Rodr¨ªguez Inciarte niega que Calvo Sotelo presionara a Castedo para que dimitiera
El ministro de la Presidencia, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte, neg¨® ayer, ante la correspondiente comisi¨®n del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta socialista, que el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, ejerciera presiones sobre Fernando Castedo para lograr su dimisi¨®n como director general del Ente P¨²blico RTVE. Contestando a otras preguntas de la izquierda, consider¨® que el error de la agencia Efe sobre una noticia relacionada con el 23-F puede atribuirse a una negligencia, y que no es necesario modificar mediante una ley los vigentes criterios en materia de ayudas a la Prensa.
El diputado socialista Pedro Bofill mantuvo que las presiones ejercidas para conseguir la dimisi¨®n de Fernando Castedo suponen una violaci¨®n de las normas que presiden un sistema de convivencia democr¨¢tica y la injerencia del poder ejecutivo en el normal desarrollo de un medio de informaci¨®n regido por un estatuto aprobado por las Cortes. Ante el precedente de inseguridad jur¨ªdica que, seg¨²n el citado diputado, plantea la vulneraci¨®n de hecho de la legalidad vigente, pidi¨® al ministro de la Presidencia su posici¨®n pol¨ªtica en relaci¨®n con este tema.Rodr¨ªguez Inciarte asegur¨® que Castedo mostr¨® su deseo de dimitir del cargo de forma irrevocable, y que no hubo ninguna presi¨®n por parte del Gobierno. Bofill formul¨® una protesta formal contra el ministro por entender que no quer¨ªa contestarle a las seis preguntas concretas publicadas en el Bolet¨ªn Oficial de las Cortes Generales. Ante esta apreciaci¨®n, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte contest¨® una por una las preguntas. Pedro Bofill pidi¨® que constasen en acta las respuestas textuales ofrecidas por el ministro de la Presidencia.
En resumen, neg¨® que existieran presiones del presidente del Gobierno sobre Fernando Castedo para que presentara su dimisi¨®n, y que, en consecuencia, no pod¨ªa conocer los motivos que habr¨ªan llevado al presidente del Gobierno a exigir la dimisi¨®n de Castedo, ni pudo haber decisi¨®n ni deliberaci¨®n del Consejo de Ministros sobre esta materia. Seg¨²n dijo, las respuestas anteriores le imped¨ªan contestar afirmativamente a la pregunta socialista sobre si ten¨ªa conciencia de que se vulneraba el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n, e igualmente manifest¨®: ?Niego que haya existido violaci¨®n de la legalidad vigente por parte del poder ejecutivo?.
Pilar Brabo pide el cese de Ans¨®n
La diputada comunista Pilar Brabo formul¨® una pregunta que arrancaba de la noticia difundida por la agencia oficial Efe el 14 de octubre ¨²ltimo, seg¨²n la cual se hab¨ªa formulado un requerimiento al Gobierno espa?ol por parte de la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre determinado aspectos de procedimiento denunciados por abogados defensores de los procesados por el intento golpista del 23 de febrero Pilar Brabo record¨® que la noticia fue rotundamente desmentida por la Oficina de Informaci¨®n Diplom¨¢tica, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y pregunt¨® si piensa el Gobierno tomar alguna medida sobre una agencia estatal a la que, seg¨²n dijo, ?lo menos que se le puede exigir es que sea capaz de contrastar sus informaciones y garantizar la veracidad de las noticias que difunde?.En particular, pregunt¨® si el Gobierno tomar¨ªa alguna medida sobre el presidente de la agencia, Luis Mar¨ªa Ans¨®n, cuyo cese pidi¨®, ya que, ?estuviera en R¨ªo de Janeiro o en las Bahamas, ¨¦l es el m¨¢ximo responsable de la difusi¨®n de una noticia que pod¨ªa sospecharse que fuera falsa?.
El ministro de la Presidencia se?al¨® que existi¨® una confusi¨®n en la redacci¨®n de la noticia, pero que no se trataba de un error deliberado, ya que la imprecisi¨®n pod¨ªa atribuirse a las fuentes que proporcionaron la informaci¨®n, es decir, ?los abogados del 23-F?. Pilar Brabo insisti¨® en que en todo caso se hab¨ªa producido una manipulaci¨®n, al transmitir la agencia estatal noticias no comprobadas en un tema que pod¨ªa favorecer a los implicados en la intentona golpista.
La socialista catalana Ana Balletb¨® pidi¨® explicaciones sobre los gastos de la Secretar¨ªa de Estado para la Informaci¨®n y las ayudas a la Prensa, especialmente las derivadas de la reconversi¨®n tecnol¨®gica. Se?al¨® que si la Prensa ha de reestructurarse, no debe hacerlo de forma vergonzante, sino mediante el cumplimiento de los requisitos que se establezcan en una ley sustantiva. Pidi¨® al ministro de la Presidencia que se comprometiera a remitir el proyecto de ley a las Cortes.
Rodr¨ªguez Inciarte asegur¨® que nadie pide favores ni nadie condiciona las ayudas, sino que ¨¦stas se ajustan a la transparencia, mediante los requisitos exigidos por una orden ministerial de 30-6-1981, con arreglo a la cual se resolver¨¢n los 135 expedientes que existen para 1981, por importe superior a los 5.800 millones de pesetas, cuando no llega a mil millones la cantidad presupuestada. Estim¨® que no es preciso modificar los criterios contenidos en la orden ministerial.
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