La falta de acuerdo obliga al Gobierno a modificar por su cuenta el sistema de coberturas sociales

?Por qu¨¦ no hubo acuerdo para la reforma de la Seguridad Social (SS)? El bombardeo de acusaciones durante la semana que hoy termina oscurece cualquier respuesta. Desde su reci¨¦n escaldada posici¨®n de asistente a las reuniones de las partes, el profesor Fuentes Quintana se ha referido a la confrontaci¨®n de ideolog¨ªas y a la proximidad de las elecciones generales. Sea por lo que sea, el mes y medio de negociaciones dentro de la comisi¨®n surgida del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) ha revelado que la falta de voluntad fue precisamente m¨¢s notoria en quien m¨¢s se la neg¨® a los otros y quien m¨¢s ha urgido la reforma: la patronal CEOE. El Gobierno estaba ya comprometido a actuar.

La cl¨¢usula introducida por la insistencia de la CEOE en el ANE indica que las partes coincidieron "en la necesidad de proceder a un examen de conjunto del actual sistema de la SS, orientado a su mejora y racionalizaci¨®n". El Gobierno agot¨® los seis meses de plazo para presentar su papel, al que deb¨ªan de incorporarse antes del 31 de enero los acuerdos o desacuerdos de sindicatos y patronal, con el fin de ser "tenidas en cuenta por ¨¦ste en los proyectos legislativos". Pero el proyecto gubernamental no pareci¨® gustar a nadie.En principio, el profesor Fuentes Quintana, que presid¨ªa la comisi¨®n tripartita, logr¨® un pacto de silencio sobre los trabajos. Los sindicatos no lo respetaron y denunciaron la identidad de las posiciones del Gobierno con las de la CEOE.

En efecto, la Administraci¨®n propon¨ªa medidas de "mejora y racionalizaci¨®n", pero tambi¨¦n un nuevo esquema de SS, la reserva del tercer nivel o complementario libre para el sector privado (no obstaculizaba la mayor presencia privada en los otros dos) y una serie de objetivos de la reforma profunda: equilibrio econ¨®mico, favorecer las pol¨ªticas de empleo y comercio internacional, con reducci¨®n de cotizaciones empresariales, armonizar e igualar prestaciones, integrar reg¨ªmenes especiales, uniformizando bases de cotizaci¨®n y sistemas de c¨¢lculo de prestaciones, simplicidad y eficacia de la organizaci¨®n institucional, combinar la mejora de la asistencia sanitaria con la correcci¨®n del fraude y del absentismo e iniciar gradualmente la universalizaci¨®n por la asistencia sanitaria.

En s¨ªntesis, propugnaba la reducci¨®n de gastos y selecci¨®n de prestaciones para reforzar otras medidas de ahorro. Ello, junto al paso total al Estado de la financiaci¨®n de la asistencia sanitaria y servicios sociales, dar¨ªa lugar a la reducci¨®n de cotizaciones "cuando el aumento de los ingresos fiscales lo permita (IVA, etc¨¦tera)".

En los primeros debates dentro de la comisi¨®n, los representantes de la CEOE hab¨ªan intervenido poco. Mientras, los sindicatos trataban de distinguir entre las medidas de reforma y las de mejora y racionalizaci¨®n apuntadas por el ANE, para estudiar con m¨¢s cuidado y tiempo las primeras, cuya determinaci¨®n ha llevado a?os en otros pa¨ªses europeos. Tres semanas antes del 31 de enero, la CEOE decidi¨® cambiar de t¨¢ctica y decir que tampoco a ellos les gustaban las propuestas del Gobierno, sobre todo por inconcretas y ambiguas.

A partir de entonces, la patronal denunci¨® falta de voluntad de reforma de Gobierno y sindicatos. Le preocupaba especialmente que, si no se reduc¨ªan sensiblemente los gastos, las otras dos partes trataran de suprimir los topes de las bases de cotizaci¨®n (actualmente en torno a las 150.000 pesetas), incluso para pagar el nivel universal o b¨¢sico a costa de las empresas.

En su opini¨®n, ser¨ªa socializante suprimir los m¨¢ximos. En la pr¨¢ctica, ello podr¨ªa permitir ampliar el nivel profesional (es decir, restar posibilidades al libre), con cargo a cuotas (el nivel de salarlo garantizado para la vejez es en Espa?a inferior a la media Europa, aunque aqu¨ª se registran irregularidades en su determinaci¨®n). Como hemos dicho, la presi¨®n de las cotizaciones sobre las grandes empresas y las de salarios m¨¢s altos es menor que las de peque?as y medianas. Pero es que, adem¨¢s, los responsables de la CEOE conf¨ªan en generar con el tercer nivel una nueva v¨ªa de ahorro, mediante sistemas de capitalizaci¨®n.

En un contexto de falta de entendimiento e inculpaciones crecientes, cuando faltaba menos de una semana para el 31 de enero, la comisi¨®n tripartita surgida del ANE acord¨® que cada parte presentara el mi¨¦rcoles d¨ªa 27 sus propuestas por escrito, para que los profesores Fuentes Quintana y Barea buscaran el denominador com¨²n. La CEOE mantuvo su documento de 1980. UGT y CC OO hicieron grandes esfuerzos para presentar en dos d¨ªas a sus ejecutivas sus modelos.

El documento de s¨ªntesis interpretaba que el ANE no exige propuestas de reforma, sino de mejora y racionalizaci¨®n, pero propon¨ªa una comisi¨®n de expertos que remitiera las medidas de reforma al Consejo Econ¨®mico y Social previsto en la Constituci¨®n, y elevaba las aspiraciones de reforma a las partes. El papel Fuentes-Barea recog¨ªa hasta 78 medidas distintas, procedentes de los cuatro papeles recibidos (Gobierno, CEOE, CC OO y UGT). Adem¨¢s, para hacer compatible con la evoluci¨®n econ¨®mica la sustituci¨®n de cuotas por aportaciones del Estado, propon¨ªa mantener la actual participaci¨®n de los gastos de la SS en el producto interior bruto (PIB), para lo cual ¨¦stos no deben crecer m¨¢s que el conjunto de los bienes y servicios producidos. Ello permitir¨ªa reducir el porcentaje de cotizaciones sobre PIB del actual 11,2% al 10,1% en 1985, para lo cual las aportaciones del Estado crecer¨ªan por encima de lo previsto en los pactos de la Moncloa.

La tarea result¨® vana. Ahora el ANE da la palabra al Gobierno, que en principio se muestra dispuesto a seguir las formulaciones maeroecon¨®micas citadas, promulgar medidas de mejora y racionalizaci¨®n y nombrar una comisi¨®n de expertos para la reforma de la SS.