Las responsabilidades en el envenenamiento por aceite t¨®xico

Ciento veinte ciudadanos han muerto y varios miles padecen sufrimientos graves por culpa de los aceites envenenados. Hoy, como ayer ante el holocausto de los Alfaques o la cat¨¢strofe de Ortuella, los espa?oles nos conmovemos consternados ante un fen¨®meno cuya ocurrencia nos parece inconcebible y pasmosa. Ya todos nos hemos convencido de que estamos ante una tragedia. Pero conviene profundizar en que se trata no de un accidente, sino de una tragedia en el sentido original del t¨¦rmino, esto es, algo que ineluctablemente hab¨ªa de suceder, en virtud no ya de los dictados de unos dioses adversos, sino por las condiciones sociales, pol¨ªticas, legales y administrativas prevalecientes en este pa¨ªs.

Inter¨¦s y competencias

Frente a la amenaza, plural e insidiosa, que en cuesti¨®n de alimentos, cosm¨¦ticos o medicamentos puede suponer que industriales y comerciantes hagan uso inadecuado de los formidables avances de la ciencia y de la t¨¦cnica, las salvaguardias colectivas tras las que nos podemos proteger los espa?oles oponen una muy d¨¦bil defensa. En verdad que, en la pr¨¢ctica y por dejaci¨®n del Estado, se ha permitido que individuos o grupos privados se erigieran en garant¨ªa ¨²ltima de la salud p¨²blica. Bien se ve ahora qu¨¦ pobre garant¨ªa es la de este laissez-faire, laissez-passer desenfrenado, la de este lib¨¦rrimo mercado, intolerable en cuanto que aqu¨ª faltan de ra¨ªz, por la propia complejidad de los productos de consumo modernos, aquellas dosis de informaci¨®n y conocimiento que permiten al consumidor elegir libremente sin que el proceso de aprendizaje tenga costes catastr¨®ficos.El principio est¨¢ claro, pero conviene recordarlo y explicitario, pues ha sido, y volver¨¢ a ser en breve, constantemente contestado por empresas grandes y peque?as que, por mor de su lucro particular, pretenden ser aqu¨ª juez y parte. Cuando se trata de los alimentos, los medicamentos y los cosm¨¦ticos, hoy resultado de procesos industriales complejos, la salvaguardia de la higiene y la salud colectiva no puede quedar en manos de grupos privados, sino de ¨®rganos p¨²blicos con competencias claras, bien dotados en medios e inmediatamente responsables ante un Parlamento debidamente asistido t¨¦cnicamente, al que han de informar regularmente de sus actuaciones y decisiones.

La contaminaci¨®n interior en Espa?a

Los principios anteriores no rigen en Espa?a, a pesar de que los riesgos de contaminaci¨®n interior de nuestro organismo, originados por la industrializaci¨®n alimentaria y la quimificaci¨®n de la vida, son tan altos como en cualquier otro pa¨ªs.Seg¨²n las dos ¨²ltimas tablas input-output disponibles, las f¨¢bricas de piensos, por ejemplo, compra ron en 1970 un total de 863 millones de pesetas en productos farmaceuticos, lo que represent¨® un 3% del total de sus compras, y equival¨ªa a la mitad del valor de los medicamentos veterinarios comprados por los ganaderos. En 1975 los f¨¢rmacos comprados por la industria de piensos supusieron 3. 111 millones, un 4% de sus compras totales y casi cuatro quintos de lo gastado por la ganader¨ªa en medicamentos. As¨ª, los fabricantes de piensos son cliente principal¨ªsimo de la industria farmac¨¦utica. Tr¨¢tase de antibi¨®ticos y otros productos legalmente a?adidos a los piensos por su efecto sobre el crecimiento animal. Otra cosa son los productos a?adidos ?legalmente.

Igualmente interesante es el caso de la industria de aguas minerales y bebidas no alcoh¨®licas, que en 1970 compraba 881 millones, y en 1975 ya 2.005 millones de pesetas ,de productos qu¨ªmicos, un 16 % y 19%, respectivamente, de sus compras de insumos intermedios.

Para el sector de fabricaci¨®n de aceites y grasas -al que pertenecen las empresas implicadas en el envenenamiento- los productos derivados del petr¨®leo y qu¨ªmicos supon¨ªan en 1975 un 30% de todas sus compras al resto de los sectores econ¨®micos, exceptuados los propios aceites y grasas que procesa.

