa de la redistribuci¨®n social de la renta; es,decir, mayor aportaci¨®n del dinero que el Estado recauda de todos los espa?oles, y no s¨®lo de los que utilizan este medio de transporte

En esta controversia dial¨¦ctica, UCD, desde la posici¨®n de fuerza que propicia el ejercicio del poder, se cierra en banda y sostiene que el tranporte p¨²blico, bien gestionado, debe ser rentable.

As¨ª las cosas, el PSOE, que en la negociaci¨®n obtiene unos dineros que, de momento, saca del apuro econ¨®mico a los ayuntamientos, pasa por el aro centrista y acepta un compromiso pol¨ªtico del que sale el referido proyecto de ley. Pero Florentino P¨¦rez no debe ignorar que dicha normativa simplemente facultar¨¢ a los ayuntamientos a doblar el actual porcentaje de contribuci¨®n territorial y urbana, lo que no significa impedimento para que, desde su acci¨®n de gobierno local, la coalici¨®n de izquierda que los gestiona busque otras formulas que impidan penalizar a los ciudadanos por el simple hecho de tener una vivienda.

Otro problema es el debate interno que en el PSOE originar¨¢ sin duda el reto de los leguinas que pueda haber en los ayuntamientos democr¨¢ticos, los cuales, desde el conocimiento de la realidad pol¨ªtica que propicia el ejercicio del poder y su consiguiente responsabilidad, con su negativa a aceptar esta v¨ªa de financiaci¨®n se enfrentan a la pol¨ªtica de laboratorio que su propio partido pone cada d¨ªa en pie en los pasillos y despachos de Santa Engracia.