Las dificultades de un planteamiento realista del d¨¦ficit p¨²blico

El d¨¦ficit del sector p¨²blico constituye, como ya se mostraba en la primera parte de este trabajo, uno de los rasgos dominantes del comportamiento actual de nuestra Hacienda p¨²blica y un condicionante importante de la actividad econ¨®mica espa?ola. Se trata adem¨¢s de un hecho cuya valoraci¨®n divide a la sociedad que lo registra en funci¨®n de c¨®mo se aprecia desde distintas y encontradas funciones pol¨ªticas. Estas caracter¨ªsticas han hecho del d¨¦ficit p¨²blico un tema poco tratable para una discusi¨®n ordenada de su cuant¨ªa, de sus efectos y de las posibilidades reales de su control. Contribuir a esa discusi¨®n ordenada del d¨¦ficit p¨²blico ha sido el prop¨®sito de los dos art¨ªculos que han formado esta serie y que han sido escritos por el Equipo de Coyuntura Econ¨®mica, que dirige el profesor Fuentes Quintana, y del que forman parte los profesores Barea Tejeiro, Lagares Calvo y Raymond Bar¨¢ y los economistas Jul?io Alcaide Inchausti, Jos¨¦ Garc¨ªa L¨®pez, Miguel Valle Garagorri y Jos¨¦ Mar¨ªa P¨¦rez Blanco.

Un planteamiento realista de los problemas del d¨¦ficit p¨²blico tiene que partir del reconocimiento de que sus problemas, por importantes que puedan parecerles a los economistas y hacendistas, les dicen muy poco a la mayor¨ªa de los ciudadanos.Por otra parte, hay que confesar que no es f¨¢cil conseguir una sensibilizaci¨®n de los ciudadanos ante los problemas que plantea el d¨¦ficit p¨²blico. ?Qu¨¦ significa para una mayor¨ªa de la poblaci¨®n que las cuentas p¨²blicas vayan a cerrarse este a?o con un d¨¦ficit cercano a los 800.000 millones de pesetas, esto es, el 4,5% del PIB? Muy poco o nada, a menos que se suponga que la sociedad participa mayoritariamente de la m¨ªstica del "santo temor al d¨¦ficit" que el ministro de Hacienda Jos¨¦ de Echegaray predicaba en su discurso de defensa de los presupuestos de 1906: "Para un ministro de Hacienda, para los Gobiernos, para las C¨¢maras, para el pa¨ªs, la salvaci¨®n est¨¢ en el santo temor al d¨¦ficit. Y si no quer¨¦is hacerlo santo, decid en el patri¨®tico temor al d¨¦ficit".

Ese acento dram¨¢tico que Echegaray colocaba sobre el d¨¦ficit p¨²blico convoca hoy a pocos creyentes en sus males. La mayor¨ªa de los ciudadanos escucha los miles de millones y los billones referidos al sector p¨²blico como una melod¨ªa a la que se ha habituado, que considera distante de sus conocimientos, preocupaciones y responsabilidades. Unas cifras millonarias que alimentan la imagen del "Estado despilfarrador" que, como revelan las encuestas de opini¨®n, llevamos dentro de nuestra conciencia la mayor¨ªa de los espa?oles, pero que no mueven ni nuestra protesta ni nuestra oposici¨®n al d¨¦ficit p¨²blico.

Dicho en otros t¨¦rminos: no existe una conciencia general sobre la importancia (la mayor o menor gravedad) que pueda tener el d¨¦ficit p¨²blico y la necesidad de su correcci¨®n. Ese juicio popular inexistente del d¨¦ficit p¨²blico facilita su continuidad y explica la indiferencia con la que se contemplan por los m¨¢s las limitadas y oto?ales discusiones espa?olas sobre la terminante condena, la esc¨¦ptica defensa, que protocolariamente se realiza de su creciente cuant¨ªa.

Parece, por tanto, que una valoraci¨®n de la trascendencia del d¨¦ficit p¨²blico y un tratamiento eficiente de sus problemas, que pretende realizar este trabajo, tiene que partir de esa realidad y dar una respuesta motivada de por qu¨¦ nos preocupa el d¨¦ficit p¨²blico. Una respuesta racional y no dogm¨¢tica, como la ofrecida por Echegaray en otro tiempo.

