Un contrato fraudulento de Fidecaya pudo ser escrito en la Direcci¨®n General de Seguros

Los abogados de los dos implicados en la querella del fiscal por presuntos delitos de estafa en Fidecaya tratan de demostrar que el director general de Seguros, Luis Angulo, conoc¨ªa y dio su aprobaci¨®n a dos de las tres operaciones investigadas por el juez, como prueba de la ausencia de indicios de criminalidad. En opini¨®n de medios jur¨ªdicos, el expediente penal, en el que se reclaman responsabilidades pecuniarias por m¨¢s de 45.000 millones de pesetas, se encuentra con grandes interrogantes, y quiz¨¢ no incluye directamente otras posibles irregularidades. Pero incluso los defensores no descartan que termine con auto de procesamiento para los dos ¨²ltimos propietarios de la entidad de ahorro particular.

Mientras se espera que el jueves pr¨®ximo y el de la semana siguiente contin¨²en las declaraciones de testigos, en dichos medios jur¨ªdicos se comenta que la confirmaci¨®n de la venta de los restos de Fidecaya a Rumasa, esperada para finales de la presente semana, podr¨ªa rebajar la apreciaci¨®n de da?o a los ahorradores que exige toda estafa. Como se sabe, la operaci¨®n Rumasa se iniciar¨ªa con la devoluci¨®n inmediata de ahorros a los dos centenares de miles de cedulistas que faltan, quienes terminar¨¢n por cobrar todo su dinero, al igual que el Tesoro P¨²blico, aunque este ¨²ltimo con un plazo much¨ªsimo m¨¢s amplio (entre diez y veinte a?os).

Las noticias recogidas por este peri¨®dico se?alan que, aproximadamente desde hace un a?o, el Gobierno ten¨ªa conocimiento de la dificil situaci¨®n de Fidecaya, La empresa enfrent¨® al Ejecutivo ante la alternativa de disolverla (con el coste pol¨ªtico que supondr¨ªa el hecho entre casi medio mill¨®n de ahorradores) o prestar ayuda institucional a un empresario no muy conocido y cuya solvencia pod¨ªa suscitar dudas, pero dispuesto a aportar bienes por m¨¢s de 6.000 millones. Esta ayuda fue posteriormente denegada.

El intento de los defensores de Miguel Soriano Carrasco y Edmundo Alfaro Vill¨¦n, los abogados Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa y Julio Ferrer, respectivamente -el ¨²ltimo acaba de sustituir a Santiago Segura, letrado de dos implicados en el 23-F-, fue extremado el pasado viernes, con motivo de la testificaci¨®n de Luis Angulo. Ante las preguntas de ambos abogados, el director general dijo que la venta de Fidecaya de Soriano a Alfaro fue firmada en la Direcci¨®n General, neg¨® que conociera en aquellos momentos la venta de Gr¨¢ficas Cosol (fue una de las compensaciones por Fidecaya e iba a pagarse con dinero de ¨¦sta), y admiti¨® la posibilidad de que el contrato fuera escrito en su secretar¨ªa. Los letrados mantienen que fue escrito en la m¨¢quina de su despacho.

Varios testigos

Seg¨²n las noticias parciales recogidas sobre las dos horas largas de testificaci¨®n de Angulo, estuvieron presentes tambi¨¦n juez, fiscal, mecan¨®grafa y los dos abogados. El director general respondi¨® primero a las preguntas sobre. los tres hechos investigados: la compra de Fidecaya con cr¨¦ditos de la propia empresa, pagados luego con una finca supervalorada (unos 2.000 millones de pesetas, frente a los cuatrocientos estimados despu¨¦s por auditor¨ªa); la ampliaci¨®n de capital de Fidecaya con bienes cifrados en mil millones y luego valorados en 189, y el paso de Gr¨¢ficas Cosol a Alfaro, que iba a pagar Fidecaya en 850 millones (el precio de la empresa era negativo). Al parecer, el testigo repiti¨® datos enviados en los tres expedientes, los dos primeros por su direcci¨®n y el tercero (contrato de Cosol) por los liquidadores que nombr¨® el Gobierno en septiembre.

Tras su exposici¨®n, que iba dictando a la mecan¨®grafa por sugerencia del juez, Luis Angulo respondi¨® a una pregunta de cada uno de los presentes. A Stampa (abogado de Soriano) le reconoci¨® que el entonces propietario de Fidecaya ten¨ªa derecho, por el art¨ªculo 32 de la ley de Sociedades An¨®nimas, a hacer su valoraci¨®n y a retirar los bienes cuando la de la otra parte o la de un ¨¢rbitro sean inferiores.

