Maniobras para modificar desde fuera del Parlamento el proyecto de ley org¨¢nica del Tribunal de Cuentas

La ley org¨¢nica del Tribunal de Cuentas, prevista por la Constituci¨®n, puede volver a demorarse -pese a estar ya dictaminado el anteproyecto por la Comisi¨®n Constitucional del Congreso- como consecuencia de las pugnas de poder entre distintos cuerpos de la Administraci¨®n y la resistencia de algunos cargos vitalicios del franquismo a abandonar la citada instituci¨®n. El Tribunal de Cuentas, a quien la Constituci¨®n atribuye el control externo del gasto p¨²blico, se encuentra desde hace meses semiparalizado (de los diez ministros que lo integran, hay cinco vacantes por fallecimiento que no, pueden, ser cubiertas) e imposibilitado para celebrar salas por falta de qu¨®rum.

"Casi cinco a?os despu¨¦s de las primeras elecciones libres, continuamos en Espa?a con el mismo descontrol del gasto p¨²blico que en tiempos de la dictadura", afirma el diputado socialista N¨¦stor Padr¨®n, que no duda en calificar la situaci¨®n de "aut¨¦ntica tomadura de pelo".Los Pactos de la Moncloa, suscritos a finales de 1977 por los partidos mayoritarios, contemplaban un compromiso de reforma provisional del Tribunal de Cuentas para que se pudieran cubrir las vacantes y se ejerciera el control externo del gasto hasta su regulaci¨®n democr¨¢tica definitiva. No obstante, este compromiso no se cumpli¨®, y la Constituci¨®n (aprobada a finales de 1978) fij¨® que el Tribunal de Cuentas deb¨ªa regirse por una ley de car¨¢cter org¨¢nico. En octubre de 1979, el Gobierno aprob¨® un proyecto de ley para el Tribunal de Cuentas que tard¨® cuatro meses (febrero de 1980) en entrar en las Cortes. El per¨ªodo de enmiendas transcurri¨® de marzo a abril de ese a?o, pero la ponencia que deb¨ªa estudiar el proyecto no se reuni¨® hasta finales de ese a?o. A mediados de diciembre de 1981, tres a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, la comisi¨®n correspondiente del Congreso dictaminaba el proyecto de ley, y su presidente, el centrista Emilio Attard, anunciaba que el proyecto se incluir¨ªa en el orden del d¨ªa del primer Pleno del Congreso de 1982. Este Pleno est¨¢ previsto para el pr¨®ximo d¨ªa 9, pero hasta el momento el texto del dictamen de la comisi¨®n no ha sido publicado en el Bolet¨ªn de las Cortes.

El borrador del proyecto de ley org¨¢nica del Tribunal de Cuentas fue encargado a una comisi¨®n en la que personas vinculadas al Ministerio de Hacienda, departamento responsable en ¨²ltima instancia del gasto p¨²blico, eran mayor¨ªa.

La citada comisi¨®n estaba compuesta por Jos¨¦ Luis G¨®mez Degano, director general de lo Contencioso del Estado; Augusto Guti¨¦rrez Robles, antiguo Interventor General del Estado; C¨¦sar Albi?ana, director del Instituto de Estudios Fiscales, y Rafael Mendiz¨¢bal Allende, presidente de la Audiencia Nacional.

Pugna de intereses

El texto remitido por el Gobierno al Congreso, al configurar la composici¨®n del Tribunal de Cuentas, reservaba un tercio de sus miembros para quienes llevaran quince a?os de servicio en determinados cuerpos de la Administraci¨®n (catedr¨¢ticos de Derecho Administrativo, interventores, abogados del Estado, economistas y t¨¦cnicos de administraci¨®n comercial, inspectores financieros y tributarios, e inspectores de seguros).La Comisi¨®n Constitucional del Congreso, en su dictamen, cambia la redacci¨®n del tercio mencionado por la siguiente: "la tercera parte restante" ser¨¢ designada "entre funcionarios con m¨¢s de quince a?os de servicios efectivos, con titulaci¨®n adecuada para el desempe?o de sus funciones".

Hay una pugna subterr¨¢nea entre miembros del Cuerpo de Censores Jurados e integrantes de distintos cuerpos de Hacienda. Los recelos son especialmente graves con los interventores, y van desde el posible desembarco de numerosos miembros de este cuerpo en el Tribunal de Cuentas a los celos de competencias entre el control interno del gasto p¨²blico (Intervenci¨®n General del Estado) y el control externo del mismo (Tribunal de Cuentas).