Crisis, paro y sector p¨²blico

Esa respuesta tiene que partir de dos realidades evidentes: la crisis y el paro. Si hay algo que sabemos preocupa a todos los espa?oles de la crisis actual, son las cifras alcanzadas por la desocupaci¨®n. Ese es -sin discusi¨®n- el primer problema nacional, un problema que viven directamente las familias espa?olas, pues el 22% de ellas tiene un parado en casa y conoce la gravedad del problema, dado que manifiestan que el paro es largo (dieciocho meses y m¨¢s); el 77% opina que las posibilidades de encontrar empleos son nulas en los seis meses siguientes, y el 65% cree que el paro aumentar¨¢ en el futuro.

Pues bien, la pregunta interesada y relevante es entonces: ?qu¨¦ puede hacerse para corregir esa preocupante desocupaci¨®n? Y, m¨¢s concretamente, ?qu¨¦ podr¨ªa y deber¨ªa hacer el sector p¨²blico?

Una contestaci¨®n responsable a esa pregunta tan fundada como dram¨¢tica destacar¨ªa la importan.cia de tres condiciones para ofrecer una respuesta fundada y eficiente.

1. Disponer de tiempo. Los tres grandes problemas de la crisis actual -d¨¦bil crecimiento, inflaci¨®n y paro- no son solubles a corto plazo. Reclaman un programa de pol¨ªtica econ¨®mica a plazo medio, aplicado con perseverancia y secundado por el esfuerzo de toda la poblaci¨®n. La OCDE ha constatado recientemente el predominio de esa convicci¨®n en los pa¨ªses miembros de la Comunidad Atl¨¢ntica: "La consideraci¨®n de que los problemas de la crisis son cuestiones a plazo medio, que necesitan programas aplazo medio para su soluci¨®n, se ha ido extendiendo cada vez m¨¢s en diferentes pa¨ªses".

Por su parte, la CEE, pasando de las convicciones a los hechos, ha preparado su programa de pol¨ªtica econ¨®mica a plazo medio como una necesidad prioritaria, planteada por la dimensi¨®n temporal de los problemas cr¨ªticos actuales. La vuelta de los pa¨ªses europeos a su comportamiento c¨®mo sociedades din¨¢micas, generadoras de producci¨®n y proveedoras de empleo a su poblaci¨®n -afirma la CEE- no se lograr¨¢ sin un programa que cambie los comportamientos econ¨®micos y que tenga un horizonte temporal suficiente. Cuando una crisis crea tanta incertidumbre como la actual, algo debe ser cierto para los distintos int¨¦rpretes de la vida econ¨®mica: una pol¨ªtica a plazo medio, clara en sus finalidades, expresa en su formulaci¨®n de objetivos y medidas, aplicada resueltamente por el Gobierno y cuya l¨®gica enmarque y discipline todas las decisiones a corto plazo.

2. Esa pol¨ªtica necesaria a plazo medio se caracteriza por la complejidad y obligada coordinaci¨®n de sus medidas. Como indica la CEE, la estrategia de un programa a plazo medio destinado a potenciar posibilidades de desarrollo econ¨®mico de una sociedad debe obedecer a dos objetivos fundamentales: reducir la inflaci¨®n y aumentar la estabilidad, y variar y mejorar la estructura productiva para lograr un crecimiento mayor y una mejora en la sit ci¨®n de empleo. La realizaci¨®n 9 ese doble prop¨®sito de todo programa a plazo medio precisa de un conjunto de medidas de pol¨ªtica econ¨®mica que cabe agrupar en cinco grandes l¨ªneas de actuaci¨®n: a) una reducci¨®n de los costes reales del trabajo en cuant¨ªa y tiempo suficientes para favo recer el empleo, que conceda viabilidad a las inversiones y mejore la competitividad de nuestra producci¨®n; b) la realizaci¨®n de un programa de inversiones p¨²blicas bien controlado que facilite los ajustes productivos de la econom¨ªa, apoyado en un mayor ahorro p¨²blico; c) la disminuci¨®n de la rigidez del sistema econ¨®mico (el aumento de flexibilidad) por una mayor liberalizaci¨®n y por la pr¨¢ctica de una pol¨ªtica de ajustes positivos en los sectores especialmente afectados por la crisis; d) la ayuda al cambio tecnol¨®gico y a la difusi¨®n del progreso t¨¦cnico en la econom¨ªa, y e) aumentar la capacidad exportadora y la internacionalizaci¨®n de la actividad econ¨®mica nacional. Esas cinco l¨ªneas de actuaci¨®n, a cuya justificaci¨®n y contenido nos hemos referido en estas mismas p¨¢ginas, deben seguirse simult¨¢nea y continuadamente por la pol¨ªtica econ¨®mica.