Normativa insuficiente y confusa

La primera salvaguardia colectiva de la que carecemos es una normativa completa, clara y rigurosa. Esta carencia es tanto m¨¢s grave cuanto que el incipiente derecho alimentario espa?ol de principios de siglo (reales decretos de 22 de diciembre de 1908 y 17 de septiembre de 1920) era adecuado a la situaci¨®n del momento. En cambio, bien poco se hace cuando desde mediados de los a?os cincuenta la modernizaci¨®n industrial y del consumo reclaman a gritos nuevas normas y un redoblado esfuerzo de vigilancia e inspecci¨®n. La par¨¢lisis de la Administraci¨®n franquista se debi¨®, m¨¢s que a desidia, a su expresa sumisi¨®n, instrumentada por destacados pol¨ªticos del r¨¦gimen, a bastardos intereses de las industrias qu¨ªmicas y alimentarias.Desde 1955 se promulgaron reglamentaciones t¨¦cnico-sanitarias referidas a alimentos concretos, pero, carentes de un marco normativo general, cayeron en contradicciones y dejaron extensas lagunas. El C¨®digo Alimentario Espa?ol (CAE) iniciado en 1960 no se public¨® en el BOE hasta 1967, pero sorprendentemente su entrada en vigor se retras¨® hasta 1974 ?catorce a?os despu¨¦s! En realidad lo que ocurri¨® es que siendo el c¨®digo -con todas sus limitaciones- una obra t¨¦cnica positivamente ambiciosa, fue torpedeada desde altas instancias pol¨ªticas. El expediente utilizado -cuya singularidad alg¨²n d¨ªa nos explicar¨¢n los administrativistas- fue el de privarle de vigor jur¨ªdico.

Hoy resulta aleccionador recordar las farisaicas justificaciones de este torpedeamiento avanzadas por sus autores, pol¨ªticos del anterior r¨¦gimen, como un Garc¨ªa Orcoyen -largos a?os director general de Sanidad- o un Antonio Carro Mart¨ªnez, y tan burdas que dif¨ªcilmente ocultan los estrechos intereses privados en cuya defensa se hacen. El c¨®digo ?carece de fuerza jur¨ªdica?; es s¨®lo ?declaraci¨®n de principios b¨¢sicos?;,un ?conjunto de bases que en lo sucesivo han de ser tenidas en cuenta?, siempre ?bajo el denominador com¨²n de nuestro desarrollo econ¨®mico real?; su ineficacia jur¨ªdica deriva -peregrina raz¨®n de ?haber dominado en su redacci¨®n los t¨¦cnicos, en especial los t¨¦cnicos en higiene bromatol¨®gica?, dec¨ªan en 1970, a pesar de que el c¨®digo contiene normas suficientemente claras y concretas.

Por fin en 1974 el decreto de 9 de agosto estableci¨® un calendario para la entrada en vigor del C¨®digo Alimentario. Pero su eficacia jur¨ªdica continu¨® siendo socavada., Ese mismo decreto dispuso que continuaran vigentes las reglamentaciones especiales anteriores, debiendo de aplicarse lo establecido en ellas -aunque el c¨®digo fuera m¨¢s estricto-, en tanto no fueran expresamente modificadas. Con ello se pospon¨ªa la aplicaci¨®n de muchas de las innovaciones del CAE y se introduc¨ªa un elemento de grav¨ªsima confusi¨®n. A¨²n m¨¢s, esta singular regla fue aprovechada para publicar, antes del vencimiento de los plazos previstos para la entrada en vigor del c¨®digo, algunas reglamentaciones que dulcificaron o eludieron sus exigencias (las de bebidas refrescantes, aromatizantes, huevos, pan, miel, etc¨¦tera).

En segundo lugar, en una de las parcelas esenciales en materia de derecho alimentario, la de los aditivos, encomendada a Sanidad, se pospuso la elaboraci¨®n y publicaci¨®n de las fundamentales listas positivas de aditivos autorizados, previstas inicialmente como anexos al propio c¨®digo. En el tema de los aditivos la confusi¨®n ha sido total.

Desde 1974 hasta hoy se han dictado diversas reglamentaciones referidas a productos o problemas muy concretos, sobre todo entre 1975 y 1978. Algunas han derogado partes del propio c¨®digo (estatuto del vino, reglamentaci¨®n de mataderos). Otras han llegado incre¨ªblemente tarde. Hasta el pasado mes de enero hubo que esperar para que a remolque del esc¨¢ndalo de las hormonas en la carne se abordara el tema de los productos qu¨ªmicos y farmac¨¦uticos usados en ganader¨ªa.