El fiscal pregunt¨® si la Administraci¨®n sugiri¨® o impuso la venta de Cosol. Angulo, abogado durante quince a?os y profesor de derecho mercantil en Granada, contest¨® que ni esa operaci¨®n ni otras. A?adi¨® que aquel contrato no se firm¨® en su presencia y lo desconoc¨ªa, raz¨®n por la cual no fue unido a los expedientes que elev¨® al fiscal.

Seg¨²n el director general, Soriano, requerido tras una inspecci¨®n a que disolviera Fidecaya o ampliara capital en mil millones de pesetas para recomponer su equilibrio patrimonial, le hab¨ªa hablado varias veces de posibles colaboradores en la ampliaci¨®n. Despu¨¦s le habl¨® de eventuales compradores de Fidecaya (entre ellos el Banco de Bilbao y Rumasa), el ¨²ltimo de los cuales fue Alfaro, presidente de Cemesa y otras empresas, quien en alguno de sus escritos de presentaci¨®n y proposici¨®n de planes de saneamiento dec¨ªa tener apoyo del grupo holand¨¦s Hilders Almathon, su financiador de Cemesa en la construcci¨®n de Puerto Pr¨ªncipe, en Benalm¨¢dena.

Conocimiento previo del Gobierno

El d¨ªa de laventa de Fidecaya a Alfaro, 27 de junio, se presentaron en la Direcci¨®n General de Seguros, Soriano, su asesor jur¨ªdico y tasador de fincas, Alfaro y uno de los colaboradores de ¨¦ste. Ya en el despacho del director general, introdujeron algunas modificaciones; en el contrato.

Seg¨²n el director general, en la redacci¨®n del contrato de Fidecaya, realizado totalmente en el marco de la iniciativa privada, hubo dos cautelas principales: impedir que Soriano cayera en quiebra, porque ¨¦sta podr¨ªa retrotraerse y anular la venta, y cumplir la aspiraci¨®n expresada por el comprador de quedarse con casi el 100% de las acciones. Unos cuidados llevaron a introducir entre las obligaciones del grupo comprador la de cancelar deudas de Soriano y eximirle de cualquier responsabilidad en Fidecaya. Otros, a introducir una condici¨®n suspensiva: si el contrato no era aceptado por el Banco de Promoci¨®n de Negocios (los interventores nombrados por el Banco de Espa?a en dicha entidad, que Soriano quiso fusionar con Fidecaya, le hab¨ªan embargado las acciones) en el plazo m¨¢ximo de diez d¨ªas, quedar¨ªa resuelto. Los de Promobanc se declararon incompetentes, aunque aceptaron aportaciones de Alfaro para levantar el embargo y la compra de las acciones de Promobanc en Fidecaya.

El contrato de venta de Fidecaya, cinco f¨®lios conocidos en fotocopia por este peri¨®dico, no hace alusi¨®n alguna al de Cosol. Sin embargo, ¨¦ste, de cuatro f¨®lios con el mismo tipo de letra, dice al final: "Queda sometido a la condici¨®n suspensiva de que se lleva a cabo la transmisi¨®n del 71,010% de acciones de Fidecaya". Y fue formalizado el 8 de mayo ante agente de cambio y Bolsa, pasando la enipresa a Fidecaya, que compraba as¨ª las acciones de Cosol por 850 millones de pesetas. El tipo de cambio de las acciones fue 21.250%, cuando meses antes lo hab¨ªa valorado el propio Soriano al 87%, a pesar de que Gr¨¢ficas Cosol acumul¨® p¨¦rdidas por m¨¢s de cien millones en los tres ¨²ltimos anos y ten¨ªa expediente de regulaci¨®n para sus cien trabajadores.

Al parecer, los defensores de los dos implicados insistieron en indagar por qu¨¦ coinciden las letras de los dos citados contratos, entre ellas y con otros escritos realizados por el propio director general, que tiene una m¨¢quina el¨¦ctrica IBM en su despacho. Este dijo, ya fuera de la testificaci¨®n, seg¨²n la versi¨®n contrastada por EL PAIS, que habr¨ªan sido escritos con la misma bola (los tipos de estas m¨¢quinas est¨¢n impresos en una bola de f¨¢cil intercambio), quiz¨¢ en su secretar¨ªa, pero no en su despacho ni en su presencia.

Algunos medios jur¨ªdicos consultados no entienden por qu¨¦ el fiscal archiv¨® el expediente que recibi¨® en el verano de 1980. En su opini¨®n, puede haber otras irregularidades, como la actuaci¨®n de quienes otorgaron desde Fidecaya los cr¨¦ditos a Soriano y luego le vendieron por dicho dinero, en diciembre de 1978, el 99,5% de las acciones.