El Gobierno afirma que quiere cumplir los acuerdos con el PSOE sin enfrentarse con los partidos nacionalistas

El Gobierno ha desmentido, categ¨®ricamente que por su parte exista cualquier ¨¢nimo de incumplimiento de los pactos auton¨®micos y ha atribu¨ªdo las acusaciones socialistas a planteamientos electoralistas de cara a los pr¨®ximos comicios andaluces. El ministro de Administraci¨®n Territorial, Rafael Arias-Salgado, afirm¨® que no existen arreglos financieros entre el Gobierno y Catalu?a, seg¨²n le hab¨ªa asegurado el ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos, quien as¨ª lo ratific¨® personalmente a EL PAIS

.No obstante, puntualiz¨® que la ley de participaci¨®n de Catalu?a en los ingresos del Estado para 1982 ha de ser una ley pactada, seg¨²n el Estatuto de Sau, por lo que su departamento est¨¢ negociando con la Generalidad para "adelantar trabajo".

Garc¨ªa A?overos manifest¨® que es obligado negociar con la Generalidad, por lo que nadie debe escandalizarse por sus conversaciones con el consejero de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalidad, Ram¨®n Tr¨ªas Fargas, como con las que mantiene y habr¨¢ de mantener con otros responsables financieros de los diferentes Gobiernos auton¨®micos. El ministro de Hacienda neg¨® que se haya establecido un acuerdo seg¨²n el cual los recursos disponibles por parte de la Generalidad ascender¨ªan a m¨¢s de 126.000 millones de pesetas. Garc¨ªa Aftoveros se?al¨® que s¨®lo se han realizado estimaciones y que no habr¨¢ cifra definitiva hasta que no se cierren las negociaciones.

La cifra de 126.129 millones de pesetas que figura en el informe socialista sobre los incumplimientos gubernamentales de los pactos auton¨®micos, se vincula a un supuesto acuerdo entre el ministro de Hacienda y el consejero de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalidad, y estar¨ªa formada por las siguientes partidas: financiaci¨®n b¨¢sica del coste efectivo de los servicios transferidos a la Generalidad hasta el 30 de junio de 1981, 89.137 millones de pesetas; transferencias de los cap¨ªtulos cuarto y s¨¦ptimo de los Presupuestos Generales del Estado, 23.344 millones, y recursos del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, 13.648 m¨ªllones,de pesetass.

La opini¨®n socialista es que tales cifras son razonables y s¨®lo sometidas, seg¨²n dicen, a los m¨¢rgenes de error presupuestario. La cr¨ªtica socialista se centra en el procedimiento utilizado para llegar a tales magnitudes. El informe de la secretar¨ªa de pol¨ªtica financiera del Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE), afirma que Convergencia i Uni¨® (CiU) no acepta la metodolog¨ªa com¨²n prevista en los pactos auton¨®micos para la determinaci¨®n del coste efectivo de los servicios transferidos a las Comunidades Aut¨®nomas.

Los socialistas estiman que, CiU trata de buscar, a trav¨¦s de negociaciones directas con el Gobierno y por otros medios, un mecanismo de financiaci¨®n espec¨ªfica al margen de la ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), a la que se intentar¨ªa bordear mediante la conexi¨®n directa con el Estatuto y el establecimiento de una norma que los socialistas denominan caricaturescamente ley de financiaci¨®n de la Generalidad de Catalu?a, no prevista en la Constituci¨®n ni en la LOFCA ni en el propio Estatuto de Sau.

La acusaci¨®n fundamental de los socialistas en este punto sobre el incumplimiento gubernamental de los pactos auton¨®micos insiste en la utilizaci¨®n del mecanismo de negociaci¨®n directa, Gobierno-Generalidad, que deja a un lado la metodolog¨ªa com¨²n para el c¨¢lculo del coste de los servicios transferidos, prevista en los pactos y pendiente de elaboraci¨®n y aprobaci¨®n por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda rechaz¨® tales acusaciones cuando afirm¨® a EL PAIS que en la obligada negociaci¨®n con la Generalidad, las valoraciones de los costes de los servicios transferidos se est¨¢n efectuando mediante la aplicaci¨®n de los criterios de la metodologia com¨²n.