En suma, el torpedeamiento durante el franquismo del C¨®digo Alimentario consigui¨® hundirlo totalmente y los sucesivos Gobiernos de la transici¨®n y de UCD no lo han reflotado. En Espa?a hoy no tenemos en materia alimentar¨ªa una norma de referencia b¨¢sica. Predominan la confusi¨®n, la ambig¨¹edad, las lagunas y las contradicciones. Cinco, botones de muestra:

1. Una orden de 7 de enero de 1975 enumeraba los aditivos autorizados para la mantequilla. Una resoluci¨®n de 16 de diciembre ?del mismo a?o! ampliaba dicha enumeraci¨®n, seguramente contra el principio de jerarqu¨ªa normativa. Pero otra resoluci¨®n, s¨®lo nueve meses posterior, del 8 de septiembre, ordena volver a la situaci¨®n inicial.

2. El decreto de 30 de octubre de 1976, aut¨¦ntica disposici¨®n de emergencia que toca los aspectos m¨¢s diversos e inconexos del campo alimentario.

3. Hasta el 4 de junio del corriente a?o -en pleno desarrollo del s¨ªndrome t¨®xico- no se public¨® en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el fundamental anexo 11 sobre aditivos que deber¨ªa haber acompa?ado a la resoluci¨®n de 26 de febrero de la Secretar¨ªa dt Estado para la Sanidad; retraso debido, al parecer, a haberse traspapelado. Precisamente es la norma que regula los aditivos autorizados en las grasas comestibles, es decir, los aceites.

4. La famosa reglamentaci¨®n de mataderos, aut¨¦ntico estatuto de la carne, cuya entrada en vigor se ha pospuesto en diversas ocasiones.

5. El,n¨²mero del registro sanitario era tomado por el p¨²blico como garant¨ªa sanitaria. Pero en realidad son dos los registros existentes. Uno de industrias y otro espec¨ªfico de productos que s¨®lo abarca aditivos, pl¨¢sticos de envase y embalaje, preparados de r¨¦gimen, aguas de bebida envasadas y detergentes empleados por la industria alimentaria. En los dem¨¢s no hay control individualizado.

Inspecci¨®n y control

Con la inexistencia de normativa adecuada se corresponden unos procedimientos y unos medios personales y t¨¦cnicos de inspecci¨®n y control tan insuficientes como est¨¢ ponienso sobradamente de relieve el envenenamiento masivo. Esta insuficiencia no es -como pretenden- una excusa, sino una grav¨ªsima responsabilidad pol¨ªtica para los ministros de Agricultura, Comercio y Sanidad, que debieron haberla subsanado. Si no hay medios es porque se han dedicado a otros fines seg¨²n un orden de prioridades que, hoy es obvio, no era el de la sociedad en su conjunto.Desde una perspectiva m¨¢s amplia, la de las responsabilidades sociol¨®gicas, el terrible suceso expone hasta qu¨¦ punto est¨¢ en quiebra el Estado heredado del franquismo. Hasta el punto de que con su anquilosamiento, no neutral, sino interesado, en favor de las necesidades de acumulaci¨®n de las industrias qu¨ªmicas y alimentar¨ªas, est¨¢ dejando de satisfacer la propia funci¨®n de legitimaci¨®n del orden social al que sirve.

En esta quiebra es protagonista la distribuci¨®n de funciones y privilegios entre los grandes cuerpos burocr¨¢ticos. ?No es ahora evidente que los m¨¦dicos dedicados a la medicina curativa -m¨¢s privatizable- han impuesto sus criterios y sus intereses en la asignaci¨®n de los escasos recursos disponibles, minimizando en la pr¨¢ctica la importancia de m¨¦dicos, farmac¨¦uticos y veterinarios ocupados de la prevenci¨®n? ?No es verdad que en nuestra asistencia sanitaria se gastan miles de millones en f¨¢rmacos, aparatos electr¨®nicos, intervenciones quir¨²rgicas, edificios, etc¨¦tera, en tratamientos curativos de dudosa rentabilidad social, e incluso individual, mientras no hay medios para la inspecci¨®n y control de los alimentos, esto es, para la prevenci¨®n y la higiene p¨²blica? ?No parece que las prioridades que se ha marcado el cuerpo de t¨¦cnicos comerciales del Estado, volcadas hacia la alta econom¨ªa y el comercio exterior, y casi de espaldas al comercio interior y al modesto consumidor o ama de casa, est¨¢n equivocadas?

