Nuestro tormento

DOS DIAS despu¨¦s de que el Congreso de los Diputados aprobara un plan de medidas urgentes para la defensa de la salud de los consumidores, al finalizar el debate sobre el aceite de colza desnaturalizado, se produce en veinticuatro provincias espa?olas una nueva intoxicaci¨®n masiva, esta vez por mejillones en mal estado. El triste acontecimiento viene a rubricar, en una atm¨®sfera bastante sensibilizada por el envenenamiento de la colza, la necesidad de proteger adecuadamente a los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la calidad de los alimentos.Los 5.000 afectados durante el pasado fin de semana por la ingesti¨®n de mejillones que hab¨ªan llegado a los mercados, a los domicilios y a los bares sin los suficientes controles t¨¦cnico-sanitarios por el mal funcionamiento de las depuradoras y los potenciales y an¨®nimos envenenamientos a que estamos abocados todos los consumidores reclaman una mayor seriedad y constancia de la Administraci¨®n para aplicar a fondo todas y cada una de las medidas de control alimentario aprobadas el pasado viernes por el Parlamento.

La situaci¨®n creada pone tambi¨¦n de manifiesto la utilidad que tendr¨ªa el establecimiento inmediato en la pr¨¢ctica de la figura del defensor del pueblo, recogida en la Constituci¨®n, cuya configuraci¨®n legal definitiva se ha ido retrasando continuamente en el Congreso.

La r¨¢pida reacci¨®n de la Administraci¨®n y la celosa intervenci¨®n de las autoridades sanitarias competentes para averiguar las causas y adoptar las medidas pertinentes, en cuanto se propal¨® la alarma de los afectados por los primeros s¨ªntomas de la intoxicaci¨®n digestiva por consumo de mejillones gallegos, son una prueba muy significativa de la enorme sensibilizaci¨®n existente en Espa?a frente a cualquier riesgo de repetici¨®n de un envenenamiento masivo. No deja de suscitar una cierta tristeza la plausible y macabra hip¨®tesis de que el obsesivo recuerdo de la colza desnaturalizada ha sido el factor decisivo para la prontitud de la respuesta.

Nadie puede descartar ahora la posibilidad de que, durante muchos a?os, los fraudes alimenticios hayan sembrado de cad¨¢veres an¨®nimos nuestro pa¨ªs sin que la opini¨®n p¨²blica llegara a conocer el verdadero origen de las dolencias mortales atribuidas err¨®neamente a otras causas.

Los esc¨¢ndalos del ganado tratado con hormonas cancer¨ªgenas, del empleo del ¨¢cido b¨®rico para la conservaci¨®n del marisco, de los mataderos clandestinos y de la comercializaci¨®n de carnes t¨®xicas o la venta de cortes de canguro a precios de a?ojo constituyen, junto al drama de los aceites homicidas, simples botones de muestra de un panorama desolador que crea una inseguridad cercana al p¨¢nico entre los consumidores y que pone en riesgo la vida y la salud de todos los espa?oles.

Por todo ello, es urgente la puesta en pr¨¢ctica con la m¨¢xima prioridad de todas las medidas aprobadas el pasado viernes por el Parlamento en defensa de la salud de los consumidores y de apoyo a los ciudadanos afectados por la neumon¨ªa t¨®xica y sus eventuales secuelas, as¨ª como el establecimiento del defensor del pueblo.

Por otra parte, el reconocimiento por el secretario de Estado para el Consumo, Jose Enrique Mart¨ªnez de Genique, de que la Xunta de Galicia podr¨ªa tener responsabilidades en el control sanitario de los mejillones de Pontevedra, puede alcanzar tambi¨¦n por elevaci¨®n a las m¨¢ximas autoridades del Gobierno en sus reponsabilidades propias en el control del aceite de colza desnaturalizado. Si el Gobierno de la Xunta tiene responsabilidad en la distribuci¨®n de mejillones en mal estado, no hay muchas razones para disculpar a los miembros del Gobierno central por el posible mal cumplimiento de sus competencias en el tema m¨¢s grave de la intoxicaci¨®n por aceite desnaturalizado. El Gobierno central no puede descargar reponsabilidades en el Gobierno aut¨®nomo por haber conferido ya las competencias sanitarias al mismo sin recabar para s¨ª todas las competencias que asume en los temas nacionales. De cualquier manera, sobre estos sucesos se debe imponer un racional tratamiento de la higiene alimentar¨ªa y llenar las lagunas legales que existen y exigir su cumplimiento.