La opini¨®n de los socialistas es que el prop¨®sito de los pactos auton¨®micos de lograr que la determinaci¨®n del coste de los servicios transferidos sea aut¨¦nticamente homog¨¦neo para todas las comunidades aut¨®nomas s¨®lo se lograr¨¢ cuando la metodolog¨ªa com¨²n prevista se encuentre aprobada. Seg¨²n los c¨¢lculos del ministro de Hacienda, podr¨¢ estarlo en la primera quincena del pr¨®ximo febrero. El ¨²ltimo borrador elaborado, que consta de cien folios, se ajusta, seg¨²n el PSOE, al informe Garc¨ªa de Enterr¨ªa y a los acuerdos auton¨®micos y podr¨ªa convertirse en norma efectiva en pocas semanas "si hubiera inter¨¦s en ello". En todo caso, se prev¨¦ cierta oposici¨®n en la Administraci¨®n central a la cancelaci¨®n de los cr¨¦ditos equivalentes del Presupuesto del Estado y a la desaparici¨®n de las unidades org¨¢nicas y las plantillas de personal correspondientes.

Otra de las acusaciones socialistas sobre el incumplimiento de los pactos se refiere a la paralizaci¨®n de la negociaci¨®n con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) sobre la ley del Cupo para el periodo 1982-86, que el PSOE atribuye al deseo gubernamental de no fomentar un nuevo frente de tensi¨®n y a la incapacidad de un Gobierno monocolor para enfrentarse con este espinoso tema.

El ministro de Administraci¨®n Territorial se?al¨® que hasta tanto se alcanza un acuerdo, en los Presupuestos Generales del Estado para el a?o actual se han asignado 77.000 millones de pesetas al Pa¨ªs Vasco, frente a los 120.000 millones solicitados. El ministro de Hacienda destac¨®, por su parte, la paradoja de las cr¨ªticas socialistas, "tanto si negocio con los catalanes aplicando la metodolog¨ªa antes de que se haya aprobado como si no negocio con los vascos antes de que la metodolog¨ªa com¨²n est¨¦ aprobada, en cuyo caso me acusan de paralizar la ley del cupo".

El Gobierno entiende que las cr¨ªticas socialistas carecen en general de fundamento y tienen un alcance esencialmente electoral, como preparaci¨®n a los pr¨®ximos comicios al, Parlamento andaluz, mediante la presentaci¨®n de una UCD cuyo Gobierno dilapida los caudales del Estado con un trato de privilegio para las comunidades aut¨®nomas controladas por los nacionalistas. El Ministerio de Administraci¨®n Territorial prepara un estudio sobre las inversiones realizadas en Andaluc¨ªa, que seg¨²n una estimaci¨®n previa ofrece "cifras impresionantes".

Nadie acepta haber incumplido los pactos

Las conversaciones que se inician el mi¨¦rcoles entre los representantes gubernamentales y socialistas pueden ser ¨²tiles para el esclarecimiento definitivo del grado de cumplimiento de los pactos auton¨®micos. Por el momento, unos y otros niegan cualquier clase de incumplimiento, tanto por lo que se refiere a los acuerdos pol¨ªtico-administrativos como a los econ¨®mico-financieros.

A la vista del documento gubernamental, fuentes socialistas han se?alado que no puede considerarse cumplido, por ejemplo, como hace el Gobierno, el acuerdo sobre el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, ya que, seg¨²n consta al PSOE, Contar¨¢ con fuertes resistencias en el Senado, no s¨®lo por los grupos nacionalistas, sino tambi¨¦n por parte de algunos senadores centristas. El portavoz de UCD en la C¨¢mara alta, Luis Miguel Enciso, se?al¨® a este respecto a EL PAIS que "no va a llegar la sangre al r¨ªo, ya que, aunque existen algunas diferencias con el proyecto, estamos por los pactos auton¨®micos y trataremos de contribuir a que se cumplan".

En cuanto a la ley reguladora de la cesi¨®n de tributos a las comunidades aut¨®nomas, el Gobierno afirma que ha sido rernitido a las Cortes el proyecto de ley, que "se inspira" en la ley que regula la cesi¨®n de tributos a la Generalidad. Los socialistas entienden que este es un caso apropiado para equiparar "por arriba" a todas las autonom¨ªas, y en consecuencia piden que la futura ley sea "id¨¦ntica" a la catalana, en cumplimiento de la igualdad proclamada en los pactos.

Al ser preguntado por EL PAIS sobre este extremo, el ministro de Hacienda asegur¨® que la ley g9neral ser¨¢ "igual" a la espec¨ªfica para Catalu?a, "menos,en lo relativo a la recaudaci¨®n", que en esta se establece en favor de la Generalidad, mientras que en la ley general se atribuir¨¢ a las diputaciones. "El ¨²nico alcance de esta norma es la tenencia de fondos disponibles", se?al¨® Garc¨ªa A?overos.