Desprecio por el imperio de la ley

De una normativa insuficiente y confusa y una inspecci¨®n cuasi inexistente no pod¨ªa derivar m¨¢s que un desprecio generalizado por parte de comerciantes y fabricantes hacia el imperio de la ley.Pongamos como ejemplo -si es que ejemplos precisamos- el ¨¢cido b¨®rico, prohibido de plano por nuestra legislaci¨®n. Cuando hace poco menos de un a?o el Gobierno Civil de Vizcaya decidi¨® la incautaci¨®n de todas las gambas almacenadas en Mercabilbao, tras la denuncia presentada por una cooperativa de consumidores, el presidente de la Federaci¨®n de Empresarios de la Alimentaci¨®n de Vizcaya se lament¨® de la p¨¦rdida de puestos de trabajo que la medida supondr¨ªa, y aleg¨® que ?siempre se ha utilizado ¨¢cido b¨®rico como conservante, como sobradamente conocen las autoridades?. A las quejas siguieron los hechos. Las gambas fueron trasladadas y vendidas en otros mercados antes de que los inspectores llegaran a incautarlas. En Murcia, poco despu¨¦s, la empresa Pescanova se neg¨®, pura y simplemente, a franquear el paso a la Consejer¨ªa regional de Sanidad hasta las gambas con ¨¢cido b¨®rico que ten¨ªa almacenadas. A todas estas noticias, publicadas por la Prensa, no sigui¨® ninguna sobre multas, expedientes ni procesamientos.

La decisi¨®n pol¨ªtica de no abordar seriamente la protecci¨®n de los intereses populares en materia alimentaria ha hecho al Estado heredado del franquismo incapaz de resolver la confusi¨®n en la distribuci¨®n de competencias entre los distintos departamentos ministeriales, causa principal¨ªsima de la tragedia que hoy se vive. De los ministerios de Sanidad, Comercio, Agricultura, Industria han emanado, sin coordinaci¨®n, reglamentaciones t¨¦cnico-sanitarias, normas de calidad, regulaciones de campa?a y otras disposiciones en oscuro abigarramiento.

Los ¨®rganos administrativos encargados de dichas competencias han proliferado extraordinariamente: Comisi¨®n Interministerial de Ordenaci¨®n Alimentaria (CIOA), Comisi¨®n de Alimentaci¨®n Animal, Comisi¨®n Asesora de Productos Zoosanitarios, Junta de Especialidades Farmac¨¦uticas, Instituto Nacional del Consumo. La CIOA ha tenido directamente a su cargo la pol¨ªtica alimentaria espa?ola. Sus componentes, discrecionalmente designados, se mueven en la irresponsabilidad, representan escasamente los intereses sanitarios, gozan de facultades ejecutivas excepcionales para un ¨®rgano consultivo y que parecen pensadas para atender las demandas de grupos privados y act¨²an -como los de otros ¨®rganos citados- en el m¨¢s completo sigilo, sin publicar memorias anuales detalladas sobre su actuaci¨®n ni dar cuenta al Parlamento del porqu¨¦ de sus criterios y decisiones.

Esta norma de silencio tambi¨¦n rige para los ¨®rganos con funciones anal¨ªtico- t¨¦cnicas; centros Nacionales de Alimentaci¨®n y Nutrici¨®n y Farmacobiolog¨ªa de Majadahonda, y para los servicios de Control de Fraudes, de Agricultura, y de Disciplina del Mercado, de Comercio.

Las autonom¨ªas seguramente abren posibilidades para un mejor control. Pero tambi¨¦n ofrecen peligros. ?El m¨¢s rid¨ªculo provincianismo -nuestras reses son las mejores- se ha esgrimido para negar el uso de hormonas en las carnes santanderinas, asturianas o gallegas!

En las condiciones actuales del capitalismo, y muy especialmente en los mercados de alimentos transformados, la competencia en precios ha dado paso a una rivalidad por la diferenciaci¨®n de los productos que usa como arma decisiva la publicidad y las im¨¢genes, el continente antes que el contenido.