3. En esa pol¨ªtica a plazo medio ocupan un lugar fundamental las actuaciones del sector p¨²blico. Esas actuaciones se concretan en tres puntos:

a) Desarrollo de un programa de inversiones p¨²blicas que sostenga la producci¨®n y el empleo y contribuya a realizar aquellos ajustes que devuelvan el dinamismo productivo a la econom¨ªa espa?ola. Es evidente que la necesaria reducci¨®n de salarios reales puede provocar a corto plazo ca¨ªdas del consumo privado y, con el¨ªas, agravar el problema del desempleo. A plazo medio, la recuperaci¨®n de los excedentes empresariales animar¨¢ el crecimiento de la producci¨®n y la ocupaci¨®n; pero, en tanto esas decisiones de la inversi¨®n privada llegan, ser¨¢ menester que la inversi¨®n p¨²blica act¨²e para sostener el empleo, realizando programas previamente planteados acordes con el ajuste a las grandes l¨ªneas reclamadas para responder a los retos productivos de la crisis (favorecer el Programa Energ¨¦tico Nacional, posibilitar la reconversi¨®n de la industria, difundir el progreso tecnol¨®gico).

b) Esas mayores inversiones p¨²blicas deben de contar con un mayor ahorro p¨²blico que contribuya a financiarlas, lo cual, a su vez, reclama aumentar o recuperar la c¨¢pacidad ahorradora del sector p¨²blico, actuando sobre la moderaci¨®n de los gastos corrientes y potenciando la capacidad recaudatoria de los ingresos p¨²blicos.

c) El crecimiento de las inversiones p¨²blicas y el aumento del ahorro p¨²blico deben incorporar para su realizaci¨®n modificaciones en los mecanismos de control del sector p¨²blico y acentuar la voluntad pol¨ªtica necesaria para su eficaz funcionamiento.

Este enfoque del comportamiento del sector p¨²blico plantea los problemas del d¨¦ficit p¨²blico en su direcci¨®n correcta. Juzgar el d¨¦ficit p¨²blico de cualquier econom¨ªa no es posible sin conocer su coherencia con el programa econ¨®mico a plazo medio del que debe formar parte; precisa, asimismo, evaluar el comportamiento de la inversi¨®n y del ahorro p¨²blicos para estimar su contribuci¨®n a la soluci¨®n de los problemas de la crisis.

Y bien, cuando el comportamiento del sector p¨²blico se sit¨²a en esas coordenadas, ?c¨®mo puede juzgarse la conducta del sector p¨²blico espa?ol?

Inversiones, ahorro y d¨¦ficit

La respuesta es claramente negativa, porque negativo ha sido el comportamiento del sector p¨²blico en los tres frentes indicados. En primer t¨¦rmino, los gastos de inversi¨®n de las administraciones p¨²blicas han permanecido constantes en su participaci¨®n en el PIB. Esto es, la inversi¨®n p¨²blica no ha elevado su peso y su importancia como hubiese sido necesario.

Esa constancia de la inversi¨®n p¨²blica en el PIB es fruto de dos fuerzas contrapuestas. De una parte, se ha registrado una ca¨ªda en la formaci¨®n bruta de capital fijo, esto es, en las inversiones directamente realizadas por el sector p¨²blico que bajan medio punto en su participaci¨®n en el PIB entre 1973 y 1980 (0,38 puntos si nos atenemos a los datos previstos para 1981). Por el contrario, las transferencias de capital que representan la ayuda de las administraciones p¨²blicas a la financiaci¨®n de la inversi¨®n realizada por otros sectores de la econom¨ªa han aumentado en torno a 0,50 puntos.

