Querella de Rumasa por presuntas estafas en el Banco de Descuento

Los ex administradores del Banco de Descuento, propiedad desde el pasado 18 de noviembre del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, tendr¨¢n que hacer frente a otra querella penal por presunta estafa, en este caso planteada por el grupo Rumasa. Algunos de ellos, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, ya han prestado declaraci¨®n ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5, casi coincidiendo con las citaciones que atendieron el pasado viernes en el Juzgado n¨²mero 8, tras la denuncia sobre supuestos delitos de apropiaci¨®n indebida y m¨²ltiples falsedades presentada por sus sustitutos en el banco.La querella de Rumasa es consecuencia de un complicado litigio jur¨ªdico del grupo de Ruiz Mateos y tales ex administradores, con rec¨ªprocas reclamaciones que todav¨ªa no han sido objeto de sentencias. Se?ala, en s¨ªntesis, que se le ha hecho litigar con una sociedad insolvente (Castellana 13, domicilio de la sede central del banco). Su argumento principal es que la solvencia de Castellana 13 depende de los bienes que le quiera pasar el banco, debido a que sus accionistas (los ex administradores del Banco de Descuento) casi no aportaron capital privado para adquirir sus t¨ªtulos, sino en su mayor¨ªa dinero procedente del banco.

En este punto, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas, la denuncia de Rumasa enlaza parcialmente con la presentada por los responsables del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos en nombre del Banco de Descuento. Ello se debe a que, al parecer, varios ex administradores del banco y accionistas de Castellana 13 compraron sus t¨ªtulos con dinero recibido del banco, aunque en las operaciones interpusieron otros nombres de personas y empresas, objeto parcial de la querella del Fondo.

Como algunos de ellos carecen de fortuna personal y no les fueron bien los negocios (en opini¨®n de medios financieros, todos excepto el propietario de los laboratorios Federico Bonet), tuvieron que renovar los cr¨¦ditos a plazos muy largos, antes de ceder la administraci¨®n del banco al Fondo. Fuentes de los actuales administradores, empleados del Fondo, han se?alado que no tienen informaci¨®n de la querella de Rumasa, aunque rechazaron considerarla como condicionante principal de la suya.

La historia del litigio entre Rumasa y los ex administradores del banco se remonta a febrero de 1975, casi dos a?os de nacer la entidad, al amparo de la legislaci¨®n dictada desde el Ministerio de Hacienda por Monreal Luque. Por aquellas fechas, el grupo de Ruiz Mateos, ¨¢vido de nuevas marcas de bancos para explotarlas y apoyar sus crecientes negocios, compr¨® a varios consejeros del Descuento y a un grupo de gallegos ajenos a la gerencia un 28% de las acciones de la entidad, por un total de 1.164 millones de pesetas, seg¨²n los datos incluidos en posteriores denuncias.

Aqu¨ª hab¨ªa ya una fuente de problemas posteriores. La legislaci¨®n bancaria de enero de 1972 prohib¨ªa la transmisi¨®n de t¨ªtulos de los nuevos bancos durante los dos primeros arios, per¨ªodo luego ampliado a cinco con la reforma de agosto de 1974.

El caso es que, ocho meses despu¨¦s de tales compras de acciones, el entonces presidente del Banco -de Descuento, Jaime Camu?as, hermano del ex ministro y diputado de UCD, lleg¨® a un acuerdo de recompra a Rumasa por 3.356 millones de pesetas (unos 2.200 millones m¨¢s que el precio pagado por el holding de la abeja). El paquete fue adquirido ya por el grupo Castellana 13, que deb¨ªa pagar 500 millones de pesetas en aquel momento y el resto en letras avaladas por el banco y espaciadas en el tiempo, la ¨²ltima con vencimiento a 9 de octubre de 1979.

Castellana 13

Castellana 13 hab¨ªa surgido como filial del Banco. Y el Banco de Espa?a, siempre seg¨²n las citadas fuentes jur¨ªdicas, dice que el grupo debe privatizarse. Como las acciones en su poder ten¨ªan entonces un valor de 1.800 millones de pesetas, la autoridad monetaria sugiere que Castellana 13 debe recibir aportaciones privadas por esa cifra. Inmediatemente, casi todos los miembros del consejo de administraci¨®n del Descuento pasan a ser accionistas de Castellana 13. Gran parte del dinero de sus aportaciones proced¨ªa del banco.En este contexto, Jaime Camu?as fue cesado en agosto de 1977, con cr¨ªticas de "excesivamente personalista". Casi dos -a?os despu¨¦s, el nuevo presidente, Diego Prado y Col¨®n de Carvajal, y sus colaboradores en el consejo (Angel Peradejordi, Enrique Garc¨ªa Ramal y L¨®pez de Haro, Jorge L¨®pez D¨®riga y otra decena de consejeros no implicados en la querella -entre ellos, Luis Mar¨ªa Ans¨®n Oliart, quien dej¨® el cargo hace un a?o-), esgrimieron una cl¨¢usula del contrato con Rumasa: en el ¨²ltimo semestre de 1979 el grupo de Ruiz Mateos podr¨ªa ser obligado a recomprar el paquete y a pagarlo en tres anualidades.

Rumasa contest¨® que la cl¨¢usula estaba condicionada al pago total del precio pactado. Y como no hab¨ªa cobrado todo, ejecut¨® a trav¨¦s de sus bancos las letras del ¨²ltimo vencimiento, hasta reunir diecisiete demandas judiciales. Unas fueron desestimadas por los tribunales y otras ejecutadas, dando lugar a embargos, que fueron recurridos por los afectados, previo dep¨®sito.

Por las mismas fechas, junio de 1980, los responsables de Castellana 13 y del Banco de Descuento alegaron la presunta ilegalidad de la primera compra de Rumasa (por la mencionada prohibici¨®n legal). Y demandaron judicialmente al grupo por presunto enriquecimiento injusto, reclam¨¢ndole 2.706 millones de principal, m¨¢s los intereses. Ante el eco de la pol¨¦mica jur¨ªdica en la Prensa, las dos partes se sentaron a negociar, invitados por el presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes, quien se mostr¨® preocupado por los efectos del caso en la imagen del sistema bancario.