Una naranja puede ser tratada con un colorante da?ino que, avivando su tono, la haga m¨¢s deseable ante los ojos de un consumidor, convenientemente educado por una publicidad gr¨¢fica que marca la pauta del aspecto externo que debe tener una fruta, sin cuidarse mucho de lo que se manifiesta en la lejana realidad del mundo vegetal. Una vez lanzada esta estrategia, ha de ser emulada por las empresas competidoras, si no quieren verse eliminadas del mercado, con lo que el uso del colorante da?ino se generaliza.

En Espa?a, los pescadores de bajura, sin congeladores, tratan las gambas con ¨¢cido b¨®rico para conservarlas, evitando que se les ponga la cabeza negra (melanosis) y las venden como frescas. Los pescadores de altura, con medios para la congelaci¨®n, encuentran peores cotizaciones para sus gambas congeladas y se ven impulsados a tratarlas tambi¨¦n con el ¨¢cido para simular su frescura. Por consiguiente, las normas alimentarias resultan ser doblemente necesarias en la actual fase de la competencia capitalista, y pueden contribuir desde el punto de vista econ¨®mico a definir un ¨¢mbito de transparencia y uniformidad que permita que la competencia se exprese v¨ªa precios, y no v¨ªa perdidas de calidad.

El desastre de la higiene de los alimentos industrializados es una responsabilidad hist¨®rica m¨¢s a cargar en la cuenta del r¨¦gimen franquista; es tambi¨¦n una responsabilidad no afrontada por los Gobiernos de transici¨®n y de UCD. No ha sido tampoco un asunto ante el cual la izquierda mostrara una especial sensibilidad, aun cuando, en mi opini¨®n, su responsabilidad no sea equiparable a la de UCD, simplemente porque no ha disfrutado de las palancas del poder. M¨¢s all¨¢ de los grupos pol¨ªticos, es una responsabilidad de las clases dirigentes de este pa¨ªs que, en lo que a ellas les toca, suplen la ausencia de salvaguardias sanitarias p¨²blicas con gasto privado -comen lo mejor-, y en lo que toca a los dem¨¢s a¨²n manifiestan, en su pr¨¢ctica cotidiana, un desprecio por la vida que est¨¢ en la esencia del fascismo.

El futuro

En 1938 murieron en Estados Unidos 107 personas por haber ingerido un elixir sufanilamide, que conten¨ªa un compuesto qu¨ªmico letal. Ese mismo a?o se reform¨® la legislaci¨®n (Food, Drug and Cosmetic Act, 21 USC. 301-392) y adquiri¨® su actual configuraci¨®n la Food and Drug Administration (FDA). Desde entonces, la FDA concentra casi todas las competencias relevantes en materia de contaminaci¨®n interior, y, a pesar de todas las limitaciones impuestas por el big business, ha sabido ganarse, por su rigor, el respeto del mundo entero, y sus an¨¢lisis y decisiones son estudiados con detenimiento por los Gobienos de todo el mundo y los organismos internacionales. La FDA -que ahorr¨® al pueblo americano la tragedia de la talidomida- observa una pol¨ªtica de transparencia informativa que se plasma en una continua comparecencia de su director ante el Congreso o -pongamos por casoen la apertura de todas sus oficinas y archivos a un equipo de diecis¨¦is estudiantes universitarios que, dirigidos por Ralph Nader, trabajaron en ellos durante un verano produciendo un importante informe sobre aditivos alimentarios.Hoy es inexcusable que promulguen una normativa alimentaria estricta y completa; que alteren el orden de prioridades presupuestario-administrativas y destinen a la inspecci¨®n y control todos los medios necesarios; que impongan el imperio de la ley contra cualesquiera intereses; que resuelvan los problemas de competencias haciendo saltar las asfixiantes trabas que paralizan al aparato del Estado; que estudien y hagan investigar la multitud de cuestiones pendientes, entre otras las conexiones entre econom¨ªa y salud p¨²blica, para que la soluci¨®n a los problemas pueda avanzarse mucho antes de que lleguen el dolor y la muerte.

Y todo ello que se haga a la luz p¨²blica con datos y cuentas claros y a disposici¨®n de todos. Un programa amplio y dif¨ªcil, pero con cuyo cumplimiento a¨²n pueden ganarse nuestro respeto y el de nuestros hijos. O, si no lo cumplen, el despego y el desprecio de muchos ciudadanos hacia ellos y el orden social que les privilegia.