En segundo lugar, la reducci¨®n de la participaci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica en capital fijo en el PIB ha discurrido paralelamente con la alarmante ca¨ªda y final desaparici¨®n del ahorro p¨²blico. Cuando se comparan los comportamientos relativos del ahorro e inversiones p¨²blicas durante los a?os de la crisis, se comprueba c¨®mo a partir de 1979 el ahorro p¨²blico se desploma marcando claramente sus diferencias con la marcha de la inversi¨®n p¨²blica (formaci¨®n bruta de capital fijo). El a?o 1980 pasar¨¢ a la historia financiera espa?ola como aquel ejercicio en el cual, despu¨¦s de una larga etapa del ahorro p¨²blico, ¨¦ste desaparece, registr¨¢ndose en el ejercicio actual -aunque las cifras sean a¨²n provisionales- un ahorro negativo (desahorro) en torno a los 200.000 millones de pesetas, esto es, el -1,15 del PIB.

La disminuci¨®n de las inversio

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nes p¨²blicas en capital fijo, cuando la crisis aconsejaba su elevaci¨®n, y la p¨¦rdida del ahorro p¨²blico cuando la crisis ped¨ªa su aumento, constituyen dos comportamientos claramente negativos que es necesario modificar. Agravando esta situaci¨®n aparece el d¨¦ficit p¨²blico que ha ido creciendo desde 1976 hasta situarse en el 4,5% del PIB en el a?o 1981. D¨¦ficit p¨²blico que expresa las necesidades de financiaci¨®n del sector de administraciones p¨²blicas, y que se ha debido de atender con la ayuda de otros sectores de la econom¨ªa (familias, empresas y sector exterior).

Como prueban las cifras de inversi¨®n p¨²blica, esa ayuda de otros sectores que el d¨¦ficit p¨²blico supone no se ha destinado a su elevaci¨®n. Dicho en otras palabras, el sector p¨²blico no se ha endeudado para invertir m¨¢s, sino para gastar m¨¢s en partidas corrientes. Ese aumento del gasto p¨²blico corriente total en el per¨ªodo de 1973-1980 se descompone en dos grandes r¨²bricas: los gastos de transferencia que explican un 68,5% del aumento (un 32,6% en pensiones de la Seguridad Social, un 21,7% en m¨¢s gastos de desempleo, un 10,9% m¨¢s en subvenciones de explotaci¨®n, un 3,3% en otros gastos redistributivos), mientras los gastos de consumo se han elevado en un 31,5%.

En tercer lugar, no han existido modificaciones en el proceso de decisi¨®n de gastos ni de su presupuestaci¨®n. Estas han continuado bajo la misma dependencia y consevado igual organizaci¨®n administrativa, discurriendo la elaboraci¨®n del presupuesto bajo los criterios tradicionales y vigentes en el pasado, decidi¨¦ndose la cuant¨ªa de las partidas presupuestarias por la regla de un incrementalismo elemental.

El documento presupuestario ha perdido todo valor como instrumento de disciplina y control del gasto p¨²blico y como documento de previsi¨®n de la actividad financiera. Las diferencias entre las cifras presupuestarias realizadas de d¨¦ficit p¨²blico han sido crecientes a lo largo del tiempo, demostrando la falta de soluciones administrativas y pol¨ªticas con voluntad y poder suficientes para controlar el d¨¦ficit p¨²blico.

Un cambio en estos comportamientos del sector p¨²blico es indispensable si deseamos afrontar la situaci¨®n cr¨ªtica de la econom¨ªa

Un posible programa del sector p¨²blico

Esos cambios necesarios en el sector p¨²blico para hacer sus decisiones ¨²tiles a la pol¨ªtica econ¨®mica frente a la crisis deber¨ªan ajustarse a los siguientes criterios:

1. La pol¨ªtica de los gastos e ingresos del sector p¨²blico, as¨ª como el control de su d¨¦ficit y su direcci¨®n reclaman la vigencia de un programa expl¨ªcito a plazo medio de la econom¨ªa espa?ola, dentro del cual debe integrarse el comporta miento coherente del sector p¨²blico.

2. Ese programa a plazo medio deber¨ªa partir de un acuerdo de las fuerzas sociales que permita reducir por un plazo suficiente el crecimiento de los costes reales del trabajo, con objeto de aumentar el empleo. Sobre la base de ese acuerdo -y s¨®lo contando con ella-, tendr¨ªa sentido un aumeto de las inversiones p¨²blicas. A esa elevaci¨®n de las inversiones p¨²bilcas deber¨ªan agregarse como partes del programa de actuaci¨®n a plazo medio un conjunto de medidas que act¨²en a lo largo de las l¨ªneas siguientes:

- La liberalizaci¨®n del sistema econ¨®mico, dentro del cual se incluir¨ªa la pol¨ªtica de ajustes positivos a la crisis, necesaria para reestructurar la industria, la programaci¨®n ordenada de la liberalizaci¨®n del sistema financiero y la flexibilizaci¨®n del mercado de trabajo para facilitar el empleo.