Funcionarios del Tribunal de Cuentas piensan que la Intervenci¨®n General del Estado, en todo este per¨ªodo, ha tratado de asumir -al margen de la independencia entre uno y otro ¨®rgano de control- mayores funciones y competencias, "hasta el punto de que el propio interventor general, Ignacio Monta?o, ha pretendido independizar del Ministerio de Hacienda, convirti¨¦ndola en Secretar¨ªa de Estado, a la Intervenci¨®n General del Estado".

En este sentido, acusan a la Intervenci¨®n del Estado de incumplir la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, debido en parte al exceso de atribuciones que este texto le otorga. En este sentido, muestran un escrito de la Intervenci¨®n General del Estado, en respuesta al requerimiento del Tribunal de Cuentas para que remitiera al mismo "los informes de control financiero, control de eficacia y auditoria" relativos al organismo aut¨®nomo Instituto de Cr¨¦dito Oficial.

En el escrito se dice que no ha sido posible realizar el control "en razon a la insuficiente dotaci¨®n de medios personales para el ejercicio de las funciones de control que tiene atribuidas".

Algunos de los actuales ministros del Tribunal de Cuentas, por otra parte, no se encuentran nada conformes con el proyecto de ley org¨¢nica enviado por el Gobierno a las Cortes. Descontento que ha llevado al actual presidente, que contin¨²a en su puesto desde la ¨¦poca de Franco, a editar por sus propios medios un libro titulado "El Tribunal de Cuentas de Espa?a en el proceso de su ley org¨¢nica. Sugerencias sobre el particular". El presidente del tribunal, Servando Fern¨¢ndez-Victorio, que ha concluido este documento en octubre del pasado a?o, afirma en el pre¨¢mbulo del mismo que el proyecto de ley org¨¢nica "vamos a tomarlo como armaz¨®n para que, art¨ªculo por art¨ªculo, a trav¨¦s de informales enmiendas, se?alemos nuestro criterio, sin m¨¢s base ni apoyo que los del deber de nuestra conciencia, por el mucho tiempo que dentro del marco de nuestra vida hemos dedicado al Tribunal de Cuentas". Para a?adir a continuaci¨®n: "Puede que se nos diga que nadie ha solicitado este criterio, pero ?qu¨¦ importa! Nosotros lo ofrecemos con verdadero desinter¨¦s".

Al t¨¦rmino de 160 p¨¢ginas, en las que enmienda informalmente el articulado, Servando Fern¨¢ndez-Victorio concluye: "Mi opini¨®n sincera no puede ser m¨¢s desfavorable, disintiendo de ¨¦l desde mi primer art¨ªculo y, por tanto, de todo lo que sobre ¨¦l se ha construido como sistema org¨¢nico consecuente. El presidente vitalicio (hasta que salga la ley org¨¢nica) no s¨®lo ha enviado esta cr¨ªtica de sinteresada a los diputados, sino que hace unos d¨ªas (el lunes, 11 de enero, a las 10,30 de la ma?ana, en la sala de visitas lindante con su despacho en el Tribunal) convoc¨® a siete censores para que "formemos grupos de trabajo y logremos en el Senado, donde yo tengo buena relaci¨®n con algunos senadores, enmendar el proyecto de ley org¨¢nica".

Reuniones Intervenci¨®n Tribunal de Cuentas

Los recelos de los funcionarios del Tribunal de Cuentas ante estos hechos, unidos a la demora en la tramitaci¨®n de la ley, han crecido estos d¨ªas al trascender un almuerzo entre el interventor general del Estado, Ignacio Monta?o, y el presidente del tribunal, Servando Fern¨¢ndez-Victorio, que fue seguido dos d¨ªas despu¨¦s por una reuni¨®n conjunta de los mismos, acompa?ados por cinco t¨¦cnicos de cada instituci¨®n. En estas reuniones creen ver una alianza para cambiar sustancialmente el proyecto de ley o paralizar su tramitaci¨®n.No obstante, Ignacio Monta?o, consultado por este diario, ha manifestado que tales reuaiones son meramente t¨¦cnicas y con la exclusiva finalidad de coordinar y agilizar, como ocurre en otros pa¨ªses europeos, las actuaciones del control interno y las del control externo. "Estas reuniones las celebramos con el conocimiento de mi ministro, y desde luego no vamos a tratar en ellas, aun en la hip¨®tesis de que nos llegaran a plantear, modificaciones al proyecto de ley org¨¢nica del Tribunal de Cuentas", concluy¨® el interventor general del Estado.