Causas del d¨¦ficit p¨²blico

Con loable frecuencia, en este y otros medios de expresi¨®n p¨²blica, se producen alegatos en favor de la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico. Recientemente han insistido en este aspecto de la pol¨ªtica econ¨®mica dos notables economistas y hacendistas, los profesores Alvarez Rendueles y Lasarte.Los argumentos que exponen pueden ser compartidos por casi todos los economistas, incluido el autor de este art¨ªculo. Lo que hay que explicar entonces son las causas por las cuales el Gobierno no puede atender sus recomendaciones.

El economista y el pol¨ªtico tienen dos papeles claramente distintos en la sociedad. El papel del economista consiste en aconsejar lo que el Gobierno debe hacer. Su posici¨®n es normativa. El pol¨ªtico debe hacer lo que se puede hacer, ya que no opera en un mundo sociol¨®gicamente neutral, sino en la sociedad real, donde todos los grupos sociales acuden a ¨¦l para que les ayude a resolver sus problemas.

Quiz¨¢ sea conveniente rese?ar una breve, pero significativa, lista de las peticiones que en este momento se est¨¢n haciendo al Gobierno, por diferentes estamentos, para que aumente el gasto p¨²blico.

Las patronales piden que se financie el proceso de reconversi¨®n industrial; los sindicatos, que se extienda la prestaci¨®n del seguro de paro y se mejoren los servicios sociales; la banca, que se le permita cobrar mayores intereses por los pr¨¦stamos cautivos; los agricultores, que se aumenten sus precios y sus rentas y se les ayude en la gran sequ¨ªa que padecemos; los pensionistas, que se les aumenten sus pensiones; los funcionarios, que se les aumenten los sueldos; las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos, que se les financie con generosidad; los empresarios, que se financie la Seguridad Social a trav¨¦s del presupuesto p¨²blico; el ANE (Acuerdo Nacional sobre el Empleo), que se financien 350.000 puestos de trabajo; el Plan Nacional de la Vivienda, que se financien viviendas sociales; la Iglesia cat¨®lica, que se financie la ense?anza privada; la Administraci¨®n de justicia, que se aumenten las dotaciones de tribunales y se mejoren las c¨¢rceles; el Gobierno, que se financien los costes de la entrada de la OTAN, y finalmente, los peri¨®dicos, que se aumente la subvenci¨®n al papel prensa.

Esta lista podr¨ªa ser realmente muy larga, ya que la crisis econ¨®mica incide sobre otros muchos sectores.

Sin embargo, habr¨ªa que observar que cuando un economista o grupo social pide que se disminuya el gasto p¨²blico, lo que en muchos casos pide es que se aumente el apoyo del Gobierno a un grupo social y se disminuya el apoyo a otro u otros grupos sociales.

La ciencia de la hacienda ha progresado recientemente de modo notable en el campo de la sociolog¨ªa financiera, donde aparece claro, desde una ideolog¨ªa de derechas (Escuela de Virginia) como de izquierdas (neosocialismo), que el presupuesto p¨²blico es uno de los sitios fundamentales donde se dirimen los conflictos entre grupos sociales.

El Gobierno, por tanto, no es, como han pretendido los marxistas, un representante de una clase social que gobierna pura y simplemente en beneficio de esta clase social, sino un gestor que debe conducir una sociedad compleja y en crisis econ¨®mica, atendiendo intereses y presiones muy contrapuestas.

En el momento actual resulta terriblemente dif¨ªcil comprimir el gasto p¨²blico, como est¨¢ experimentando en Estados Unidos el presidente Reagan, sin levantar graves descontentos sociales en los grupos afectados. Tampoco resulta posible aumentar indiscriminadamente la presi¨®n fiscal, ya que los grupos sociales afectados no lo admitir¨ªan, a trav¨¦s de sus representantes elegidos o por otros m¨¦todos m¨¢s expeditivos y menos aconsejables.

Por tanto, el ¨²nico recurso que queda consiste en recurrir a la deuda p¨²blica interna y externa.

Ser¨ªa muy conveniente que todo tratamiento de reducci¨®n del d¨¦ficit fuera acompa?ado de una exposici¨®n concreta de cu¨¢les gastos deben reducirse. En caso contrario, la recomendaci¨®n cae en el vac¨ªo. Habr¨ªa que a?adir tambi¨¦n una valoraci¨®n del precio pol¨ªtico pagado por la reducci¨®n.

Con una tasa de crecimiento econ¨®mico aceptable, algunos de estos problemas suavizar¨ªan sus aristas y podr¨ªan ser reconducidos a una nueva perspectiva.

Sin embargo, m¨¢s de seis a?os de estancamiento econ¨®mico y una perspectiva muy poco halag¨¹e?a para los pr¨®ximos dos o tres no permiten albergar grandes esperanzas. Quiz¨¢ pueda parecer algo primario decir que el Estado benefactor (Welfare State) de los a?os sesenta se est¨¢ convirtiendo en el Estado bombero, donde todos los grupos sociales acuden cuando est¨¢n en conflictos insolubles. Pero as¨ª es.

La recuperaci¨®n, pues, del proceso de crecimiento es fundamental para recobrar un cierto equilibrio financiero. La tregua en el crecimiento del precio del petr¨®leo y la moderaci¨®n salarial son dos aspectos importantes de la nueva situaci¨®n. Sin embargo, no parecen ser suficientes para relanzar la econom¨ªa.

En el debate mantenido en Estados Unidos sobre la nueva situaci¨®n es de gran relevancia la afirmaci¨®n de Lester Thurow (v¨¦ase Newsweek, 16-11-81), consejero conservador del presidente Reagan, quien afirma:"Ha llegado el momento de reconocer que la econom¨ªa americana (y seguramente la espa?ola) necesita dram¨¢ticamente de una pol¨ªtica de dinero barato por un largo per¨ªodo de tiempo".

Los empresarios espa?oles dif¨ªcilmente pueden invertir con una tasa de inter¨¦s del 20%. Es muy arriesgado comprometerse a devolver un dinero obtenido a este coste.

Asumiendo el consejo de Lester Thurow, los economistas deber¨ªamos pedir al Gobierno espa?ol que haga cuanto pueda para que en Espa?a disminuya la tasa de inter¨¦s a niveles que el beneficio esperado del empresario sea mayor que el coste del dinero.

Algunos empresarios (seguramente muchos) manifiestan que tienen la impresi¨®n de estar trabajando exclusivamente para la banca. Sin un beneficio privado, la funci¨®n de empresario no tiene sentido. Salvo el de empresario d¨¦ banca.