- Aquellas medidas que favo rezcan la difusi¨®n del progreso tecnol¨®gico.

- El fometito de la exportaci¨®n e internacionalizaci¨®n de la actividad econ¨®mica nacional.

3. La necesidad de dar beligerancia al gasto p¨²blico de inversi¨®n para resolver los problemas de la crisis y reconstruir las cifra del ahorro p¨²blico hacen necesario emprender una reforma de gasto p¨²blico. Esa reforma del gasto p¨²blico deber¨ªa realizarse mediante las siguientes decisiones y actuaciones:

- La inversi¨®n p¨²blica deber¨¢ responder a un programa que facilite los ajustes productivos de la econom¨ªa aumentando sustancialmente su participaci¨®n en el PIB. Debe insistirse en la necesidad de concentrar la inversi¨®n p¨²blica en aquellos proyectos que supongan mayores dotaciones p¨²blicas de bienes de capital productivo (que son los que facilitan los ajustes a la crisis), y no mayores dotaciones de capital fijo redistributivo, que redundar¨¢n en un aumento inmediato de los gastos corrientes.

- Deber¨¢n reducirse al m¨¢ximo las transferencias de capital que tienden, en muchos casos, a reponer p¨¦rdidas de empresas p¨²blicas y privadas sin futuro, lo que dudosamente puede. clasiicarse con propiedad como inversi¨®n.

- Las actuales subvenciones de explotaci¨®n deber¨ªan ser profundamente revisadas, trasladando a precios y tarifas el d¨¦ficit previsible de empresas y servicios p¨²blicos, como medida indispensable para racionalizar la utilizaci¨®n de estos recursos. Al mismo tiempo, deber¨ªa acometerse una pol¨ªtica en¨¦rgica y decidida en la reestructuraci¨®n de las empresas y servicios p¨²blicos, con el fin de reducir sus costes de funcionamiento.

- Deber¨ªan congelarse durante los pr¨®ximos cuatro a?os los niveles relativos de participaci¨®n del consumo p¨²blico en el PIB; esto es: el consumo p¨²blico no aumentar¨ªa por encima del crecimiento monetario del PIB durante los pr¨®ximos cuatro a?os. Al objeto de atender adecuadamente a la posible ampliaci¨®n de los actuales programas de gastos consuntivo o a la iniciaci¨®n de otros nuevos, cuando estuviesen plenamente justificadas la urgencia y necesidad social de esos gastos, se deber¨ªa proceder, para su autorizaci¨®n y presupuestaci¨®n oportunas, a una revisi¨®n de todos los programas de gastos actualmente vigentes en cada uno de los ¨¢mbitos en los cuales se propugnase la elevaci¨®n del gasto.

- Los ritmos de crecimiento de los gastos de transferencia deber¨ªan acompasarse a los del crecimiento de la producci¨®n. Todo ahorro que se consiguiera en estas partidas se trasvasar¨ªa al aumento de las inversiones p¨²blicas con el prop¨®sito ¨²ltimo de cambiar la renta disponible de las familias por mayores oportunidades de empleo.

4. La reforma fiscal deber¨ªa completarse lo m¨¢s r¨¢pidamente posible. No es veros¨ªmil que la presi¨®n fiscal espa?ola -la m¨¢s baja de los pa¨ªses de la OCDE- contin¨²e en el nivel en que est¨¢ situada, con un nivel de gastos p¨²blicos que supera claramente a la presi¨®n fiscal, y con un d¨¦ficit que obstaculiza el eficaz funcionamiento de la econom¨ªa. Pero no resulta aceptable que ese aumento de la presi¨®n fiscal se realice sin mejorar y reformar la imposici¨®n. Esta reforma de la imposici¨®n y la mayor recaudaci¨®n impositiva subsiguiente deber¨ªa cumplir con algunos requisitos fundamentales. Figuran entre ¨¦stos:

- La reforma de la Administraci¨®n tributaria, a la que habr¨ªa que dotar de los medios materiales y de procedimientos de actuaci¨®n que agilizasen al m¨¢ximo la recaudaci¨®n de los impuestos y la persecuci¨®n del fraude. Ser¨ªa necesaria la publicaci¨®n, por el Ministerio de Hacienda, de los informes peri¨®dicos oportunos para juzgar la marcha del proceso de reforma fiscal y la estrategia seguida para su culminaci¨®n y aplicaci¨®n generalizada de las normas tributar¨ªas.

