Los malos tratos y la legislaci¨®n antiterrorista, preocupaciones de Amnist¨ªa Internacional sobre Espa?a
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La principal preocupaci¨®n de Amnist¨ªa Internacional en relaci¨®n a Espa?a fueron los malos tratos y la tortura de personas arrestadas bajo la legislaci¨®n antiterrorista, se?ala la organizaci¨®n pro derechos humanos en su informe anual publicado hoy en Londres. Amnist¨ªa se muestra especialmente cr¨ªtica en lo referente a la posibilidad de mantener la incomunicaci¨®n de los detenidos durante diez d¨ªas.El informe dedica cuatro de sus 426 p¨¢ginas a Espa?a, repasando los acontecimientos ocurridos entre el 1 de mayo de 1980 y el 31 de abril de 1981, recordando la anterior aprobaci¨®n de la Constituci¨®n espa?ola en 1978, la dimisi¨®n de Adolfo Su¨¢rez y la llegada de Leopoldo Calvo Sotelo a la presidencia del Gobierno, haciendo hincapi¨¦ sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero.
Amnist¨ªa Internacional analiza los principales instrumentos legales espa?oles para combatir la violencia pol¨ªtica, destacando la ley del 4 de diciembre de 1978 y el decreto del 26 de enero de 1979, por los que la polic¨ªa puede detener no s¨®lo a los miembros de grupos armados, sino tambi¨¦n a las personas que se asocian con sus miembros o defienden p¨²blicamente sus actividades.
El informe menciona la posibilidad de mantener personas incomunicadas hasta diez d¨ªas seguidos, se?alando que los ?abogados vieron generalmente denegado el acceso a los detenidos durante los diez d¨ªas de detenci¨®n incomunicada, en contra del derecho a la asistencia legal garantizado en el art¨ªculo 17.3 de la Constituci¨®n?.
Amnist¨ªa recuerda que estas medidas ten¨ªan un car¨¢cter de interinidad hasta que fuera aprobado un nuevo C¨®digo Penal, pero quedaron plasmadas en una nueva ley org¨¢nica. Estas medidas no suspend¨ªan, sin embargo, el derecho a la asistencia legal -continuamente denegada por la polic¨ªa- a las personas detenidas en estas condiciones, dice el informe.
Amnist¨ªa Internacional elige el caso de Jos¨¦ Ignacio Arregui, para ilustrar las consecuencias de estas medidas, pues ¨¦ste falleci¨® el 13 de febrero de 1981 en la c¨¢rcel de Carabanchel, despu¨¦s de nueve d¨ªas de interrogatorios policiales. La organizaci¨®n pro derechos humanos considera que estas condiciones llevan a los malos tratos y a las torturas, y alega que los datos recogidos por la misi¨®n de Amnist¨ªa Espa?a en octubre de 1979 apoyan estas afirmaciones. Amnist¨ªa agrega que ha recibido regularmente alegaciones de estos malos tratos y torturas.
En septiembre de 1980, esta organizaci¨®n present¨® su informe sobre Espa?a, publicado dos meses despu¨¦s, pero no ha recibido ninguna respuesta oficial desde entonces. En su informe, Amnist¨ªa ped¨ªa que se aboliera la incomunicaci¨®n de diez d¨ªas, que se garantizara el acceso de los abogados a los detenidos sospechosos y que se introdujera la legislaci¨®n del habeas corpus (auto de comparecencia) prevista en la Constituci¨®n. Amnist¨ªa recomend¨® asimismo que se reforzara el control judicial sobre los arrestos y que se garantizaran los ex¨¢menes m¨¦dicos.
El informe sobre Espa?a de 1980 condenaba el asesinato pol¨ªtico por grupos armados. En este informe anual de 1981, tras las cr¨ªticas se?aladas, Amnist¨ªa Internacional se complace de la reforma del C¨®digo de Justicia Militar de noviembre de 1980, no permiti¨¦ndose ya juicios militares a civiles acusados de delitos del tipo de insultos o agravios a las Fuerzas Armadas. Amnist¨ªa recoge con satisfacci¨®n la ratificaci¨®n del art¨ªculo 25 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, que permitir¨¢ presentar casos individuales espa?oles ante la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos.
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