La ley Electoral y los mandatos constitucionales

AL APROBAR la Constituci¨®n en el oto?o de 1978, los diputados y senadores ignoraban si permanecer¨ªan en sus esca?os hasta concluir su mandato o si el presidente del Gobierno disolver¨ªa el Parlamento y convocar¨ªa nuevas elecciones. Ante esta ¨²ltima posibilidad, la disposici¨®n transitoria octava de la Constituci¨®n estableci¨®, con car¨¢cter excepcional, que esas eventuales elecciones se regir¨ªan, salvo modificaciones imprescindibles, por la normativa que hab¨ªa presidido los comicios de junio de 1977. La raz¨®n de esa pr¨®rroga era el temor a que la convocatoria de elecciones generales inmediatamente despu¨¦s de la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n impidiera a las C¨¢maras -como efectivamente ocurri¨®- elaborar y votar la nueva ley Electoral, de acuerdo con los criterios establecidos en los art¨ªculos 68 y 69 de la norma, fundamental.Dos a?os y medio despu¨¦s de los comicios de marzo de 1979, y superada en tres meses la fecha tope marcada por la ya citada disposici¨®n transitoria, ni el Gobierno ha enviado a las Cortes un proyecto de ley Electoral ni las C¨¢maras han ejercido la iniciativa legislativa en este terreno. Es verdad que falta a¨²n a?o y medio para que finalice el mandato del actual Parlamento, y es cierto que el Congreso y el Senado tienen todav¨ªa tiempo suficiente para que los pr¨®ximos comicios generales pudieran celebrarse bajo una nueva ley Electoral. Ahora bien, los insistentes rumores de una disoluci¨®n anticipada de las Cortes no hacen sino poner de relieve la posibilidad; perfectamente constitucional, de que los espa?oles sean convocados a las urnas durante la pr¨®xima primavera o a comienzos del oto?o siguiente. En tal caso, mucha prisa habr¨ªan de darse nuestros parlamentarios para votar la nueva ley Electoral, cuyas implicaciones pr¨¢cticas para todos los partidos aseguran de antemano vivos debates y largas controversias.

Precisamente el gran alcance que puede tener la reforma de la norma electoral para una m¨¢s exacta traducci¨®n de los votos populares en esca?os explica las reticencias de unos y otros a la hora de acometerla. UCD parece interesada desde siempre en perpetuar la vieja ley Electoral, que tan excelentes dividendos le report¨® en junio de 1977 y marzo de 1979, gracias a los m¨ªnimos provinciales y a los criterios correctores de la proporcionalidad. El PSOE, por su parte, tal vez contemple la posibilidad de que las halag¨¹e?as perspectivas registradas en los actuales sondeos se materialicen en las urnas futuras, de forma tal que la aplicaci¨®n de la ley Electoral de 1977 produzca en la Espa?a de 1982 una inversi¨®n de fuerzas semejante a la ocurrida en Francia en los ¨²ltimos comicios. Los nacionalistas vascos y catalanes temen, a su vez, que una nueva ley Electoral penalice a las minor¨ªas mediante la exigencia de techos elevados de votaci¨®n popular, en proporci¨®n al censo del pa¨ªs entero, para poder acceder al Parlamento. Ese recelo es todav¨ªa mayor en otras formaciones regionalistas o en Partidos ideol¨®gicamente minoritarios, para los que no es ning¨²n secreto el deseo del ministro de Administraci¨®n Territorial de dejar fuera de las Cortes Generales a los grupos o coaliciones que no alcancen el 5% de los sufragios emitidos en toda Espa?a.

Se puede producir as¨ª una especie de pacto t¨¢cito entre fuerzas pol¨ªticas de diverso signo, acuerdo cimentado en el miedo a que una futura ley Electoral perjudique sus posibilidades o beneficie las de sus contrarios, para dejar transcurrir silenciosamente el tiempo y llegar a los pr¨®ximos comicios en una situaci¨®n tal que no quede otro remedio que prorrogar, por segunda vez, la normativa de 1977. Si as¨ª ocurriera, las Cortes Generales incumplir¨ªan un mandato constitucional, evidente tras la lectura de la disposici¨®n transitoria octava, al no proceder al desarroIlo mediante ley -ley org¨¢nica, en el caso del Senado- de los art¨ªculos 68 y 69 de nuestra norma fundamental. Pero lo m¨¢s irritante de la pasividad del Gobierno y de los grupos parlamentarios, a quienes corresponde la iniciativa legislativa mediante proyectos y proposiciones, es que sigan dejando pasar los meses como si su olvido no fuera voluntario.