- Las reformas en la imposici¨®n directa deber¨ªan ajustarse a dos principios b¨¢sicos:

a) Deber¨ªan combat¨ªrse las bolsas de fraude que pudieran existir en los impuestos generales de la renta de las personas F¨ªsicas y de las sociedades, con el objeto de mejorar la recaudaci¨®n sin incidir en los tipos de gravamen.

b) Ser¨ªa conveniente que las tarifas ganasen racionalidad, ampliando la longitud de sus tramos, reduciendo el n¨²mero d¨¦ los mismos y la diferencia entre los tipos de gravamen, y ajustando peri¨®dicamente los tipos exigidos con los, niveles de inflaci¨®n.

- La imposici¨®n indirecta deber¨ªa ser objeto de reforma urgente para la adopci¨®n de formas impositivas apropiadas y, m¨¢s concretamente, del impuesto sobre el valor a?adido. Los aumentos de presi¨®n fiscal obtenidos de una imposici¨®n indirecta renovada deber¨ªan destinarse bien a un aumento de la inversi¨®n p¨²blica, bien a una reducci¨®n de las cotizaciones soc¨ªales.

- La reforma en los ingresos p¨²blicos afecta tambi¨¦n a las cotizaciones sociales, que deber¨ªan ser objeto de una sustituci¨®n paulatina por el sistema de imposici¨®n indirecta reformado. Por otra parte, el actual sistema de cotizaciones sociales deber¨ªa reformarse para incorporar al mismo criterios de racionalidad propios de las figuras tributarias actuales.

5. Deber¨ªa elaborarse un aut¨¦ntico presupuesto de gastos fiscales que revise el conjunto de los alicientes concedidos, buscando su m¨¢xima racionalidad y eficacia.

6. Una correcci¨®n radical del d¨¦ficit p¨²blico no es posible en el corto lapso de tiempo de un ejercicio. La tarea urgente ser¨ªa hoy la de frenar su crecimiento situando el d¨¦ficit p¨²blico en una cuant¨ªa total del 5% del PIB durante un plazo de cuatro a?os, y tratando de mejorar, con medidas posteriores, este nivel m¨ªnimo. Ser¨ªa, sin embargo, fundamental el lograr una variaci¨®n en la direcci¨®n del d¨¦ficit en ese plazo, aumentando la participaci¨®n relativa de los gastos de inversi¨®n respecto de los gastos corrientes.

7. La financiaci¨®n correcta del d¨¦ficit plantea problemas importantes en la situaci¨®n econ¨®mica actual. La extensi¨®n de los plazos de los t¨ªtulos y la colocaci¨®n de la deuda en los mercados de capitales deber¨ªa efectuarse por aquellos procedimientos que permitan mantener en niveles reducidos los tipos de inter¨¦s, ya que el encarecimiento de ¨¦stos puede producir un efecto de expulsi¨®n Importante en la inversi¨®n privada.

8. La elaboraci¨®n del presupuesto del sector p¨²blico deber¨ªa merecer una atenci¨®n continuada y prioritaria de la pol¨ªtica econ¨®mica y una colocaci¨®n al m¨¢ximo nivel de la autoridad pol¨ªtica de las decisiones del presupuesto.

La extensi¨®n de los criterios anteriores indican hasta qu¨¦ punto el d¨¦ficit p¨²blico es un problema con ra¨ªces profundas, cuya correcci¨®n exige decisiones numerosas e inabordables a un corto plazo. Los hechos demuestran que la econom¨ªa espa?ola tiene en el d¨¦ficit p¨²blico un problema de prioritaria importancia, cuya soluci¨®n no cabe aplazar por m¨¢s tiempo para seguir registrando cada mes de septiembre d¨¦ficit nuevos y mayores. Se trata de un problema que hay que abordar dentro de un programa a plazo medio, en el que encuentren respuesta las m¨²ltiples condiciones de cuyo cumplimiento depende la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico y su racionalidad.