Voluntad pol¨ªtica para la reforma

El gran mundo de la Seguridad Social, con su lastre hist¨®rico, complejas estructuras, generalizado alcance, pues nadie es ajeno a ¨¦l, y dosis ideol¨®gicas, del que todo ciudadano est¨¢ legitimado para emitir un juicio cr¨ªtico o una opci¨®n, ha llegado hasta nuestros d¨ªas con toda su impresionante carga pol¨ªtica y econ¨®mica.La realidad actual de la Seguridad Social, coincidente en sus principales problemas en los pa¨ªses con econom¨ªas pr¨®ximas a la de mercado, presenta serios defectos estructurales de cobertura y de financiaci¨®n. Entre los primeros, el crecimiento de la poblaci¨®n pasiva atendida por los sistemas, en el que inciden progresivamente los adelantamientos de las edades de jubilaci¨®n, los est¨ªmulos para la misma que derivan de la inevitable necesidad de reparto del empleo provocada por paro creciente y la mayor esperanza de vida, y todo lo cual, en una palabra, constituye lo que los expertos llaman la explosi¨®n demogr¨¢fica pasiva, adem¨¢s del enorme crecimiento del gasto derivado del mayor consumo sanitario que demanda el creciente nivel de vida; ambos componentes, pensiones y asistencia sanitaria, constituyen cerca del 85% del gasto total en nuestro pa¨ªs. Entre los segundos, el fen¨®meno del paro, que hace disminuir el n¨²mero de cotizantes, cuesti¨®n que en los sistemas montados bajo la t¨¦cnica financiera del reparto, al deteriorar la relaci¨®n activo cotizante-pasivo protegido, debilita claramente la entrada de recursos y se agrava en aquellos pa¨ªses en los que tales cotizaciones tienen un importante peso en el volumen de recursos utilizados, como es el caso de Espa?a, en la que significar¨¢n, en 1982, el 84% de los recursos totales.

Pero hay una cuesti¨®n que el responsable pol¨ªtico no puede ignorar y que adem¨¢s condiciona cualquier decisi¨®n importante en materia de seguridad social, y es la coordinaci¨®n entre las medidas de seguridad social y las de pol¨ªtica de empleo; as¨ª, existen decisiones en un campo que podr¨ªan perjudicar al otro. No se trata de limitarnos al aspecto puramente instrumental o gestor del tema, sino de garantizar que ciertas decisiones pol¨ªticas en materia de recursos de la Seguridad Social no da?en la capacidad de ahorro del pa¨ªs y, en consecuencia, de inversi¨®n creadora de puestos de trabajo, y a la inversa, que una dosis de protecci¨®n excesiva origine un gasto inaccesible o una desviaci¨®n de intenciones desincentivadora y atonizante para el empleo. El equilibrio, ese dif¨ªcil justo medio, es el reto para el pol¨ªtico, aunque la demanda social reclama mayor atenci¨®n para las cuestiones de empleo dentro del mapa de las atenciones sociales que debo atender desde el Ministerio del que soy responsable.

Pero es m¨¢s: cualquier decisi¨®n en materia de pol¨ªtica social integral no se produce en un campo as¨¦ptico, no es un compartimiento estanco en la vida de una naci¨®n, pues se produce en el contexto de una econom¨ªa que ha de soportar el impacto de la toma de los medios econ¨®micos necesarios y de la salida de las prestaciones por v¨ªa del gasto para atender la leg¨ªtima demanda social.

La riqueza real del pa¨ªs enmarca las posibilidades del sistema de protecci¨®n social que se intente llevar a cabo. Por ello, deben corregirse disfuncionalidades del sistema vigente, siempre dentro del marco de un planteamiento responsable, de forma que se respete la participaci¨®n de la Seguridad Social respecto al producto interior bruto (PIB), evitando su deterioro, y persiguiendo una tendencia igualitaria hacia los pa¨ªses de la Europa occidental, con los que hemos de homologarnos.

La aportaci¨®n del Estado, que debe ser inexorablemente creciente, ha de ir de acuerdo tambi¨¦n con las posibilidades de la econom¨ªa, dentro del contexto global del gasto p¨²blico, con la mayor importancia cualitativa, trasladando prioritariamente futuros mayores ingresos fiscales, singularmente los provenientes de la implantaci¨®n pr¨®xima del impuesto sobre el valor a?adido (IVA).

La solidaridad entre los ciudadanos debe significar el trasvase arm¨®nico y posible de recursos sin lesionar derechos ni leg¨ªtimas expectativas, de acuerdo con la capacidad real del ciudadano y de la econom¨ªa.

Una pol¨ªtica de Estado en este campo requiere, inevitablemente, el respeto al equilibrio entre la capacidad econ¨®mica de la comunidad y el consumo de recursos del sistema de la Seguridad Social; de lo contrario, no ser¨ªa una pol¨ªtica de Estado; partiendo de este principio, puedo afirmar que existe voluntad pol¨ªtica de reforma, de desarrollo del art¨ªculo 41 de la Constituci¨®n, de universalizaci¨®n de las prestaciones a medio y largo plazo, de ir a un desarrollo del nivel complementario libre, de aproximarnos a Europa, dirigiendo nuestra Seguridad Social a metas justas y compatibles con nuestras posibilidades reales. Sin duda, esta voluntad requiere un proceso continuo de mejora y racionalizaci¨®n, progresista y gradual, que sea el cauce que lleve a nuestro sistema de Seguridad Social a un final de reforma, como su desembocadura natural, sin traumas, sin dramatismo, pero decidida y constante.

Se sirve mejor a la comunidad desde las opciones reformistas que nacen del Gobierno al que pertenezco; en todo caso, y siendo hombre de partido, considero que desde ¨¦l defender¨¦ siempre que la. Seguridad Social es una cuesti¨®n de Estado y no puede ser manejada ni explotada con fines de antagonismo pol¨ªtico, casi electorero, y al margen de lo que debe ser una responsable actitud electoral de sugerir y someter al pueblo una oferta pol¨ªtica que sea ¨¦tica y econ¨®micamente viable. La reforma de la Seguridad Social, que pretendemos no puede pasar por la dial¨¦ctica de vencedores y vencidos, sino por una actitud integradora de todos los agentes sociales, buscando en todo momento el equilibrio justo entre lo que debe hacerse y puede hacerse en beneficio de todos los ciudadanos.

Santiago Rodr¨ªguez-Miranda es ministro de Trabajo y Seguridad Social.